La Comunidad de Madrid ha enviado a la Delegación del Gobierno en la región los expedientes de 15 menores extranjeros no acompañados cuya repatriación solicita por “dificultades de adaptación”. Así lo detalla un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales, que avanza, además, que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso está ultimando el envío de las solicitudes de reagrupación familiar correspondientes a otros cuatro niños migrantes, para un total de 19. La decisión, que en la delegación limitan a 11 peticiones recibidas, es inseparable del pulso que mantiene la Administración regional con la estatal por la política migratoria. Así, Madrid ha llevado al Tribunal Constitucional el reparto de niños migrantes impulsado por el Gobierno, y advierte de que sus servicios sociales están saturados ante la previsión de que tenga que recibir a 800 niños como consecuencia del acuerdo.
Madrid, que ha llevado al Constitucional el decreto de reparto de niños migrantes, empezó a hacer peticiones de reagrupamiento familiar en abril
La Comunidad de Madrid ha enviado a la Delegación del Gobierno en la región los expedientes de 15 menores extranjeros no acompañados cuya repatriación solicita por “dificultades de adaptación”. Así lo detalla un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales, que avanza, además, que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso está ultimando el envío de las solicitudes de reagrupación familiar correspondientes a otros cuatro niños migrantes, para un total de 19. La decisión, que en la delegación limitan a 11 peticiones recibidas, es inseparable del pulso que mantiene la Administración regional con la estatal por la política migratoria. Así, Madrid ha llevado al Tribunal Constitucional el reparto de niños migrantes impulsado por el Gobierno, y advierte de que sus servicios sociales están saturados ante la previsión de que tenga que recibir a 800 niños como consecuencia del acuerdo.
Marzo de 2025. Estalla una pelea en La Cantueña, el polémico centro de acogida que ha abierto el gobierno regional en Fuenlabrada. Ocurre en el comedor. Vuelan sillas y extintores. Hay golpes. La Policía Nacional tiene que intervenir: 12 jóvenes son detenidos por un delito de riña tumultuaria, y siete trabajadores y dos menores acaban heridos.
El incidente funciona como la madera en una hoguera: aviva el fuego. El gobierno regional lleva más de una semana encabezando la oposición del PP al decreto ley aprobado por el Ejecutivo central para modificar la ley de extranjería y permitir que, en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados (como ocurre ahora con Canarias y Ceuta), puedan activarse traslados de menores migrantes a otras regiones.
Díaz Ayuso se emplea a fondo. Y la pelea de la Cantueña ofrece la oportunidad de dar un paso más en la escalada del enfrentamiento.
“La prioridad es la protección de todos los menores”, dice el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa del consejo de gobierno. “Por eso, ante los casos que se han producido y que se puedan producir, de menores que están presentando distintas dificultades de adaptación, que están protagonizando también episodios violentos o delictivos, hay que plantear una solución realista”, sigue. “Para muchos de ellos, la integración en España se ha vuelto inviable”, opina. “Por eso, la mejor opción, según criterios técnicos [de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia], puede ser el regresar al entorno familiar donde cuenten con el apoyo necesario para reconducir esta situación”.
Es 2 de abril, y el número dos de Ayuso en el gobierno regional acaba de anunciar que la Comunidad de Madrid ha solicitado a la delegación del gobierno que incoe expediente de reagrupación familiar para cuatro menores extranjeros no acompañados que están en la región. Menos de dos meses después, la cifra de niños afectados por la decisión de Madrid se acerca a la veintena. Un dato sin casi comparación: Cantabria ha solicitado el reagrupamiento de 18 menores de entre 14 y 17 años en lo que va de 2025 (ocho de Marruecos, cuatro de Gambia, y uno de Costa de Marfil, Moldavia, Argelia, Mali, República de Guinea y Argelia).
“En ningún caso se producen expulsiones o devoluciones de menores migrantes”, aclara el director general de la policía, Francisco Pardo, en una comunicación enviada a EL PAÍS tras una petición de información registrada en aplicación de la ley de transparencia. “Solo existe la figura de la repatriación en referencia a la reagrupación o reunificación de los menores extranjeros con familiares o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor de su país de origen”.
Grupo nazi
De esta forma se abre un nuevo frente en el choque de Madrid con el gobierno central. Primero, porque es la delegación del gobierno quien tiene que decidir si hay razones o no para tramitar el expediente, en aplicación de lo contemplado en el Real Decreto 557/2011 y en los mismos términos en el Real Decreto 1155/2024. Segundo, porque desde que gobierna Ayuso (2019), la delegación nunca ha incoado un expediente de reagrupación familiar, según detalla un portavoz. Y tercero, porque esta discrepancia se dirime en un momento de especial tensión alrededor de los niños migrantes.
Así, Vox los ha puesto en la diana y presiona al gobierno regional para que tome medidas contra ellos. En paralelo, Núcleo Nacional, un grupo nazi, ha intentado realizar el 7 de junio una concentración ante el centro de primera acogida de Hortaleza, en la capital de España, lo que finalmente le fue prohibido (“es una convocatoria que puede generar un riesgo evidente a los menores”, concede el delegado gubernamental, Francisco Martín). Finalmente, el Gobierno central, a través del Ministerio de Infancia y Juventud, duda de los datos de Madrid, que ante el acuerdo para que acoja más niños migrantes asegura que prácticamente todo su sistema está ocupado por ellos (en ninguna otra región superan el 50%).
Así, el equipo de Ayuso ha transmitido que dedica a niños migrantes el 92% de las 2.352 plazas de acogida que tiene para menores (locales y migrantes no acompañados). A finales de marzo, la titular de Políticas Sociales, Ana Dávila, dijo que preveía superar pronto los 1.000 menores atendidos en este año. Y añadió el porcentaje de ocupación de los recursos diseñados para estos menores llegaba ya al 132%. Datos que alimentan el desencuentro entre administraciones junto con la decisión de pedir la salida de Madrid de una veintena de niños.
