El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que, además de aportar nueva documentación a la causa en la que está imputado, denuncia que “los representantes” de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, la entidad pública que gestionó el préstamo de 53 millones de euros bajo sospecha) le han exigido “la renuncia irrevocable” a su derechos como accionista en Sky Solutions SL, la sociedad que tiene el 51% de las acciones de la aerolínea.
Fuentes cercanas a la negociación entre Martínez Sola y la sociedad pública señalan que esta actuó en defensa de la reputación y viabilidad de la compañía porque sus máximos responsables estaban señalados por supuesto blanqueo de capitales
El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que, además de aportar nueva documentación a la causa en la que está imputado, denuncia que “los representantes” de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, la entidad pública que gestionó el préstamo de 53 millones de euros bajo sospecha) le han exigido “la renuncia irrevocable” a su derechos como accionista en Sky Solutions SL, la sociedad que tiene el 51% de las acciones de la aerolínea.
Martínez Sola, que atribuye está exigencia a “la colaboración con esta investigación” iniciada por el exdirectivo de la compañía el pasado julio, asegura que la SEPI condicionó “seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el contrato de asistencia financiera” por el que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE, creado por el Gobierno para sostener al tejido empresarial más resentido por la pandemia de la covid) a esa renuncia.
“En aras de proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores”, el señor Martínez Sola accedió a la firma de la escritura” por la que cedía el control de la compañía al empresario Jorge Hugo Castaño Vega, recoge el escrito presentado por la defensa de Martínez Sola. Sin embargo, en la escritura en la que hace la cesión —que él mismo ha incorporado a la causa—, Martínez Sola no hace alusión a los supuestos motivos de su decisión.
Fuentes cercanas a las negociaciones entre la SEPI y el expresidente de Plus Ultra explican que se pidió la desvinculación del ejecutivo de la gestión y también del accionariado de la compañía aérea el pasado mes de junio. La SEPI actuó, añaden las mismas fuentes, en defensa de la reputación y viabilidad de una compañía cuyos máximos responsables ya habían sido señalados en diciembre en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de capitales. La acción de la SEPI, de la que depende el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que ofreció el rescate financiero de 53 millones a Plus Ultra durante la pandemia, buscó garantizar que la aerolínea seguiría en pie y con fortaleza para devolver los créditos participativo y ordinario. El pasado mes de marzo Plus Ultra reclamó un aplazamiento en el primer hito de amortización por el hundimiento de sus resultados debido a la crisis del petróleo.
Tras ello, el FASEE y la empresa negocian un nuevo calendario de pagos sujeto a un plan de viabilidad. Martínez Sola defiende en su escrito a la Audiencia Nacional que la presión de la SEPI se enmarca en su colaboración con la justicia para esclarecer las condiciones en que Plus Ultra obtuvo crédito público. Otras fuentes consultadas señalan que la relación entre las partes se hizo insostenible cuando el fundador de Plus Ultra reconoció pagos de comisiones al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Martínez Sola y otro de los exdirectivos de Plus Ultra investigados, el exdirector financiero Roberto Roselli, dieron el pasado julio un giro a su estrategia de defensa al entregar sendos escritos en los que admitían el supuesto pago de una comisión de más de medio millón de euros. Sola y Roselli, que en su primera comparecencia ante el juez el pasado diciembre se habían negado a declarar, ratificaron estos escritos cuando acudieron por segunda vez a la Audiencia Nacional a comienzos de septiembre. En aquellos escritos, ambos hicieron una detallada cronología desde que Plus Ultra entró en una grave crisis financiera en 2020 por las restricciones de movilidad por la covid-19 hasta que consiguió la ayuda financiera del Estado para sobrevivir.
Martínez Sola y Roselli justificaron en esta situación financiera ”desesperada” la decisión de recurrir a la consultora Análisis Relevante, administrada por el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. También que en la dirección de la compañía “se asumió que Plus Ultra debía contratar con el señor Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el señor Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron ‘de acompañamiento”.
El expresidente de Plus Ultra detalló que el primer contacto que tuvo él con el exlíder del PSOE fue a instancia del empresario venezolano Manuel Fajardo, considerado el hombre de Zapatero en este país sudamericano. Según detallaba en el escrito, Fajardo le dijo que “el expresidente del Gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero podría ayudarle” para obtener financiación para salvar de la crisis a la aerolínea. Al día siguiente, 30 de abril de 2020, recibió una llamada desde un número oculto. Era el exlíder socialista. En esta conversación, de unos 10 minutos, Martínez Sola explicó al exdirigente del PSOE la difícil situación financiera que atravesaba su compañía. Siempre según el relato del empresario, Zapatero le manifestó entonces que “su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. También que, a partir de ese momento, las “comunicaciones” las tendría con una persona que describió como “de su confianza” y que era Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, la empresa en el epicentro de las sospechas de la red de influencias.
