Varios centros educativos madrileños han recibido desde la semana pasada llamadas de la inspección de educación para que retiren toda simbología relacionada con el apoyo a Gaza, donde la ofensiva de Israel ha matado a cerca de 65.000 personas en algo menos de dos años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido hostil con las manifestaciones pro-palestinas, considera que la política debe permanecer alejada del entorno escolar a pesar de que tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 permitió y fomentó en los colegios madrileños la solidaridad con el pueblo ucranio.
La administración autonómica considera que este es un tema político, pero sí permitió y fomentó la solidaridad con Ucrania
Varios centros educativos madrileños han recibido desde la semana pasada llamadas de la inspección de educación para que retiren toda simbología relacionada con el apoyo a Gaza, donde la ofensiva de Israel ha matado a cerca de 65.000 personas en algo menos de dos años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido hostil con las manifestaciones pro-palestinas, considera que la política debe permanecer alejada del entorno educativo a pesar de que tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 permitió y fomentó en los colegios madrileños la solidaridad con el pueblo ucraniano.
Varias fuentes del mundo educativo han informado a este diario de estas órdenes bajo condición de anonimato para evitar represalias. Lo confirma un exprofesor de secundaria que tiene conocimiento directo, Carlos Díez Hernando, que informa de que las órdenes de cese las transmiten los inspectores de la Consejería de manera verbal. “Lo han hecho con carácter general en centros públicos y concertados”, aclara. El colectivo al que pertenece, Marea Palestina: la educación contra el genocidio, interpondrá medidas legales contra la Administración autonómica por lo que consideran una violación de la libertad de cátedra y de la autonomía de los centros.
La prohibición del apoyo a Gaza contrasta con la solidaridad con el pueblo ucraniano, que la Comunidad no solo permitió en los colegios madrileños, sino que también fomentó. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Ayuso declaró que “Ucrania nos necesita” y entre otras medidas de apoyo, su Gobierno organizó en junio de aquel año una colecta de alimentos y productos de higiene en 1580 centros educativos públicos y concertados. El vicepresidente, consejero de Educación, Enrique Ossorio, visitó el CEIP Eduardo Rojo de la capital para conocer cómo se estaba desarrollando está acción entre los más de 470 alumnos de ese centro.
En los meses posteriores a la invasión, se permitió que alumnos de edades tan tempranas como siete años hicieran murales con mensajes de apoyo a Ucrania que luego decoraron las paredes de su centro. Los docentes también respondieron a las preguntas sobre la guerra que les planteaban los pequeños.
El profesor jubilado Díez Hernando lamenta la doble vara de medir. Dice que desde hace años se han realizado muchas actividades en centros educativos para denunciar otras guerras, genocidios y vulneraciones de derechos humanos, que no solamente no fueron reprimidas, sino que fueron respaldadas por las administraciones educativas. “Los claustros y los equipos directivos que han llevado a cabo estas actividades de denuncia del genocidio palestino, reconocido así por la Organización de las Naciones Unidas, son quienes cumplen con la legalidad vigente”, opina.
La Consejería de Educación contesta a este diario que no se ha dado ningún tipo de instrucción general sobre banderas palestinas o cualquier otro aspecto. “Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (los cinco órganos directivos de la Consejería según la zona geográfica) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos”, dice un portavoz, que no ha respondido a la pregunta sobre cuántos colegios e institutos han sido contactados por este motivo.
Este martes, una comisión de cinco integrantes del grupo de activistas de Díez Hernando se reunieron de manera informal con diputados en el Congreso, tras recibir la invitación de la Comisión Internacional de Cooperación al Desarrollo. Allí trasladaron a los diputados su queja por las restricciones de la Consejería de Educación madrileña. “Queremos denunciarlo para que llegue a la alta inspección del Estado del Ministerio de Educación”, agrega el docente retirado.
Las fuentes consultadas indican que la censura de los gestos de apoyo a Gaza han comenzado en los últimos días. Durante meses, las asociaciones de familias han celebrado actos pro-palestinos en los colegios e institutos de Madrid, y existen numerosas muestras de ello en las redes sociales.
La federación de asociaciones de familias Giner de los Ríos dice que siempre ha apoyado todas estas reivindicaciones y actos pacíficos. Cuando las AMPAS empezaron con las concentraciones, hace meses, recibieron presiones por parte de la embajada israelí, según la portavoz de Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas. “Sacamos entonces un comunicado al respecto para proteger a las asociaciones de madres y padres en su derecho de manifestarse”, dice la portavoz.
“El 30% de los seres humanos asesinados en Palestina son niños y niñas”, añade. “Ya vamos por 20.000 menores. No podemos consentir como sociedad que esto se esté produciendo y que se esté permitiendo. Todos los niños y niñas del mundo deben ser protegidos, más de 20.000 niños y niñas palestinos nunca podrán montar en bici”.
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