Álbano Sánchez, de 39 años, es el hijo mayor de Mariángeles Pulido, de 67, y de Ángel Sánchez, de 70, y los tres viven a 600 metros de la acampada de la Puerta del Sol. Llevan residiendo allí desde que se hipotecaron con Bankia hace más de 20 años. Sin embargo, según describen, la hipoteca pasó a ser propiedad de CaixaBank y no han conseguido llegar a un acuerdo sobre los pagos de las cuotas, que según cuentan abonaban. Finalmente, les llegó la notificación de que tenían que abandonar la vivienda hace dos meses, el 31 de julio.
Los activistas por la vivienda buscan nuevas vías para mejorar su organización y poder intentar frenar más lanzamientos
Álbano Sánchez, de 39 años, es el hijo mayor de Mariángeles Pulido, de 67, y de Ángel Sánchez, de 70, y los tres viven a 600 metros de la acampada de la Puerta del Sol. Llevan residiendo allí desde que se hipotecaron con Bankia hace más de 20 años. Sin embargo, según describen, la hipoteca pasó a ser propiedad de CaixaBank y no han conseguido llegar a un acuerdo sobre los pagos de las cuotas, que según cuentan abonaban. Finalmente, les llegó la notificación de que tenían que abandonar la vivienda hace dos meses, el 31 de julio.
El marido, Ángel Sánchez, es diabético y en los últimos cinco años ha perdido las dos piernas. Desde hace un año vive en el sofá de la casa, sin poder moverse. Minutos antes de la hora prevista para el desahucio el miércoles, la auxiliar de enfermería que acude dos veces al día para asearlo y cuidarlo sale del portal y afirma que desconocía que esa mañana estaba previsto el lanzamiento.
Tras una noche sin dormir, Mariángeles Pulido, su esposa, no sabía cómo actuar. La única que la aconsejaba era Irene Carballo, de 27 años, una chica a la que había conocido el día anterior, cuando fue a buscar ayuda a la acampada. Carballo reconoce que ella “no sabe qué hacer” en un lanzamiento y, al grito de “despertad, hay un desahucio cerca, necesitamos gente”, alertó a toda la acampada.
Aunque Carballo se siente “frustrada” con la coordinación que ha habido para detener este desahucio, uno de los principales objetivos de la acampada es planificarse para poder actuar mejor ante este tipo de situaciones. Desde la primera semana se empezaron a organizar por nodos en función de la zona de Madrid. Y, ahora, después de marchar hasta el Congreso, tras la muerte de Maricarmen de 87 años, bajo el grito “no son desahucios, son asesinatos”, ese sentimiento de lucha ha crecido. Entre las asociaciones que se encuentran acampadas, buscan la manera de gestionarse mejor para poder luchar por una vivienda digna.
Tras el grito de socorro de Carballo, quienes estaban empezando a despertarse acudieron a la llamada. Algo más de 50 personas se reunieron frente a la puerta de Mariángeles para evitar lo que consideran una “injusticia”.
Mientras tanto, Ángel, como durante el último año de su vida, permanece impasible, sentado en el sofá de su casa mirando la televisión. No habla, solo observa la escena y escucha los gritos de los acampados que están fuera y han acudido para intentar detener al posible despliegue policial y a la comisión judicial. “Este desahucio lo vamos a parar”, corean.
Su hijo, según cuenta, había intentado quitarse la vida cuatro veces. La última, tres días antes de la fecha en la que estaba asignado su desahucio del piso en el que vive con sus padres.
Finalmente, media hora después de la hora prevista para el lanzamiento, sube un equipo de tres personas del Samur Social para evaluar la situación de vulnerabilidad de la familia. Pasan alrededor de 15 minutos y se marchan cuando la comisión judicial les informa de que se ha paralizado el desahucio. “Son vulnerables”, sentencian. Mariángeles se lo comunica a su marido, que continúa inmutable, y madre e hijo bajan a celebrarlo con las personas que se habían movilizado. La celebración dura poco. Apenas cinco minutos después, entre los manifestantes se escucha otro grito: “Están desalojando a una familia con tres niños en Orcasitas”.
Esta vez, los acampados no llegaron a tiempo. Cuando aparecieron, solo pudieron encontrarse el cordón policial y, al lado, a Violeta Escudero, de 26 años, ya fuera de la vivienda, con el carrito de su bebé. Con ella han acabado en la calle su marido, Miguel López, de 26 años, y sus tres niñas, de uno, siete y nueve años.
Llevaban viviendo allí 15 años, en un piso social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). A pesar de intentar regularizar su situación, nunca consiguieron un contrato. Hace dos meses les llegó la carta en la que se les comunicaba que tenían que abandonar la vivienda. Pese a todo el despliegue policial, la familia se ha marchado en silencio y sin oponer resistencia. La madre de las niñas cuenta que el día anterior estuvo hasta la una de la madrugada en la acampada buscando gente que pudiera ayudarla a frenar el desahucio. Pero, esta vez, no fue posible. María Izquierdo, de 27 años, lleva ocho días en una tienda de campaña en Sol. Primero fue al anterior desahucio y, después, se desplazó hasta Orcasitas lo más rápido que pudo, pero llegó tarde. “Tengo una pena que no me la quito de encima, he llorado”, explica.
De momento, la familia se irá a casa de la abuela del marido, donde, según describen, van a ser 13 personas en un piso de tres habitaciones. Esta tarde, sin embargo, tienen previsto pasar por la acampada para pedir ayuda, buscar asesoramiento y organizarse. José Luis Hernández, de 36 años, lleva más de una semana acampado, les ha dado su teléfono y no deja de repetirles que vayan a verlos a Sol.
Ha sido una mañana movida para los acampados. Estos no eran los únicos desahucios previstos. Había otro convocado a las 11.00 en San Sebastián de los Reyes. Allí, gracias a la Asamblea de Vivienda de Alcosanse, que trabaja en la zona, se movilizaron más de 100 personas. Entre ellos, varios sindicatos presentes en la acampada asistieron a bloquear el lanzamiento.
En este caso, la persona afectada utiliza el nombre de Pau para mantener el anonimato y está en la cincuentena. Desde la asamblea aseguran que estuvieron negociando hasta última hora de la noche anterior para intentar bloquear el desahucio. Finalmente, el lanzamiento quedó paralizado por una situación de “vulnerabilidad”, según explican.
Ha sido un día en el que, aunque lo han intentado, los acampados no han podido llegar a todos lados. De los tres desahucios previstos, uno se ha ejecutado, precisamente el de una familia que no pudo contar con el apoyo de ninguna organización o activistas. Mientras permanecen en la Puerta del Sol para reivindicar el derecho a una vivienda digna, los lanzamientos continúan. Israel Berrio, de 47 años, fue esa mañana a detener el desalojo de Pau, pero no está tranquilo: “Mañana hay otros dos desahucios”, sentencia.
