El 30 de abril, la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una cuestión económica para pasar al terreno puramente político. El Gobierno tiene la posibilidad ahora de intervenir en la operación modificando las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el citado día. Pero dentro de este Gobierno hay varios gobiernos y será tarea del Ministerio de Economía aunar todos esos intereses. Y hacerlo sin enfadar aún más a Bruselas. Competencia pactó una serie de compromisos con BBVA -calificados de «sin precedentes» por el banco vasco- que el Gobierno considera insuficientes y, por tanto, se ve habilitado a servirse del «interés general» para torpedear la operación. Porque, dice, las autoridades que han aprobado ya la opa -CNMC y Banco Central Europeo (BCE)- no miran ese criterio sino otros.Noticia Relacionada estandar No Cuerpo eleva la opa de BBVA al Consejo de Ministros con vistas a enmendar a Competencia Daniel CaballeroEl Ejecutivo dispone hasta el 26 de junio para decidir cómo será su intervención. En teoría, lo que puede hacer es suavizar, mantener o endurecer las condiciones de la CNMC. No tiene amparo legal para vetar la opa, pero sí para endurecer tanto los compromisos que haga la operación inviable para BBVA . Fuentes financieras apuntan a que la decisión se tomaría en el Consejo de Ministros del 24 de junio. De aquí a esa fecha se prevé una carrera política para imponer cada uno su tesis en el cónclave ministerial. La decisión se adoptará en el Consejo de Ministros pero es Economía el que lidera el asunto. Fuentes financieras señalan que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, suele ser más mesurado que otros compañeros de gobierno en sus decisiones y no se basa en posiciones tan extremas como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Díaz representa la posición más extrema dentro del Gobierno al exigir que se prohíba a BBVA despedir y cerrar oficinasCuerpo será el encargado de llevar una propuesta de intervención al Consejo de Ministros, pero deberá aunar los intereses de al menos otros cinco ministerios que ya han manifestado su deseo de participar. Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social transmitieron a Cuerpo la necesidad de que el Gobierno intervenga en la opa; estos mismos ministerios se espera que hagan un informe en próximas semanas.Pistas de la intervenciónLa posición de Economía todavía es ambigua en público, aunque van deslizando ideas. Cuando Cuerpo decidió elevar el caso al Consejo de Ministros, este apuntó al impacto en la cohesión territorial, la protección del empleo o los objetivos de política social. Pero es el primero de esos criterios el que más parece convencerle para argumentar su intervención. El ministro de Economía destaca la importancia de «la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo». Banco Sabadell es una entidad entre mediana y grande en España con unas características particulares. Tiene mucha presencia en el negocio de pymes y cuenta con mucho arraigo y vinculación en ciertos territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Ese es un punto fuerte que Carlos Cuerpo cree que hay que proteger. Para el ministro es necesario contar con bancos grandes para competir en Europa y el mundo, pero también «medianos y pequeños que estén más aterrizados en el territorio. Tenemos que mirar por ese interés general». Al punto de la cohesión territorial y proteger la inclusión financiera también ha hecho referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en intervenciones pasadas, mostrando alineamiento con el titular de Economía. El problema en este caso es que otros ministerios también participan. El de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz , es el más extremo en sus posicionamientos. Exige imponer «condiciones estrictas» y habla incluso de veto a la operación, aunque técnicamente eso no sea posible. «Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria», dijo Díaz. Aquello fue una exigencia de máximos, sabedores de que habrá que encontrar un punto medio. Fuentes financieras creen que otro ministerio que tendrá una postura dura será el de Consumo, también de Sumar, mientras que los otros tres, del PSOE, irían más alineados con Cuerpo. Las claves Ministerios implicados Aparte de Economía, que lidera la intervención en la opa como ministerio competente, también participarán Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social. Sánchez, alineado El presidente del Gobierno se muestra cercano a la posición del ministro Cuerpo, que apunta a la cohesión territorial como argumento. Eso denota que está más alejado de la postura dura de Yolanda Díaz. Plazos Después de que Cuerpo elevara el caso al Consejo de Ministros, el Gobierno tiene 30 días para decidir cómo será su intervención para enmendar a la CNMC. El plazo termina el 26 de junio, y se especula con que la decisión se adoptará en el Consejo de Ministros del día 24 de junio.Fuentes gubernamentales señalan el alineamiento de La Moncloa con Economía en lo que tiene que ver con la opa. Esto denota el distanciamiento respecto a las posiciones del Ministerio de Trabajo, con lo que sí se prevé que la situación se embarre con el paso de los días. En medio de todo ello, el Gobierno deberá intentar no enfadar aún más a la Comisión Europea, que ya ha amenazado con «usar sus poderes» si el Ejecutivo español se extralimita en su decisión. En Bruselas esperan que no se torpedee la operación, aunque esa posibilidad no entra en la mente del Gobierno. Fuentes gubernamentales remarcan que siguen la normativa nacional y que esta se encuentra alineada con la europea, con lo que muestran «total tranquilidad» pese a las amenazas de la Comisión. Algo más beligerante fue el ministro Cuerpo , ya que el mensaje de Bruselas le sorprendió.Presión catalanaComo añadido, la presión sobre el Gobierno también va en aumento desde Cataluña. Y tanto desde el lado de la política como el de la empresa. Los ‘lobbies’ catalanes están a pleno rendimiento desde hace semanas para insistir en la necesidad de torpedear a BBVA en su intento de adquirir el Sabadell. La idea central es convencer al Ejecutivo central de que el banco es un elemento fundamental para la sociedad y las empresas catalanas y que no puede desaparecer dentro de BBVA. Incluso, varias patronales catalanas enviaron una carta al presidente del Gobierno para presionar contra la operación. En esa tarea de ‘lobby’ destaca Fomento del Trabajo, la organización empresarial catalana, que desde el principio se ha significado a favor del Sabadell. Pero no solo ellos sino también la Cámara de Comercio autonómica, la Fira de Barcelona, etc. El 30 de abril, la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una cuestión económica para pasar al terreno puramente político. El Gobierno tiene la posibilidad ahora de intervenir en la operación modificando las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el citado día. Pero dentro de este Gobierno hay varios gobiernos y será tarea del Ministerio de Economía aunar todos esos intereses. Y hacerlo sin enfadar aún más a Bruselas. Competencia pactó una serie de compromisos con BBVA -calificados de «sin precedentes» por el banco vasco- que el Gobierno considera insuficientes y, por tanto, se ve habilitado a servirse del «interés general» para torpedear la operación. Porque, dice, las autoridades que han aprobado ya la opa -CNMC y Banco Central Europeo (BCE)- no miran ese criterio sino otros.Noticia Relacionada estandar No Cuerpo eleva la opa de BBVA al Consejo de Ministros con vistas a enmendar a Competencia Daniel CaballeroEl Ejecutivo dispone hasta el 26 de junio para decidir cómo será su intervención. En teoría, lo que puede hacer es suavizar, mantener o endurecer las condiciones de la CNMC. No tiene amparo legal para vetar la opa, pero sí para endurecer tanto los compromisos que haga la operación inviable para BBVA . Fuentes financieras apuntan a que la decisión se tomaría en el Consejo de Ministros del 24 de junio. De aquí a esa fecha se prevé una carrera política para imponer cada uno su tesis en el cónclave ministerial. La decisión se adoptará en el Consejo de Ministros pero es Economía el que lidera el asunto. Fuentes financieras señalan que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, suele ser más mesurado que otros compañeros de gobierno en sus decisiones y no se basa en posiciones tan extremas como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Díaz representa la posición más extrema dentro del Gobierno al exigir que se prohíba a BBVA despedir y cerrar oficinasCuerpo será el encargado de llevar una propuesta de intervención al Consejo de Ministros, pero deberá aunar los intereses de al menos otros cinco ministerios que ya han manifestado su deseo de participar. Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social transmitieron a Cuerpo la necesidad de que el Gobierno intervenga en la opa; estos mismos ministerios se espera que hagan un informe en próximas semanas.Pistas de la intervenciónLa posición de Economía todavía es ambigua en público, aunque van deslizando ideas. Cuando Cuerpo decidió elevar el caso al Consejo de Ministros, este apuntó al impacto en la cohesión territorial, la protección del empleo o los objetivos de política social. Pero es el primero de esos criterios el que más parece convencerle para argumentar su intervención. El ministro de Economía destaca la importancia de «la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo». Banco Sabadell es una entidad entre mediana y grande en España con unas características particulares. Tiene mucha presencia en el negocio de pymes y cuenta con mucho arraigo y vinculación en ciertos territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Ese es un punto fuerte que Carlos Cuerpo cree que hay que proteger. Para el ministro es necesario contar con bancos grandes para competir en Europa y el mundo, pero también «medianos y pequeños que estén más aterrizados en el territorio. Tenemos que mirar por ese interés general». Al punto de la cohesión territorial y proteger la inclusión financiera también ha hecho referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en intervenciones pasadas, mostrando alineamiento con el titular de Economía. El problema en este caso es que otros ministerios también participan. El de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz , es el más extremo en sus posicionamientos. Exige imponer «condiciones estrictas» y habla incluso de veto a la operación, aunque técnicamente eso no sea posible. «Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria», dijo Díaz. Aquello fue una exigencia de máximos, sabedores de que habrá que encontrar un punto medio. Fuentes financieras creen que otro ministerio que tendrá una postura dura será el de Consumo, también de Sumar, mientras que los otros tres, del PSOE, irían más alineados con Cuerpo. Las claves Ministerios implicados Aparte de Economía, que lidera la intervención en la opa como ministerio competente, también participarán Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social. Sánchez, alineado El presidente del Gobierno se muestra cercano a la posición del ministro Cuerpo, que apunta a la cohesión territorial como argumento. Eso denota que está más alejado de la postura dura de Yolanda Díaz. Plazos Después de que Cuerpo elevara el caso al Consejo de Ministros, el Gobierno tiene 30 días para decidir cómo será su intervención para enmendar a la CNMC. El plazo termina el 26 de junio, y se especula con que la decisión se adoptará en el Consejo de Ministros del día 24 de junio.Fuentes gubernamentales señalan el alineamiento de La Moncloa con Economía en lo que tiene que ver con la opa. Esto denota el distanciamiento respecto a las posiciones del Ministerio de Trabajo, con lo que sí se prevé que la situación se embarre con el paso de los días. En medio de todo ello, el Gobierno deberá intentar no enfadar aún más a la Comisión Europea, que ya ha amenazado con «usar sus poderes» si el Ejecutivo español se extralimita en su decisión. En Bruselas esperan que no se torpedee la operación, aunque esa posibilidad no entra en la mente del Gobierno. Fuentes gubernamentales remarcan que siguen la normativa nacional y que esta se encuentra alineada con la europea, con lo que muestran «total tranquilidad» pese a las amenazas de la Comisión. Algo más beligerante fue el ministro Cuerpo , ya que el mensaje de Bruselas le sorprendió.Presión catalanaComo añadido, la presión sobre el Gobierno también va en aumento desde Cataluña. Y tanto desde el lado de la política como el de la empresa. Los ‘lobbies’ catalanes están a pleno rendimiento desde hace semanas para insistir en la necesidad de torpedear a BBVA en su intento de adquirir el Sabadell. La idea central es convencer al Ejecutivo central de que el banco es un elemento fundamental para la sociedad y las empresas catalanas y que no puede desaparecer dentro de BBVA. Incluso, varias patronales catalanas enviaron una carta al presidente del Gobierno para presionar contra la operación. En esa tarea de ‘lobby’ destaca Fomento del Trabajo, la organización empresarial catalana, que desde el principio se ha significado a favor del Sabadell. Pero no solo ellos sino también la Cámara de Comercio autonómica, la Fira de Barcelona, etc.
El 30 de abril, la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una cuestión económica para pasar al terreno puramente político. El Gobierno tiene la posibilidad ahora de intervenir en la operación modificando las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el citado día. Pero dentro de este Gobierno hay varios gobiernos y será tarea del Ministerio de Economía aunar todos esos intereses. Y hacerlo sin enfadar aún más a Bruselas.
Competencia pactó una serie de compromisos con BBVA -calificados de «sin precedentes» por el banco vasco- que el Gobierno considera insuficientes y, por tanto, se ve habilitado a servirse del «interés general» para torpedear la operación. Porque, dice, las autoridades que han aprobado ya la opa -CNMC y Banco Central Europeo (BCE)- no miran ese criterio sino otros.
El Ejecutivo dispone hasta el 26 de junio para decidir cómo será su intervención. En teoría, lo que puede hacer es suavizar, mantener o endurecer las condiciones de la CNMC. No tiene amparo legal para vetar la opa, pero sí para endurecer tanto los compromisos que haga la operación inviable para BBVA. Fuentes financieras apuntan a que la decisión se tomaría en el Consejo de Ministros del 24 de junio.
De aquí a esa fecha se prevé una carrera política para imponer cada uno su tesis en el cónclave ministerial. La decisión se adoptará en el Consejo de Ministros pero es Economía el que lidera el asunto. Fuentes financieras señalan que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, suele ser más mesurado que otros compañeros de gobierno en sus decisiones y no se basa en posiciones tan extremas como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Díaz representa la posición más extrema dentro del Gobierno al exigir que se prohíba a BBVA despedir y cerrar oficinas
Cuerpo será el encargado de llevar una propuesta de intervención al Consejo de Ministros, pero deberá aunar los intereses de al menos otros cinco ministerios que ya han manifestado su deseo de participar. Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social transmitieron a Cuerpo la necesidad de que el Gobierno intervenga en la opa; estos mismos ministerios se espera que hagan un informe en próximas semanas.
Pistas de la intervención
La posición de Economía todavía es ambigua en público, aunque van deslizando ideas. Cuando Cuerpo decidió elevar el caso al Consejo de Ministros, este apuntó al impacto en la cohesión territorial, la protección del empleo o los objetivos de política social. Pero es el primero de esos criterios el que más parece convencerle para argumentar su intervención.
El ministro de Economía destaca la importancia de «la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo». Banco Sabadell es una entidad entre mediana y grande en España con unas características particulares. Tiene mucha presencia en el negocio de pymes y cuenta con mucho arraigo y vinculación en ciertos territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Ese es un punto fuerte que Carlos Cuerpo cree que hay que proteger. Para el ministro es necesario contar con bancos grandes para competir en Europa y el mundo, pero también «medianos y pequeños que estén más aterrizados en el territorio. Tenemos que mirar por ese interés general». Al punto de la cohesión territorial y proteger la inclusión financiera también ha hecho referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en intervenciones pasadas, mostrando alineamiento con el titular de Economía. El problema en este caso es que otros ministerios también participan.
El de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, es el más extremo en sus posicionamientos. Exige imponer «condiciones estrictas» y habla incluso de veto a la operación, aunque técnicamente eso no sea posible. «Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria», dijo Díaz.
Aquello fue una exigencia de máximos, sabedores de que habrá que encontrar un punto medio. Fuentes financieras creen que otro ministerio que tendrá una postura dura será el de Consumo, también de Sumar, mientras que los otros tres, del PSOE, irían más alineados con Cuerpo.
Ministerios implicados
Aparte de Economía, que lidera la intervención en la opa como ministerio competente, también participarán Industria, Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y Seguridad Social.
Sánchez, alineado
El presidente del Gobierno se muestra cercano a la posición del ministro Cuerpo, que apunta a la cohesión territorial como argumento. Eso denota que está más alejado de la postura dura de Yolanda Díaz.
Plazos
Después de que Cuerpo elevara el caso al Consejo de Ministros, el Gobierno tiene 30 días para decidir cómo será su intervención para enmendar a la CNMC. El plazo termina el 26 de junio, y se especula con que la decisión se adoptará en el Consejo de Ministros del día 24 de junio.
Fuentes gubernamentales señalan el alineamiento de La Moncloa con Economía en lo que tiene que ver con la opa. Esto denota el distanciamiento respecto a las posiciones del Ministerio de Trabajo, con lo que sí se prevé que la situación se embarre con el paso de los días.
En medio de todo ello, el Gobierno deberá intentar no enfadar aún más a la Comisión Europea, que ya ha amenazado con «usar sus poderes» si el Ejecutivo español se extralimita en su decisión. En Bruselas esperan que no se torpedee la operación, aunque esa posibilidad no entra en la mente del Gobierno. Fuentes gubernamentales remarcan que siguen la normativa nacional y que esta se encuentra alineada con la europea, con lo que muestran «total tranquilidad» pese a las amenazas de la Comisión. Algo más beligerante fue el ministro Cuerpo, ya que el mensaje de Bruselas le sorprendió.
Presión catalana
Como añadido, la presión sobre el Gobierno también va en aumento desde Cataluña. Y tanto desde el lado de la política como el de la empresa.
Los ‘lobbies’ catalanes están a pleno rendimiento desde hace semanas para insistir en la necesidad de torpedear a BBVA en su intento de adquirir el Sabadell. La idea central es convencer al Ejecutivo central de que el banco es un elemento fundamental para la sociedad y las empresas catalanas y que no puede desaparecer dentro de BBVA.
Incluso, varias patronales catalanas enviaron una carta al presidente del Gobierno para presionar contra la operación. En esa tarea de ‘lobby’ destaca Fomento del Trabajo, la organización empresarial catalana, que desde el principio se ha significado a favor del Sabadell. Pero no solo ellos sino también la Cámara de Comercio autonómica, la Fira de Barcelona, etc.
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