El lunes 15 de septiembre comenzó un juicio que ha concluido este miércoles 21 de enero, una semana antes de lo previsto, para intentar dirimir una presunta madeja de corrupción en la adjudicación de licencias para construir parques eólicos en Castilla y León, altos cargos de la Junta mediante, bajo el nombre de ‘Trama Eólica’. Hasta 84 testigos y 19 peritos han desfilado ante el juez, que en la última sesión ha reconocido un proceso “tedioso”, en una causa que examina la culpabilidad o inocencia de 11 acusados de los 16 iniciales, con tres exonerados durante el proceso, otro fallecido y otro inhabilitado por enfermedad, bajo peticiones de penas totales de 116 años de cárcel y 648 millones de euros. Los hechos sucedieron entre 2003 y 2011 y se consideran posibles delitos de prevaricación contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, extorsión y tráfico de influencias. El gran señalado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, se proclama inocente pese a múltiples voces arrogándole la exigencia de comisiones para bendecir los proyectos.
El exviceconsejero Rafael Delgado insiste en su inocencia tras 43 sesiones y peticiones de penas de 116 años de cárcel y 648 millones de euros a 11 acusados
El lunes 15 de septiembre comenzó un juicio que ha concluido este miércoles 21 de enero, una semana antes de lo previsto, para intentar dirimir una presunta madeja de corrupción en la adjudicación de licencias para construir parques eólicos en Castilla y León, altos cargos de la Junta mediante, bajo el nombre de ‘Trama Eólica’. Hasta 84 testigos y 19 peritos han desfilado ante el juez, que en la última sesión ha reconocido un proceso “tedioso”, en una causa que examina la culpabilidad o inocencia de 11 acusados de los 16 iniciales, con tres exonerados durante el proceso, otro fallecido y otro inhabilitado por enfermedad, bajo peticiones de penas totales de 116 años de cárcel y 648 millones de euros. Los hechos sucedieron entre 2003 y 2011 y se consideran posibles delitos de prevaricación contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, extorsión y tráfico de influencias. El gran señalado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, se proclama inocente pese a múltiples voces arrogándole la exigencia de comisiones para bendecir los proyectos.
El fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, pronunció el pasado 8 de enero su balance de lo acontecido durante tantas jornadas en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se estudia el caso. El representante del Ministerio Público explicó con rotundidad que en la comunidad “se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia por los que funciona el mercado eléctrico”, establecidos por la legislación estatal. También se quebrantaron las normas autonómicas, adujo, pues en abril de 2004 el entonces viceconsejero de Economía, para quien se reclaman 42 años de prisión y 239 millones de sanción, aplicó una avocación, que supone que los servicios territoriales, encargados de autorizar o no los parques eólicos, remitieran esa competencia a una entidad superior, el departamento de Delgado. Herranz también describió cómo este trazó un sistema de sociedades en Suiza en connivencia con el directivo de Iberdrola Ricardo Bravo, lo cual probaría la alianza entre la hidroeléctrica y el alto cargo. Delgado era “quien con su voluntad libérrima decidía qué parques se autorizaban y cuáles no, en una clara prevaricación continua por tomar decisiones injustas”.
El fiscal también ha desestimado los argumentos de Delgado, quien aseguró que el responsable de la trama era el exconsejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, también hombre de confianza del entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP). Villanueva falleció por motivos naturales en 2017, a los 64 años, al día siguiente de que le encontraran 83 cuentas en Suiza. Este argumento, según el acusador, es una “mera excusa” porque no han aparecido más voces o documentos que incriminen a Villanueva. El escrito del fiscal Anticorrupción, al que accedió EL PAÍS antes del juicio, desgranaba cómo los políticos urdieron el plan desde que en 2003 se atribuyeron la capacidad para manejar las licencias y después obligar, según se les imputa, a que las grandes empresas interesadas se aliaran con pequeñas compañías autonómicas cuyos jefes también están acusados.
A los promotores se les exigía “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización”. La participación rondaba el 40% del total y conllevaba que las pequeñas compañías locales compraran participaciones a precios bajos y, logrado el permiso e inflada su valía, las revendieran por mucho más. Delgado, según la Abogacía del Estado, ganaba 53.000 euros anuales en la Junta pero comenzó a obtener ingresos “muy llamativos” de sociedades sin actividad ni empleados ni clientes mediante “facturas falsas”, adquiriendo con ellos inmuebles, coches de alta gama o una televisión de 20.000 euros. Según Anticorrupción, gozaba de “bienes y dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos por su trabajo en la Junta ni su actividad posterior y deben atribuirse a la actividad ilícita”.
La defensa de Delgado, quien en su derecho a última palabra ha reiterado su inocencia, ha intentado protegerlo alegando que todo dependió “siempre” del consejero fallecido y que han existido “anomalías procesales” sobre su cliente, que no ha cometido “ningún tipo de delito” y que esos eventuales delitos habrían prescrito: la Fiscalía presentó su querella en abril de 2017 sobre supuestos hechos entre 2003 y 2011, cuando Delgado era hombre fuerte en Economía. La apertura de juicio se ordenó en noviembre de 2021, tras comenzar a investigar Anticorrupción en 2015 y dirigirse al juzgado en 2017. El exviceconsejero ha contado durante estos meses de juicio con testimonios adversos como el del inversor independiente Gregorio Álvarez, alegando que Delgado “repartía el bacalao” y que el procedimiento de asignación cambió en 2003, cuando se achaca al político que adulterara ilícitamente el mecanismo.
“Me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”, lamentó Álvarez, añadiendo que se primaba a quienes se conchababan con los empresarios locales afines a la consejería. Entre estos casos sobresale el del acusado Alberto Esgueva, quien creó una sociedad junto a Iberdrola aportando 24.000 euros y en cuanto fue aprobado el parque eólico vendió su parte por 47 millones. La Fiscalía definió como “beneficio completamente desproporcionado” movimientos como este, “carentes de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial”, apostillando que entidades como Iberdrola “no necesitaban en absoluto ese auxilio”. A Esgueva le piden 12 años de cárcel y 68 millones de multa.
Las citaciones se han sucedido en periodo preelectoral en Castilla y León, con elecciones confirmadas para el 15 de marzo. La ‘Trama Eólica’, que salpica a la Junta, se une al caso ‘Perla Negra’, donde hubo sobrecostes de 20 millones en la compra de una parcela y de un edificio público de la Junta en Valladolid con la misma cúpula de Economía. Delgado fue condenado a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa. La también exviceconsejera Begoña Hernández fue también sentenciada a dos años y dos meses de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. Juan Vicente Herrera declaró entonces como testigo y se desligó de la causa pese a que un alto cargo también del PP le avisó de que los costes eran “disparatados”.
