El pasado mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica lanzaba a audiencia e información pública el proyecto de real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Al sector, que tuvo que ponerse en faena para mandar sus observaciones, no le cayó muy bien la «agosticidad» del asunto. Y ahora, para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también hay cuestiones que no encajan. Principalmente, que sea el Ejecutivo quien pueda arrogarse la capacidad de determinar el acceso a la red eléctrica de los ‘data center’.Así lo ha dejado escrito en negro sobre blanco el regulador en el informe que ha emitido sobre este real decreto. Llega en un momento clave para el sector de los centros de datos por su gran crecimiento, y también por la polémica que les acompaña sobre su conexión a la red eléctrica y la alta demanda que tienen. Sobre esta primera cuestión es la observación más grande que hace el organismo que preside Cani Fernández.En concreto, explica que «el proyecto de real decreto incorpora la exigencia de cumplir criterios de eficiencia energética (como la reutilización del calor residual) como condición para la obtención de permisos de acceso y conexión. Se considera que este requisito supone la creación de un nuevo motivo de denegación no previsto en la Ley del Sector Eléctrico , por lo que debería revisarse su encaje normativo». De esta forma, lanza un aviso que deberá tener en cuenta el equipo que lidera la ministra Sara Aagesen.Noticia relacionada general No No Red Eléctrica se enroca con el apagón y no reserva dinero para causas legales en sus cuentas Raúl MasaLa puntilla la pone el regulador al asegurar que «la Ley atribuye a la CNMC la competencia para definir mediante Circular los motivos de denegación de acceso y conexión. Por tanto, la inclusión de estos criterios, en caso de incorporarse en la normativa, correspondería a la CNMC », sentencia.Esta puntualización al real decreto llega en un momento de máxima tensión con el sector de los centros de datos al que se acusa de acaparar acceso a la red por encima de la realidad de su negocio y, por ende, estar creando una burbuja, además de taponar otros proyectos industriales.Discrepancias internasEl informe ha contado con el voto particular –en contra– de la consejera María Jesús Martín Martínez . Explica que «una cosa es la ‘explicitación’ de los motivos de denegación, y otra cosa, bien distinta, la determinación de qué requisitos finalistas (energéticos, ambientales y/o socioeconómicos) van a tener que condicionar la concesión de un permiso de acceso y conexión: esos requisitos pertenecen a la política energética y, por tanto, al Gobierno». Mantiene que «los objetivos de política energética […] están de acuerdo con el marco competencial que establece la LSE».Se trata de una norma que no ha dejado indiferente a nadie. Desde el sector de los centros de datos recuerdan, a raíz del real decreto, que en estos momentos hay una importante presión regulatoria sobre el sector. Una curiosa contradicción, puesto que aumentan la legislación sobre ellos, pero no les tienen en cuenta, reprenden fuentes cercanas al entorno de los ‘data center’.Los centros de datos están en el ojo del huracán por su gran consumo energético y sus necesidades de conexiónY no es el único reproche a esta futura ley. Estiman desde el sector que algunas medidas que quieren llevar a cabo requiere de unos plazos y unos trámites burocráticos excesivos. Por ejemplo, en el asunto de la reutilización del calor –que ya es punto de fricción por lo que declara Competencia–, donde ya existen proyectos que lo hacen, existe demasiada ambigüedad e incertidumbre de cómo se debería hacer.Ahora está por ver si Transición Ecológica toma el guante cuando haga el documento final del real decreto y perfila o matiza las cuestiones sobre el acceso y conexión a la red eléctrica, que será clave para el sector. El pasado mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica lanzaba a audiencia e información pública el proyecto de real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Al sector, que tuvo que ponerse en faena para mandar sus observaciones, no le cayó muy bien la «agosticidad» del asunto. Y ahora, para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también hay cuestiones que no encajan. Principalmente, que sea el Ejecutivo quien pueda arrogarse la capacidad de determinar el acceso a la red eléctrica de los ‘data center’.Así lo ha dejado escrito en negro sobre blanco el regulador en el informe que ha emitido sobre este real decreto. Llega en un momento clave para el sector de los centros de datos por su gran crecimiento, y también por la polémica que les acompaña sobre su conexión a la red eléctrica y la alta demanda que tienen. Sobre esta primera cuestión es la observación más grande que hace el organismo que preside Cani Fernández.En concreto, explica que «el proyecto de real decreto incorpora la exigencia de cumplir criterios de eficiencia energética (como la reutilización del calor residual) como condición para la obtención de permisos de acceso y conexión. Se considera que este requisito supone la creación de un nuevo motivo de denegación no previsto en la Ley del Sector Eléctrico , por lo que debería revisarse su encaje normativo». De esta forma, lanza un aviso que deberá tener en cuenta el equipo que lidera la ministra Sara Aagesen.Noticia relacionada general No No Red Eléctrica se enroca con el apagón y no reserva dinero para causas legales en sus cuentas Raúl MasaLa puntilla la pone el regulador al asegurar que «la Ley atribuye a la CNMC la competencia para definir mediante Circular los motivos de denegación de acceso y conexión. Por tanto, la inclusión de estos criterios, en caso de incorporarse en la normativa, correspondería a la CNMC », sentencia.Esta puntualización al real decreto llega en un momento de máxima tensión con el sector de los centros de datos al que se acusa de acaparar acceso a la red por encima de la realidad de su negocio y, por ende, estar creando una burbuja, además de taponar otros proyectos industriales.Discrepancias internasEl informe ha contado con el voto particular –en contra– de la consejera María Jesús Martín Martínez . Explica que «una cosa es la ‘explicitación’ de los motivos de denegación, y otra cosa, bien distinta, la determinación de qué requisitos finalistas (energéticos, ambientales y/o socioeconómicos) van a tener que condicionar la concesión de un permiso de acceso y conexión: esos requisitos pertenecen a la política energética y, por tanto, al Gobierno». Mantiene que «los objetivos de política energética […] están de acuerdo con el marco competencial que establece la LSE».Se trata de una norma que no ha dejado indiferente a nadie. Desde el sector de los centros de datos recuerdan, a raíz del real decreto, que en estos momentos hay una importante presión regulatoria sobre el sector. Una curiosa contradicción, puesto que aumentan la legislación sobre ellos, pero no les tienen en cuenta, reprenden fuentes cercanas al entorno de los ‘data center’.Los centros de datos están en el ojo del huracán por su gran consumo energético y sus necesidades de conexiónY no es el único reproche a esta futura ley. Estiman desde el sector que algunas medidas que quieren llevar a cabo requiere de unos plazos y unos trámites burocráticos excesivos. Por ejemplo, en el asunto de la reutilización del calor –que ya es punto de fricción por lo que declara Competencia–, donde ya existen proyectos que lo hacen, existe demasiada ambigüedad e incertidumbre de cómo se debería hacer.Ahora está por ver si Transición Ecológica toma el guante cuando haga el documento final del real decreto y perfila o matiza las cuestiones sobre el acceso y conexión a la red eléctrica, que será clave para el sector.
El pasado mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica lanzaba a audiencia e información pública el proyecto de real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Al sector, que tuvo que ponerse … en faena para mandar sus observaciones, no le cayó muy bien la «agosticidad» del asunto. Y ahora, para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también hay cuestiones que no encajan. Principalmente, que sea el Ejecutivo quien pueda arrogarse la capacidad de determinar el acceso a la red eléctrica de los ‘data center’.
Así lo ha dejado escrito en negro sobre blanco el regulador en el informe que ha emitido sobre este real decreto. Llega en un momento clave para el sector de los centros de datos por su gran crecimiento, y también por la polémica que les acompaña sobre su conexión a la red eléctrica y la alta demanda que tienen. Sobre esta primera cuestión es la observación más grande que hace el organismo que preside Cani Fernández.
En concreto, explica que «el proyecto de real decreto incorpora la exigencia de cumplir criterios de eficiencia energética (como la reutilización del calor residual) como condición para la obtención de permisos de acceso y conexión. Se considera que este requisito supone la creación de un nuevo motivo de denegación no previsto en la Ley del Sector Eléctrico, por lo que debería revisarse su encaje normativo». De esta forma, lanza un aviso que deberá tener en cuenta el equipo que lidera la ministra Sara Aagesen.
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La puntilla la pone el regulador al asegurar que «la Ley atribuye a la CNMC la competencia para definir mediante Circular los motivos de denegación de acceso y conexión. Por tanto, la inclusión de estos criterios, en caso de incorporarse en la normativa, correspondería a la CNMC», sentencia.
Esta puntualización al real decreto llega en un momento de máxima tensión con el sector de los centros de datos al que se acusa de acaparar acceso a la red por encima de la realidad de su negocio y, por ende, estar creando una burbuja, además de taponar otros proyectos industriales.
Discrepancias internas
El informe ha contado con el voto particular –en contra– de la consejera María Jesús Martín Martínez. Explica que «una cosa es la ‘explicitación’ de los motivos de denegación, y otra cosa, bien distinta, la determinación de qué requisitos finalistas (energéticos, ambientales y/o socioeconómicos) van a tener que condicionar la concesión de un permiso de acceso y conexión: esos requisitos pertenecen a la política energética y, por tanto, al Gobierno». Mantiene que «los objetivos de política energética […] están de acuerdo con el marco competencial que establece la LSE».
Se trata de una norma que no ha dejado indiferente a nadie. Desde el sector de los centros de datos recuerdan, a raíz del real decreto, que en estos momentos hay una importante presión regulatoria sobre el sector. Una curiosa contradicción, puesto que aumentan la legislación sobre ellos, pero no les tienen en cuenta, reprenden fuentes cercanas al entorno de los ‘data center’.
Los centros de datos están en el ojo del huracán por su gran consumo energético y sus necesidades de conexión
Y no es el único reproche a esta futura ley. Estiman desde el sector que algunas medidas que quieren llevar a cabo requiere de unos plazos y unos trámites burocráticos excesivos. Por ejemplo, en el asunto de la reutilización del calor –que ya es punto de fricción por lo que declara Competencia–, donde ya existen proyectos que lo hacen, existe demasiada ambigüedad e incertidumbre de cómo se debería hacer.
Ahora está por ver si Transición Ecológica toma el guante cuando haga el documento final del real decreto y perfila o matiza las cuestiones sobre el acceso y conexión a la red eléctrica, que será clave para el sector.
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