El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía información detallada de la actuación policial del pasado domingo en la ciudad de Valencia, cuando una profesora jubilada que participaba en una de las protestas educativas que tienen lugar desde el pasado 11 de mayo, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo de seguridad.
La institución reclama a la Dirección General un informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse por esta actuación
La institución reclama a la Dirección General un informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse por esta actuación
El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía información detallada de la actuación policial del pasado domingo en la ciudad de Valencia, cuando una profesora jubilada que participaba en una de las protestas educativas que tienen lugar desde el pasado 11 de mayo, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo de seguridad.
La institución explica en un comunicado que “a través de videos difundidos por los medios de comunicación” ha tenido conocimiento de los incidentes del domingo, cuando un grupo de docentes en huelga desde hace semanas se manifestaba en defensa de la educación pública cerca de la Consejería valenciana de Educación y una asistente a la concentración fue empujada fuertemente por la espalda por un agente, “sufriendo lesiones tras golpearse contra el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad”. El Defensor sugiere que, tras la observación de las imágenes, “pareciera que se utilizó la fuerza de manera desproporcionada”.
El Defensor recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales: además de tener que ser proporcionada, para hacer uso de ella ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.
Por ello, la institución reclama a la Dirección General de la Policía un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anunció a las horas la apertura de una investigación de los hechos y el inicio de un expediente al agente que empujó a la docente. La condena por la acción llegaron desde el ámbito de la educación y la política.
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