En pleno agosto, y cuando había de plazo hasta el 15 de septiembre, el Gobierno ha cedido y finalmente la central nuclear de Almaraz seguirá operativa hasta 2030. De esta forma, el Ejecutivo recula sobre el calendario de cierre tras la petición que habían hecho las propietarias (Iberdrola, Endesa y Natury) de alargar la vida útil de la planta. Tras años sosteniendo que el calendario de cierre nuclear aprobado en 2019 era intocable, y después de una batalla que lo ha enfrentado a las empresas energéticas, a la oposición y a los miles de cacereños que dependen económicamente de la entidad Almaraz-Trillo, el Gobierno ha dado su brazo a torcer.Ha sido mediante una publicación en el BOE con una orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central, que fijaba el cierre de sus dos reactores en noviembre de 2027 y octubre de 2028, y extiende la vida útil hasta julio de 2030. El resultado de la decisión no puede sorprender a nadie, de hecho encaja con el discurso que ha tenido el Gobierno en los últimos meses, y que tras el ‘ok’ del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la planta, dejaba al Ejecutivo sin alternativas.La planificación energética es competencia exclusiva del departamento que dirige Sara Aagesen y la decisión podría haber sido otra, pero lo cierto es que al Ejecutivo le quedaba poco margen político para seguir aferrándose al calendario diseñado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado en 2019. El detonante para que esta decisión se tomara hoy ha sido el mencionado informe del CSN -el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica-, un documento que todas las partes implicadas en el caso esperaban y que fue clave porque determinó que los dos reactores cumplían con el adecuado nivel de seguridad para continuar su operación al menos cinco años más. Una vez publicado ese informe, el pasado 17 de julio, el Ejecutivo disponía de un plazo administrativo de dos meses para tomar esa decisión, y pocas excusas, ya que con este aval del CSN se daba cumplimiento a la tercera de las tres condiciones que el Ejecutivo había impuesto para la supervivencia de la planta atómica.Fue la propia ministra Aagesen la que en numerosas ocasiones vinculó la continuidad de la central a este ‘ trio de condiciones’ : la seguridad, un extremo avalado por el CSN; que no se exigieran medidas fiscales que derivaran en sobrecostes para los consumidores, algo que quedó descartado después de que las propias empresas energéticas renunciaran a pedir una rebaja de impuestos a cambio de seguir operando la central; y la garantía del suministro, algo también acreditado, más aún después de que el apagón de abril de 2025 evidenciara la utilidad de fuentes de generación estables.FuturoAhora, con la decisión que se ha tomado en Almaraz se abren múltiples interrogantes sobre el resto de plantas nucleares que operan en España. No obstante, el Gobierno no dará su brazo a torcer sobre que estas decisión es responsabilidad de las empresas, y deberán ser ellas las que pidan las posteriores renovaciones de licencia.Es decir, el Ejecutivo no va a actuar sobre ninguna de las centrales sin que sean las propietarias las que tomen la iniciativa. Una situación que de momento está por ver, puesto que todavía quedan bastante años hasta el próximo cierre.Además, como se ha visto con el caso de Almaraz, lo más probable es que apuren los plazos todo lo posible. Asimismo, hay que tener en cuenta que el año que viene habrá elecciones, y, en principio, el Partido Popular ya ha garantizado que ellos sí promoverán de manera activa una reordenación del calendario de cierre.Desde el Gobierno, para sostener su decisión, explican que «la volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses. En el contexto actual, la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente».Pese a todo mantienen el discurso de que «la apuesta de este Gobierno por las energías renovables permanece intacta». Las renovables han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales». En pleno agosto, y cuando había de plazo hasta el 15 de septiembre, el Gobierno ha cedido y finalmente la central nuclear de Almaraz seguirá operativa hasta 2030. De esta forma, el Ejecutivo recula sobre el calendario de cierre tras la petición que habían hecho las propietarias (Iberdrola, Endesa y Natury) de alargar la vida útil de la planta. Tras años sosteniendo que el calendario de cierre nuclear aprobado en 2019 era intocable, y después de una batalla que lo ha enfrentado a las empresas energéticas, a la oposición y a los miles de cacereños que dependen económicamente de la entidad Almaraz-Trillo, el Gobierno ha dado su brazo a torcer.Ha sido mediante una publicación en el BOE con una orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central, que fijaba el cierre de sus dos reactores en noviembre de 2027 y octubre de 2028, y extiende la vida útil hasta julio de 2030. El resultado de la decisión no puede sorprender a nadie, de hecho encaja con el discurso que ha tenido el Gobierno en los últimos meses, y que tras el ‘ok’ del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la planta, dejaba al Ejecutivo sin alternativas.La planificación energética es competencia exclusiva del departamento que dirige Sara Aagesen y la decisión podría haber sido otra, pero lo cierto es que al Ejecutivo le quedaba poco margen político para seguir aferrándose al calendario diseñado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado en 2019. El detonante para que esta decisión se tomara hoy ha sido el mencionado informe del CSN -el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica-, un documento que todas las partes implicadas en el caso esperaban y que fue clave porque determinó que los dos reactores cumplían con el adecuado nivel de seguridad para continuar su operación al menos cinco años más. Una vez publicado ese informe, el pasado 17 de julio, el Ejecutivo disponía de un plazo administrativo de dos meses para tomar esa decisión, y pocas excusas, ya que con este aval del CSN se daba cumplimiento a la tercera de las tres condiciones que el Ejecutivo había impuesto para la supervivencia de la planta atómica.Fue la propia ministra Aagesen la que en numerosas ocasiones vinculó la continuidad de la central a este ‘ trio de condiciones’ : la seguridad, un extremo avalado por el CSN; que no se exigieran medidas fiscales que derivaran en sobrecostes para los consumidores, algo que quedó descartado después de que las propias empresas energéticas renunciaran a pedir una rebaja de impuestos a cambio de seguir operando la central; y la garantía del suministro, algo también acreditado, más aún después de que el apagón de abril de 2025 evidenciara la utilidad de fuentes de generación estables.FuturoAhora, con la decisión que se ha tomado en Almaraz se abren múltiples interrogantes sobre el resto de plantas nucleares que operan en España. No obstante, el Gobierno no dará su brazo a torcer sobre que estas decisión es responsabilidad de las empresas, y deberán ser ellas las que pidan las posteriores renovaciones de licencia.Es decir, el Ejecutivo no va a actuar sobre ninguna de las centrales sin que sean las propietarias las que tomen la iniciativa. Una situación que de momento está por ver, puesto que todavía quedan bastante años hasta el próximo cierre.Además, como se ha visto con el caso de Almaraz, lo más probable es que apuren los plazos todo lo posible. Asimismo, hay que tener en cuenta que el año que viene habrá elecciones, y, en principio, el Partido Popular ya ha garantizado que ellos sí promoverán de manera activa una reordenación del calendario de cierre.Desde el Gobierno, para sostener su decisión, explican que «la volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses. En el contexto actual, la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente».Pese a todo mantienen el discurso de que «la apuesta de este Gobierno por las energías renovables permanece intacta». Las renovables han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales».
El Ejecutivo cede a la presión tras el beneplácito del Consejo Nuclear a la prórroga de la operatividad de los reactores
Ya es oficial: la central atómica de Almaraz va a seguir operativa hasta 2030. Tras años sosteniendo que el calendario de cierre nuclear aprobado en 2019 era intocable, y después de una batalla que lo ha enfrentado a las empresas energéticas, a la oposición y … a los miles de cacereños que dependen económicamente de la entidad Almaraz-Trillo, el Gobierno ha dado su brazo a torcer y ha publicado en el BOE la orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central, que fijaba el cierre de sus dos reactores en noviembre de 2027 y octubre de 2028, y extiende la vida útil hasta julio de 2030.
El momento y el modo elegidos para la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado han sido sorpresivos: un viernes y sin previo aviso por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, el resultado de la decisión no puede sorprender a nadie, después de que hace apenas un mes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la continuidad de la planta y dejara al Ejecutivo con un margen legal de apenas dos meses para tomar una decisión. La planificación energética es competencia exclusiva del departamento que dirige Sara Aagesen y la decisión podría haber sido otra, pero lo cierto es que al Ejecutivo le quedaba poco margen político para seguir aferrándose al calendario diseñado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) aprobado en 2019.
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