El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, atribuye al expresidente del Gobierno la orden de crear “al menos” una sociedad off shore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para cobrar la comisión por conseguir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Este es uno de los vínculos que, según el magistrado, apunta directamente a la participación del exlíder de los socialistas en la organización investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y otros delitos conexos.
Una empresa de Julio Martínez firmó con la aerolínea un contrato para cobrar el 1% del rescate. Seis días después, según el juez, el expresidente mandó constituir una sociedad ‘off shore’ participada al 100% por esa empresa que iba a recibir la comisión
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, atribuye al expresidente del Gobierno la orden de crear “al menos” una sociedad off shore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para cobrar la comisión por conseguir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Este es uno de los vínculos que, según el magistrado, apunta directamente a la participación del exlíder de los socialistas en la organización investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y otros delitos conexos.
En la resolución en la que acuerda la imputación de Zapatero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez subraya que Plus Ultra suscribió en enero de 2021 un contrato en el que concedía un 1% (más IVA) de los 53 millones de euros del rescate a la mercantil española Idella Consulenza Strategica, una entidad de Julio Martínez Martínez (empresario alicantino amigo de Zapatero detenido en diciembre del pasado año). Y recalca que seis días después de esa firma se iniciaron —supuestamente por orden de Zapatero— las gestiones para constituir Landside, una sociedad en Dubái a la que transferir esos fondos.
Según la investigación, esa entidad off shore estaba participada al 100% por Idella —la empresa que iba a cobrar la comisión por el rescate— y contaba con un plan de negocio que preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años. La sociedad creada en “la zona franca de Dubái” se diseñó con la supuesta intención de ofrecer “servicios de consultaría profesional” a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en “tener presencia y/o hacer negocios” en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de dicho país interesadas en “expandir sus negocios” en España y Latinoamérica.
El juez considera que, en realidad, con dicha sociedad la presunta trama trataba de canalizar a Emiratos Árabes Unido la comisión por el rescate, para evitar así su “trazabilidad” en territorio español. Hasta ahora, uno de los puntos claves de las pesquisas estaba, precisamente, en el supuesto contrato del 1% que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había encontrado en el ordenador de Martínez Martínez durante los registros de diciembre.
Calama sostiene que “consta indiciariamente acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de (su secretaria) María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco)”. Según relata, todo empezó con una reunión que mantuvieron el propio expresidente del Gobierno, Martínez Martínez, y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre del Gobierno de Dubái.
De acuerdo a la investigación, al día siguiente de aquel encuentro, Guerrero Blanco envió un email a Martínez Martínez detallándole la documentación necesaria para la constitución de la sociedad en el país del golfo Pérsico, “según lo conversado ayer”. También le puso en contacto con responsables de la zona franca para que le orientasen en el proceso para establecerse en el aeropuerto de Dubái.
“De la cadena de correos electrónicos intercambiados se desprende que, a iniciativa del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, se concierta una reunión en un restaurante, realizándose finalmente una reserva para dos personas a nombre de Julio, cuya formalización corre a cargo de un empleado de José Luis Rodríguez Zapatero. De ello se infiere que las instrucciones parten necesariamente de este último, quien promueve la reunión”, señala el juez.
Calama considera que el contrato del 1%, la reunión en la que participó Zapatero y la ausencia de pagos en España tras el rescate refuerza la hipótesis de que la sociedad de Emiratos Árabes Unidos se podría haber creado “para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”. Así las cosas, entiende que hay indicios suficientes en esta “fase embrionaria” de la investigación de la existencia de una estructura societaria y financiera internacional diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional. Un patrón que, según el juez, encaja en el delito de blanqueo de capitales.
Para el instructor, el contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero no fue casual, sino que respondió a la existencia de esta trama presuntamente organizada. Por ello, ha citado a declarar al expresidente del Gobierno el próximo 2 de junio en el marco de la investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.
Zapatero ha difundido un vídeo en el que asegura que ya ha recibido la citación y que tiene todo el deseo de “colaborar con la justicia”. El dirigente ha aprovechado para reivindicar que “toda” su actividad pública y privada “se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”. “Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo”, ha defendido.
