Carlos Mur, ex alto cargo madrileño imputado por las muertes sin atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia, se ha defendido este martes ante una jueza refiriéndose en varias ocasiones a lo que sabía y ordenó el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha dicho que este conocía que la medicalización no funcionaba y que los protocolos, elaborados por el propio Mur, eran el desarrollo de la idea de medicalizar esos centros, contenida en un plan de Escudero.
Carlos Mur, imputado por supuesta discriminación a las personas mayores de residencias, ha hablado del correo que mandó el 20 de marzo de 2020 alertando de que el plan no funcionaba
Carlos Mur, ex alto cargo madrileño imputado por las muertes sin atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia, se ha defendido este martes ante una jueza refiriéndose en varias ocasiones a lo que sabía y ordenó el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha dicho que este conocía que la medicalización no funcionaba y que los protocolos, elaborados por el propio Mur, eran el desarrollo de la idea de medicalizar esos centros, contenida en un plan de Escudero.
Mur, que era director general en la Consejería de Sanidad, ha dicho que mandó un correo el 20 de marzo de 2020, en el que Escudero y otros cargos madrileños estaban en copia, alertando de que el plan de tratar a los enfermos en las residencias no era factible en ese momento, según ha confirmado él mismo a EL PAÍS. Como contó este diario, Mur envió un email en el que advirtió de que no deseaba que ninguna autoridad cargara en su conciencia con “muertes evitables”. Ese correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y en copia también estaban el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, o la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.
La declaración de Mur es el señalamiento más claro hasta la fecha de una posible responsabilidad de Escudero, quien no está imputado y dejó el cargo en junio de 2023. Hoy es senador y como tal está aforado ante el Tribunal Supremo. Las asociaciones de familias de los fallecidos creen que Mur tiene información suficiente para que un juez solicite que se le investigue a él, a su mano derecha, la viceconsejera Ana Dávila, o incluso a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, no ha hecho esa petición al término de la vista, pero ha destacado como un avance esta sesión. “Hoy por primera vez yo he visto a Carlos Mur comprometido”, ha dicho Jacinto a los periodistas que esperaban en la calle.
Mur es una figura clave en la investigación del caso residencias porque era el encargado de supervisar la atención de la red sanitaria a las residencias de mayores. La de hoy, en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, era la segunda vez que declaraba como imputado. La semana pasada reconoció ante otra jueza de Madrid que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre mayor. De acuerdo con las asociaciones de familias Mur está siendo investigado por ocho jueces distintos, una dispersión que se explica porque las muertes denunciadas se han repartido en múltiples órganos judiciales de la región.
El juzgado no ha podido localizar a otros dos ex altos cargos que estaban citados este martes el médico que redactó esos documentos, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.
La magistrada Purificación Elisa Romero Paredes, titular del juzgado de instrucción 37, investiga una querella presentada por Concha Quirós, cuya madre murió el 14 de marzo de 2020, en la residencia pública de Manoteras, en el noreste de Madrid capital. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era la geriatra del Hospital Ramón y Cajal que se encargaba de aplicar el filtro de los protocolos a Manoteras y otras residencias de su zona de influencia.
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