El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sumado otra absolución en la Audiencia Nacional. Esta vez, ha quedado exonerado en la pieza 29 relativa al denominado ‘proyecto Grass’, en el que se le acusaba de haber asumido el encargo de un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. En esta nueva sentencia, los magistrados le absuelven de hasta tres delitos: cohecho, descubrimiento y revelación de secretos particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía pedía para él una pena de 12 años de prisión.
La Fiscalía pedía para el exagente una pena de 12 años de prisión por el denominado ‘proyecto Grass’
La Fiscalía pedía para el exagente una pena de 12 años de prisión por el denominado ‘proyecto Grass’
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sumado otra absolución en la Audiencia Nacional. Esta vez, ha quedado exonerado en la pieza 29 relativa al denominado ‘proyecto Grass’, en el que se le acusaba haber asumido el encargo de un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. En esta nueva sentencia, los magistrados le absuelven de hasta tres delitos: cohecho, descubrimiento y revelación de secretos particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía pedía para él una pena de 12 años de prisión.
La Audiencia Nacional concluye que en este caso “no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales” que puedan suponer una actuación irregular por parte del comisario jubilado. Los magistrados inciden en que no consta intervención policial alguna “ni la utilización de recursos públicos en este caso”. “Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello”, subrayan.
En esta ocasión, al igual que Villarejo, también han resultado absueltos su socio Rafael Redondo y el empresario inmobiliario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo a Villarejo y a Redondo. La Fiscalía pedía cuatro años y medio de cárcel para el primero y siete años de prisión para el segundo, ambos por delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Desde que estallara el caso Tándem en 2017, Villarejo acumula tres sentencias en contra: una de 13 años de cárcel, otra de 8 años y otra de 3 años. Sin embargo, permanece en libertad, toda vez que ninguna de las resoluciones es firme. Con todo, ha logrado frenar buena parte de las pretensiones de la Fiscalía Anticorrupción: ha sido absuelto en dos juicios, ha tumbado el delito de cohecho en cuatro y las penas decretadas contra él (ese total de 24 años de prisión) quedan lejos de las solicitadas inicialmente por el ministerio público (cerca de 200 años).
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