Cambio de tono en la estrategia del expresidente catalán Carles Puigdemont para reclamar una mayor celeridad en la aplicación plena de la ley de amnistía. El relato se quiere fijar ahora en las consecuencias económicas que puede tener para España no agilizar el perdón judicial de los encausados por el procés. La demanda de una posible reclamación compensatoria aflora tras haber denunciado ante la Comisión Europea las trabas que pone el Tribunal de Cuentas al carpetazo de la causa relacionada con la procedencia del dinero que se gastó para financiar el desafío independentista y el intento de referéndum de 2017. En ese escrito de denuncia presentado en Bruselas, Gonzalo Boye, que también actúa en representación de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, ya advierte al Tribunal Supremo de que tendrá que hacer frente a una indemnización por daños y perjuicios si persevera en demorar la amnistía a los políticos independentistas.
El expresidente catalán y su abogado lanzan mensajes al Tribunal Supremo sobre los costes que puede acarrear retrasar la amnistía
El expresidente catalán y su abogado lanzan mensajes al Tribunal Supremo sobre los costes que puede acarrear retrasar la amnistía
Cambio de tono en la estrategia del expresidente catalán Carles Puigdemont para reclamar una mayor celeridad en la aplicación plena de la ley de amnistía. El relato se quiere fijar ahora en las consecuencias económicas que puede tener para España no agilizar el perdón judicial de los encausados por el procés. La demanda de una posible reclamación compensatoria aflora tras haber denunciado ante la Comisión Europea las trabas que pone el Tribunal de Cuentas al carpetazo de la causa relacionada con la procedencia del dinero que se gastó para financiar el desafío independentista y el intento de referéndum de 2017. En ese escrito de denuncia presentado en Bruselas, Gonzalo Boye, que también actúa en representación de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, ya advierte al Tribunal Supremo de que tendrá que hacer frente a una indemnización por daños y perjuicios si persevera en demorar la amnistía a los políticos independentistas.
El gancho del que cuelga la pretensión es el precedente que marcó el caso Köbler, en alusión a la demanda que interpuso un profesor universitario de Austria y que la justicia europea resolvió dictaminando que un Estado miembro “es responsable de los daños causados a un particular por una violación del Derecho comunitario imputable a un órgano jurisdiccional supremo”.
Para reprender la inacción del Tribunal de Cuentas con la amnistía, Carles Puigdemont publicó este miércoles un escrito en sus redes sociales donde avisaba que, más allá del efecto que pueda tener para su situación personal, demorar el perdón judicial en este caso implica un riesgo económico para España. “Parece que en medio de la orgía nacionalista que ha provocado el fútbol, el Tribunal de Cuentas se ha animado y ha pedido que le sujeten el cubata para demostrar que se atreve a desafiar la más alta magistratura europea”. Y recordaba que algo así ya se intentó en Hungría y en Polonia, “con el resultado conocido por todo el mundo”.
El expresidente catalán aludía al proceso sancionatorio afrontado por ambos países, Hungría dejó de cobrar 1.000 millones de euros, por voluntad expresa de las autoridades de la UE de que ni un euro de los fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. “España es la única gran economía que aún cobra de Europa”, señalaba el escrito del expresident.
Con la misma idea de atacar el flanco económico, Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye impulsan la denuncia en la Comisión Europea para que la institución comunitaria inste a España a agilizar la amnistía y, si procede, imponga las sanciones pertinentes. El escrito recoge como argumento el precedente judicial que marcó el caso Köbler. Se refiere a la demanda que presentó el catedrático de Innsbruck Gerhard Köbler para que Austria le reconociera un complemento salarial por antigüedad. Para cobrarlo, la norma del país exigía quince años de docencia acumulada en universidades austriacas, requisito que él solo cumplía si se computaba toda su trayectoria de profesor en otros países de la UE. La resolución judicial no concretó una indemnización para el profesor Köbler pero el Tribunal de Justicia Europeo sí fijó en esa sentencia unos principios que, según el entorno de Puigdemont, “se adaptan como un guante” a la situación judicial que afecta al expresidente catalán.
Esa sentencia especificó que los tratados comunitarios imponen a los Estados miembros “la indemnización de los daños causados a los particulares debido a violaciones del Derecho comunitario que les son imputables, independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro causante del perjuicio”.
Y, con vistas a lo que pueda acontecer próximamente en el Tribunal Supremo en relación con la amnistía, en la denuncia presentada en Bruselas por los políticos independentistas se subraya que hay una puerta abierta de par en par para reclamar indemnización. El argumento que da la justicia europea para que se genere “responsabilidad del Estado por violaciones del derecho comunitario” es que un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia haya violado, “de manera suficientemente caracterizada”, una norma que confiere derechos a los particulares. “Veremos cómo acaba”, manifiesta Puigdemont en la reflexión que conserva colgada en sus redes sociales.
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