El Gobierno “no comparte” la condena al fiscal pero nombrará a otro inmediatamente

El Gobierno “no comparte” la condena al fiscal general, pero de momento ha decidido responder oficialmente de forma suave señalando que respeta el fallo y que en los próximos días nombrará a otro fiscal general para sustituir a Álvaro García, al que esta sentencia le obliga a cesar. “A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte”, señalan fuentes oficiales del Ejecutivo en una primera reacción contenida.

“En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho. El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado”, sentencian estas mismas fuentes.

En la parte oficial, de momento, se están cuidando las formas para mantener la institucionalidad ante una situación de la máxima gravedad política. Pero en privado, los mensajes son muy diferentes. En el Ejecutivo, según varios ministros consultados, se ha instalado una fuerte indignación por la condena al fiscal general, que algunos miembros del Ejecutivo, sobre todo los juristas, veían completamente imposible por la falta de pruebas.

La Moncloa aún espera instrucciones más detalladas de Pedro Sánchez, que está regresando de Ceuta, pero el ambiente que se respira en los despachos del poder hace pensar que en los próximos días habrá reacciones más fuertes ante lo que el Ejecutivo de forma unánime considera una grave injusticia y un atropello a un fiscal general del que el propio presidente ha defendido la inocencia. El propio Óscar López, persona de absoluta confianza de Sánchez, ha dicho que tenía que “morderse la lengua” para no contestar lo que pensaba.

En una entrevista reciente con EL PAÍS, Sánchez dijo que lo que había visto en el juicio le reforzaba más en su idea de que Álvaro García es inocente, de manera que esta sentencia marcha un choque de trenes absoluto entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. El hecho de que el fallo se haya dado a conocer en un 20-N, cuando el Gobierno tenía preparados varios actos y vídeos a favor de la democracia, 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, ha generado aún más indignación en el Gobierno.