La campaña callejera contra el acuerdo UE-Mercosur que los agricultores españoles vienen protagonizando de manera continua desde hace al menos quince días está muy lejos de haber terminado; de hecho, acaba de empezar su ‘semana grande’. El pasado miércoles, cuando el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la UE, algo que teóricamente bloquea la entrada en vigor del libre comercio hasta que se pronuncie el tribunal, parecía que esa batalla estaba ganada para el campo, pero rápidamente quedó claro que eso está muy lejos de ser cierto. Apenas unos días después la Comisión Europea amenazó con activar la entente comercial de manera provisional sin esperar al dictamen del TJUE, que podría tardar dos años en llegar en el peor de los casos. Un motivo más para que las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país -Asaja, Coag y UPA- mantengan el calendario de movilizaciones. Hoy un centenar de tractores han recorrido las calles de Valencia y los apicultores han hecho lo propio en Salamanca, unas protestas a las que seguirán otras de menor intensidad -en principio- el martes y el miércoles, hasta culminar en un «super jueves», aseguran desde la organización agraria COAG, en el que están previstas más de 25 manifestaciones y cortes de carretera en distintos puntos de la geografía española, incluyendo Madrid. Solamente el sindicato Unión de Uniones tiene previsto movilizar más de 1.500 tractores y alrededor de 8.000 personas en la gran manifestación del día 29 en la capital , que se promete histórica. Noticia Relacionada opinion No La Tercera: UE-Mercosur: un acuerdo bloqueado Ramón Jáuregui Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifariasUno de los objetivos principales de esta campaña es presionar al Gobierno de España, que ya ha solicitado a Bruselas que no espere a Estrasburgo y active el acuerdo con Mercosur provisionalmente. El Partido Popular, en cambio, ha decidido caminar en sentido contrario y, en un giro de guion sorpresivo, la semana pasada avisó a Bruselas de que no contaría con el voto de sus eurodiputados si no se incluyen medidas para suspender los aranceles en caso de que los precios de determinados productos en Europa se desplomen, entre otras exigencias. Bien es cierto que los eurodiputados del PP español votaron en contra de la moción que mandó el texto al TJUE, pero los de Feijóo lo justifican por el hecho de que esto dejaba a la Eurocámara sin capacidad de maniobra durante varios meses y abría la puerta a que Bruselas pueda aplicar la entente provisionalmente sin que se hayan hecho efectivas las salvaguardias pactadas a inicios de enero. Sea como fuere, la última palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario, que hasta ahora no ha sido muy claro sobre cuáles son sus intenciones. El viernes de la semana pasada, un portavoz del equipo de Von der Leyen aseguró que la decisión aún «no está tomada», aunque unos días antes la presidenta dijo estar «lista» para seguir adelante en cuanto los países del bloque sudamericano inicien el proceso de ratificación. Mercosur copa los titulares en este momento, pero lo cierto es que las organizaciones agrarias han sacado los tractores a la calle por un cúmulo de razones, que van desde el exceso de burocracia a los bajos precios -esta campaña, los cerealistas castellanos han vendido a pérdidas-, aunque despunta entre las causas del malestar agrario el recorte de la Política Agrícola Común (PAC) previsto por Bruselas. En esto último, el sector primario cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde que Bruselas anunciara su plan presupuestario para la próxima PAC (para el período 2028-2034) se ha posicionado en contra del recorte de fondos -que los agricultores estiman en un 20%- y, más importante, de la fusión de las ayudas destinadas al campo en un capítulo presupuestario único que incluirá recursos destinados a otras partidas , en un esquema que da a los Estados miembro mayor margen para decidir si gastan en agricultura o en otras prioridades y elimina los fondos de desarrollo rural como partida distinta y blindada. La campaña callejera contra el acuerdo UE-Mercosur que los agricultores españoles vienen protagonizando de manera continua desde hace al menos quince días está muy lejos de haber terminado; de hecho, acaba de empezar su ‘semana grande’. El pasado miércoles, cuando el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la UE, algo que teóricamente bloquea la entrada en vigor del libre comercio hasta que se pronuncie el tribunal, parecía que esa batalla estaba ganada para el campo, pero rápidamente quedó claro que eso está muy lejos de ser cierto. Apenas unos días después la Comisión Europea amenazó con activar la entente comercial de manera provisional sin esperar al dictamen del TJUE, que podría tardar dos años en llegar en el peor de los casos. Un motivo más para que las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país -Asaja, Coag y UPA- mantengan el calendario de movilizaciones. Hoy un centenar de tractores han recorrido las calles de Valencia y los apicultores han hecho lo propio en Salamanca, unas protestas a las que seguirán otras de menor intensidad -en principio- el martes y el miércoles, hasta culminar en un «super jueves», aseguran desde la organización agraria COAG, en el que están previstas más de 25 manifestaciones y cortes de carretera en distintos puntos de la geografía española, incluyendo Madrid. Solamente el sindicato Unión de Uniones tiene previsto movilizar más de 1.500 tractores y alrededor de 8.000 personas en la gran manifestación del día 29 en la capital , que se promete histórica. Noticia Relacionada opinion No La Tercera: UE-Mercosur: un acuerdo bloqueado Ramón Jáuregui Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifariasUno de los objetivos principales de esta campaña es presionar al Gobierno de España, que ya ha solicitado a Bruselas que no espere a Estrasburgo y active el acuerdo con Mercosur provisionalmente. El Partido Popular, en cambio, ha decidido caminar en sentido contrario y, en un giro de guion sorpresivo, la semana pasada avisó a Bruselas de que no contaría con el voto de sus eurodiputados si no se incluyen medidas para suspender los aranceles en caso de que los precios de determinados productos en Europa se desplomen, entre otras exigencias. Bien es cierto que los eurodiputados del PP español votaron en contra de la moción que mandó el texto al TJUE, pero los de Feijóo lo justifican por el hecho de que esto dejaba a la Eurocámara sin capacidad de maniobra durante varios meses y abría la puerta a que Bruselas pueda aplicar la entente provisionalmente sin que se hayan hecho efectivas las salvaguardias pactadas a inicios de enero. Sea como fuere, la última palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario, que hasta ahora no ha sido muy claro sobre cuáles son sus intenciones. El viernes de la semana pasada, un portavoz del equipo de Von der Leyen aseguró que la decisión aún «no está tomada», aunque unos días antes la presidenta dijo estar «lista» para seguir adelante en cuanto los países del bloque sudamericano inicien el proceso de ratificación. Mercosur copa los titulares en este momento, pero lo cierto es que las organizaciones agrarias han sacado los tractores a la calle por un cúmulo de razones, que van desde el exceso de burocracia a los bajos precios -esta campaña, los cerealistas castellanos han vendido a pérdidas-, aunque despunta entre las causas del malestar agrario el recorte de la Política Agrícola Común (PAC) previsto por Bruselas. En esto último, el sector primario cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde que Bruselas anunciara su plan presupuestario para la próxima PAC (para el período 2028-2034) se ha posicionado en contra del recorte de fondos -que los agricultores estiman en un 20%- y, más importante, de la fusión de las ayudas destinadas al campo en un capítulo presupuestario único que incluirá recursos destinados a otras partidas , en un esquema que da a los Estados miembro mayor margen para decidir si gastan en agricultura o en otras prioridades y elimina los fondos de desarrollo rural como partida distinta y blindada.
Tras más de quince días de movilizaciones continuas por parte de los agricultores españoles, que arrancaron el pasado nueve de enero coincidiendo con la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil) en el … seno del Consejo Europeo, hoy comienza la ‘semana grande’ de las tractoradas, con epicentro en el día 29.
Esta mañana cerca de un centenar de tractores han colapsado el centro de Valencia, una protesta a la que seguirán otras de menor intensidad -en principio- el martes y miércoles, hasta culminar en un «super jueves», aseguran desde la organización agraria COAG, en el que están previstas más de 25 manifestaciones y cortes de carretera en distintos puntos de la geografía española, incluyendo Madrid.
Está por ver el éxito que tiene la convocatoria, que, a diferencia de las que se han ido sucediendo en días anteriores, tiene detrás a las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país: Asaja, COAG y UPA. Sobre la mesa está un cúmulo de reivindicaciones habituales para los agricultores, como son el exceso de burocracia o los bajos precios -esta campaña, los cerealistas castellanos han vendido a pérdidas-, pero dos asuntos despuntan sobre todos los demás: el recorte de la Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo con el bloque sudamericano.
En lo primero, los agricultores cuentan con el apoyo del Gobierno, que desde que la Comisión Europea anunciara su plan presupuestario para la próxima PAC (para el período 2028-2034) ha asegurado estar en contra del ‘recorte’ de fondos -que los agricultores estiman en un 20%- y, más importante, de la fusión de los fondos destinados al campo en un capítulo presupuestario único que incluirá recursos destinados a otras partidas, en un esquema que da a los Estados miembro mayor margen para decidir si gastan en el sector primario o en otras prioridades y elimina los fondos de desarrollo rural como partida distinta y blindada.
Sin embargo, en lo segundo el choque es claro. España se cuenta entre los países que el pasado nueve de enero dieron su ‘ok’ a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para firmar el pacto con la parte sudamericana, acontecimiento que fue el detonante de esta oleada de protestas. Han sido quince días de infarto, en los que ha habido desde un voto en la Eurocámara en el que los partidos más a la derecha y la izquierda, junto a una escisión no poco importante de los grupos que sustentan el gobierno de Von der Leyen, aprobaron una moción para mandar el acuerdo comercial al Tribunal Superior de Justicia de la UE, hasta un cambio de posición del PP en España.
Formalmente los populares apoyan la entente comercial, pero en los últimos días -en pleno ciclo electoral en algunas comunidades autónomas-, los de Feijóo han endurecido sustancialmente su posición, hasta el punto de asegurar que la Comisión no podrá contar con ellos si no se aseguran las cláusulas de salvaguardia pactadas entre el Consejo y la Comisión para proteger a los agricultores frente a importaciones que hundan los precios, si no se incrementan los controles en las fronteras y si no se reduce la carga burocrática sobre el sector.
Los populares españoles en Estrasburgo votaron ‘no’ a la moción para remitir el texto al TJUE, ya que esto bloque la ratificación del texto en el Parlamento durante varios meses y, según los de Feijóo, abre la puerta a que Bruselas puede aplicar la entente provisionalmente sin que el legislativo puede hacer efectivas las cláusulas de salvaguardia pactadas a inicios de enero, y que permitieron el apoyo clave de Italia. Sea como fuere, a pesar de esto, desde el PP aseguran que mantienen su oposición a la aplicación provisional del acuerdo, si no incluye las nuevas cláusulas de salvaguardia.
Mientras esto ocurre, desde el Gobierno se inclinan por la aplicación provisional de la liberalización comercial, sin pasar por el Parlamento Europeo. En estos momentos, la decisión depende del ejecutivo comunitario, que hasta ahora no ha sido muy claro sobre cuáles son sus intenciones. El viernes de la semana pasada, un portavoz del equipo de Von der Leyen aseguró que la decisión aún «no está tomada», pero unos días antes la presidenta aseguró estar «lista» para seguri adelante en cuanto los países del bloque sudamericano iniciaran el proceso para empezar a aplicar la liberalización arancelaria.
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