Las guerras son siempre nido de paradojas, pero las de la invasión rusa de Ucrania son particularmente grandes. La Unión Europea cortó amarras con el petróleo procedente de Moscú a finales de 2022, medio año después del inicio de la ofensiva, con un veto de las compras propias que secundó el resto de miembros del G-7. Un par de meses antes, en septiembre, el Gobierno alemán tomó el control de las refinerías del coloso ruso Rosneft —sancionadasan por la Administración estadounidense el miércoles— en el país, con una nacionalización de facto. Pasos lógicos, ambos, para elevar la presión sobre el agresor, harto dependiente de las exportaciones de crudo y gas.
Tres años y medio después del inicio de la guerra, la petrolera aún cuenta con instalaciones propias en Bulgaria y Rumania, y participa en otra en Países Bajos
Las guerras son siempre nido de paradojas, pero las de la invasión rusa de Ucrania son particularmente grandes. La Unión Europea cortó amarras con el petróleo procedente de Moscú a finales de 2022, medio año después del inicio de la ofensiva, con un veto de las compras propias que secundó el resto de miembros del G-7. Un par de meses antes, en septiembre, el Gobierno alemán tomó el control de las refinerías del coloso ruso Rosneft —sancionadasan por la Administración estadounidense el miércoles— en el país, con una nacionalización de facto. Pasos lógicos, ambos, para elevar la presión sobre el agresor, harto dependiente de las exportaciones de crudo y gas.
Todavía hoy, sin embargo, otro gran nombre del sector fósil ruso, la también sancionada Lukoil, continúa operando importantes instalaciones energéticas en varios países de la Unión. La mayor y más moderna refinería de Bulgaria (y de los Balcanes), Neftohim Burgas, sigue bajo su paraguas. También la tercera mayor de Rumania, Petrotel. Y cuenta, aún, con una participación del 45% en otra instalación ubicada en el corazón del continente: la de Zeeland, en Países Bajos, que comparte con la francesa TotalEnergies. Inversiones que figuran, todas ellas, en el último informe de sostenibilidad de la firma rusa, recién actualizado y que ha sido consultado por este diario.
A esos activos hay que sumar, además, varios terminales petroleras en cuyo capital participa y centenares de estaciones de servicio que siguen suministrando gasolina y diésel bajo la enseña de Lukoil en varios países de la UE. Entre ellos, en la propia Bulgaria e incluso en Bélgica, donde opera en régimen de franquicia, de la mano de socios locales.
Ninguno de estos países optó por ―como sí hicieron Alemania e Italia― obligar a estas petroleras a deshacerse de sus activos. El segundo caso es particularmente ilustrativo: tras meses de presión, en la primavera de 2023 Lukoil acabó vendiendo la quinta refinería del país, la siciliana ISAB, a una firma europea respaldada por el gigante singapurense de las materias primas Trafigura. La operación recibió, claro, la aquiescencia ―y el aplauso aliviado― del Ejecutivo de Giorgia Meloni.
“Es una situación bastante llamativa, pero se debe principalmente a la naturaleza de las sanciones impuestas hasta ahora en la UE, más dirigidas a [frenar] la importación de crudo ruso que a la nacionalización de activos propiedad de empresas rusas”, apunta por correo electrónico Michal Paszkowski, analista sénior del centrode estudios polaco Institute of Central Europe. También a un “enfoque cauteloso” de los Gobiernos ―“limitados por la falta de base legal para una nacionalización directa”― y a la obvia reticencia de las propias empresas rusas a desprenderse de sus activos en suelo europeo.
Lukoil, explica Martin Vladimirov, director de la práctica de Energía del Centro para el Estudio de la Democracia, con sede en Sofía, “había conseguido hasta ahora mantenerse fuera del foco público, asegurando su influencia en países de la UE donde es un actor relevante y consiguiendo que algunos gobiernos presionaran [en Bruselas] para evitar sanciones contra ella y exagerando las posibles consecuencias sobre la seguridad de suministro”.
Alemania e Italia, subraya Paszkowski, actuaron con premura arrastrados por la “importancia estratégica” de esas refinerías y el “riesgo de disrupción” en el abastecimiento de carburantes. “En contraste, Rumania, Bulgaria y Países Bajos han sido más precavidos, en parte por las restricciones legales y constitucionales que hacen más difícil una intervención directa del Estado o su expropiación”.
Ambos analistas creen, sin embargo, que las cortapisas recién impuestas por la Casa Blanca cambiarán el rumbo. Las autoridades de esos países, esboza Paszkowski, se verán empujadas a “buscar mecanismos legales para transferir el control o la propiedad a entidades no rusas”. Vladimirov va un paso más allá: “Las sanciones van a obligar a la venta del 45% de Lukoil en Zeeland, y Rumania y Bulgaria probablemente pongan bajo control del Estado sus refinerías”.
Bulgaria al fin mueve ficha
El anuncio, el miércoles por la noche, de potentes sanciones estadounidenses sobre Rosneft y Lukoil para sentar a Vladímir Putin en la mesa negociadora sí tiene muchos visos de acelerar una retirada que ya va con mucho retraso. Y a la que también acaban de urgir, también con gran demora, las dos mayores potencias europeas, Francia y Alemania.
“Se deberían considerar pasos adicionales, en particular incluir a grandes petroleras como Lukoil o Litasco [su brazo comercial] para imponer la máxima presión sobre la capacidad de Moscú de exportar su petróleo”, sostenía un documento de trabajo que ambos países hicieron circular en Bruselas a principios de septiembre y al que tuvo acceso EL PAÍS. Lukoil no solo es la segunda mayor petrolera privada rusa, sino que mantiene estrechos vínculos con el Kremlin desde hace décadas. Y su filial Litasco acaba de ser señalada por el Consejo Europeo como un “elemento destacado” de la flota rusa en la sombra, una pieza clave en el engranaje diseñado por Moscú para eludir las trabas occidentales.
Horas después de que el Departamento del Tesoro anunciase el miércoles su disposición a castigar a Lukoil, una medida que prácticamente le excluye de los canales financieros internacionales, las autoridades búlgaras se han dado de plazo hasta el 21 de noviembre para tomar una decisión en firme sobre el futuro de Neftohim.
Las opciones posibles son básicamente tres: vender la refinería (como ya hizo Lukoil en Italia), ponerla bajo control público (como ha ocurrido con los activos de Rosneft en Alemania) o cerrarla. Esta última alternativa no es viable, por su papel clave en el mercado interno de carburantes. “Debe seguir funcionando”, ha reconocido el primer ministro del país, el conservador Rosen Zhelyazkov.
Aunque el Ejecutivo búlgaro insiste en que el suministro de carburantes está garantizado, su prudencia es directamente proporcional al riesgo que supondría quedarse sin el principal centro de procesamiento de carburantes del país. El Parlamento ya ha exigido que el servicio nacional de seguridad y contraespionaje dé su visto bueno a cualquier operación de venta de Neftohim.
Hungría y Eslovaquia
A las refinerías en manos rusas se suman otras que, aunque propiedad de empresas comunitarias, aún dependen casi íntegramente del crudo comprado al gigante euroasiático para continuar operando. Es el caso de las instalaciones que regenta la húngara MOL y su filial eslovaca Slovnaft, a las que Lukoil continúa suministrando importantes volúmenes de crudo por oleoducto. Son los únicos países de los Veintisiete que, pese a las sanciones, se han negado a dejar de comprar petróleo de esa procedencia.
Sin tapujos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán ―el principal puntal de Putin en la UE junto con el eslovaco Robert Fico―, ha reconocido este viernes, en una entrevista en la cadena de radio Kossuth, que su Gobierno “ya trabaja” en fórmulas “para eludir las sanciones” estadounidenses sobre Rosneft y Lukoil.
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