Hay documentos oficiales que dicen más por lo que dan por inevitable que por lo que prometen conseguir. El nuevo ‘Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2026-2030’ pertenece a esa categoría. Mientras el Gobierno presenta la inmigración como una de las grandes respuestas al envejecimiento demográfico, la escasez de mano de obra y la sostenibilidad del Estado del bienestar, sus propias previsiones contienen una confesión llamativa: incluso si todo sale según lo previsto, cuatro de cada diez extranjeros seguirán en riesgo de pobreza o exclusión social al final de la década. La cifra merece una reflexión. No porque la pobreza sea una característica de la inmigración –que no lo es–, sino porque el propio Ejecutivo parece asumir que una parte muy importante de quienes llegan no alcanzará una integración económica suficiente. En otras palabras, el objetivo ya no parece ser eliminar la vulnerabilidad, sino administrarla .El debate migratorio en España tiende a quedar atrapado en la caricatura. Un sector reduce la inmigración a un problema de orden público. Otro la presenta como una solución para todos los desequilibrios del país. Ninguna de las dos resiste el contraste con la realidad. España necesita inmigración si no quiere que su modelo colapse. Su mercado laboral, su pirámide demográfica y su sistema de pensiones difícilmente podrán sostenerse sin una aportación significativa de trabajadores extranjeros. Pero de ahí no se deduce que cualquier política migratoria sea acertada, que no haya que hacer reformas al sistema de bienestar ni que toda integración se produzca de manera espontánea. La experiencia internacional demuestra lo contrario: la cantidad importa, pero la calidad institucional de la integración importa tanto o más.Si dentro de cuatro años el 42% de la población inmigrante continúa en riesgo de exclusión, estaremos ante un problema que trasciende a los propios inmigrantes. Será un desafío para las cuentas públicas, para el mercado de la vivienda, para la escuela, para la sanidad y para la cohesión social. Una sociedad donde una parte tan numerosa de la población permanece atrapada en empleos precarios o en situaciones de vulnerabilidad difícilmente puede considerarse integrada.Resulta paradójico que esta previsión llegue precisamente después de la mayor regularización de la historia reciente. El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta de integración. Sin embargo, su propio plan estratégico parece admitir que la regularización administrativa no garantiza la integración económica . Son dos cosas distintas. Obtener un permiso de residencia es un punto de partida; acceder a un empleo estable, dominar el idioma, progresar profesionalmente y dejar atrás la pobreza constituye un proceso más complejo.Quizá el problema sea otro. Se ha hablado mucho del número de personas que llegan y muy poco del tipo de integración que se pretende construir . Los documentos oficiales suelen escribirse para transmitir confianza. Este, sin embargo, deja escapar una verdad incómoda. Cuando un Gobierno diseña una política pública aceptando desde el principio que casi la mitad de sus destinatarios seguirá siendo pobre al cabo de cinco años, no está describiendo únicamente un problema social. Está proclamando su irresponsabilidad. ● Hay documentos oficiales que dicen más por lo que dan por inevitable que por lo que prometen conseguir. El nuevo ‘Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2026-2030’ pertenece a esa categoría. Mientras el Gobierno presenta la inmigración como una de las grandes respuestas al envejecimiento demográfico, la escasez de mano de obra y la sostenibilidad del Estado del bienestar, sus propias previsiones contienen una confesión llamativa: incluso si todo sale según lo previsto, cuatro de cada diez extranjeros seguirán en riesgo de pobreza o exclusión social al final de la década. La cifra merece una reflexión. No porque la pobreza sea una característica de la inmigración –que no lo es–, sino porque el propio Ejecutivo parece asumir que una parte muy importante de quienes llegan no alcanzará una integración económica suficiente. En otras palabras, el objetivo ya no parece ser eliminar la vulnerabilidad, sino administrarla .El debate migratorio en España tiende a quedar atrapado en la caricatura. Un sector reduce la inmigración a un problema de orden público. Otro la presenta como una solución para todos los desequilibrios del país. Ninguna de las dos resiste el contraste con la realidad. España necesita inmigración si no quiere que su modelo colapse. Su mercado laboral, su pirámide demográfica y su sistema de pensiones difícilmente podrán sostenerse sin una aportación significativa de trabajadores extranjeros. Pero de ahí no se deduce que cualquier política migratoria sea acertada, que no haya que hacer reformas al sistema de bienestar ni que toda integración se produzca de manera espontánea. La experiencia internacional demuestra lo contrario: la cantidad importa, pero la calidad institucional de la integración importa tanto o más.Si dentro de cuatro años el 42% de la población inmigrante continúa en riesgo de exclusión, estaremos ante un problema que trasciende a los propios inmigrantes. Será un desafío para las cuentas públicas, para el mercado de la vivienda, para la escuela, para la sanidad y para la cohesión social. Una sociedad donde una parte tan numerosa de la población permanece atrapada en empleos precarios o en situaciones de vulnerabilidad difícilmente puede considerarse integrada.Resulta paradójico que esta previsión llegue precisamente después de la mayor regularización de la historia reciente. El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta de integración. Sin embargo, su propio plan estratégico parece admitir que la regularización administrativa no garantiza la integración económica . Son dos cosas distintas. Obtener un permiso de residencia es un punto de partida; acceder a un empleo estable, dominar el idioma, progresar profesionalmente y dejar atrás la pobreza constituye un proceso más complejo.Quizá el problema sea otro. Se ha hablado mucho del número de personas que llegan y muy poco del tipo de integración que se pretende construir . Los documentos oficiales suelen escribirse para transmitir confianza. Este, sin embargo, deja escapar una verdad incómoda. Cuando un Gobierno diseña una política pública aceptando desde el principio que casi la mitad de sus destinatarios seguirá siendo pobre al cabo de cinco años, no está describiendo únicamente un problema social. Está proclamando su irresponsabilidad. ●
Hay documentos oficiales que dicen más por lo que dan por inevitable que por lo que prometen conseguir. El nuevo ‘Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2026-2030’ pertenece a esa categoría. Mientras el Gobierno presenta la inmigración como una de las grandes respuestas al … envejecimiento demográfico, la escasez de mano de obra y la sostenibilidad del Estado del bienestar, sus propias previsiones contienen una confesión llamativa: incluso si todo sale según lo previsto, cuatro de cada diez extranjeros seguirán en riesgo de pobreza o exclusión social al final de la década. La cifra merece una reflexión. No porque la pobreza sea una característica de la inmigración –que no lo es–, sino porque el propio Ejecutivo parece asumir que una parte muy importante de quienes llegan no alcanzará una integración económica suficiente. En otras palabras, el objetivo ya no parece ser eliminar la vulnerabilidad, sino administrarla.
El debate migratorio en España tiende a quedar atrapado en la caricatura. Un sector reduce la inmigración a un problema de orden público. Otro la presenta como una solución para todos los desequilibrios del país. Ninguna de las dos resiste el contraste con la realidad. España necesita inmigración si no quiere que su modelo colapse. Su mercado laboral, su pirámide demográfica y su sistema de pensiones difícilmente podrán sostenerse sin una aportación significativa de trabajadores extranjeros. Pero de ahí no se deduce que cualquier política migratoria sea acertada, que no haya que hacer reformas al sistema de bienestar ni que toda integración se produzca de manera espontánea. La experiencia internacional demuestra lo contrario: la cantidad importa, pero la calidad institucional de la integración importa tanto o más.
Si dentro de cuatro años el 42% de la población inmigrante continúa en riesgo de exclusión, estaremos ante un problema que trasciende a los propios inmigrantes. Será un desafío para las cuentas públicas, para el mercado de la vivienda, para la escuela, para la sanidad y para la cohesión social. Una sociedad donde una parte tan numerosa de la población permanece atrapada en empleos precarios o en situaciones de vulnerabilidad difícilmente puede considerarse integrada.
Resulta paradójico que esta previsión llegue precisamente después de la mayor regularización de la historia reciente. El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta de integración. Sin embargo, su propio plan estratégico parece admitir que la regularización administrativa no garantiza la integración económica. Son dos cosas distintas. Obtener un permiso de residencia es un punto de partida; acceder a un empleo estable, dominar el idioma, progresar profesionalmente y dejar atrás la pobreza constituye un proceso más complejo.
Quizá el problema sea otro. Se ha hablado mucho del número de personas que llegan y muy poco del tipo de integración que se pretende construir. Los documentos oficiales suelen escribirse para transmitir confianza. Este, sin embargo, deja escapar una verdad incómoda. Cuando un Gobierno diseña una política pública aceptando desde el principio que casi la mitad de sus destinatarios seguirá siendo pobre al cabo de cinco años, no está describiendo únicamente un problema social. Está proclamando su irresponsabilidad. ●
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