El magistrado José Luis Calama ha abierto una línea de investigación donde se indaga la supuesta vinculación del comisario Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, con varios implicados en el bautizado como caso Plus Ultra, que se instruye en la Audiencia Nacional. Según recoge la documentación incorporada al sumario, al que tuvo acceso EL PAÍS, el juez ha dado el paso después de que la Fiscalía Anticorrupción apunte en varios escritos que el alto mando policial mantenía “una relación tan próxima como extrañamente justificable” con un miembro de la red, del que presuntamente recibió, al menos, 7.000 euros en efectivo y regalos como botellas de vino de alto valor cuando era el máximo responsable policial del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. Gómez Martín ocupaba este puesto cuando se produjo en este aeródromo el encuentro el 20 de enero de 2020 entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la en aquel momento vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones que pesaban sobre el régimen de Nicolás Maduro. En noviembre de 2022, el ministro Fernando Grande-Marlaska lo ascendió a jefe superior de Canarias.
Anticorrupción sospecha que el comisario Gómez Martín, actual jefe superior de Canarias, pudo recibir dinero y regalos por hacer favores en el aeropuerto de Barajas
El magistrado José Luis Calama ha abierto una línea de investigación donde se indaga la supuesta vinculación del comisario Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, con varios implicados en el bautizado como caso Plus Ultra, que se instruye en la Audiencia Nacional. Según recoge la documentación incorporada al sumario, al que tuvo acceso EL PAÍS, el juez ha dado el paso después de que la Fiscalía Anticorrupción apunte en varios escritos que el alto mando policial mantenía “una relación tan próxima como extrañamente justificable” con un miembro de la red, del que presuntamente recibió, al menos, 7.000 euros en efectivo y regalos como botellas de vino de alto valor cuando era el máximo responsable policial del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. Gómez Martín ocupaba este puesto cuando se produjo en este aeródromo el encuentro el 20 de enero de 2020 entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la en aquel momento vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones que pesaban sobre el régimen de Nicolás Maduro. En noviembre de 2022, el ministro Fernando Grande-Marlaska lo ascendió a jefe superior de Canarias.
El ministerio público inició la investigación sobre el comisario Gómez Martín en diciembre, tras descubrir entre los mensajes intervenidos dos meses antes en el teléfono móvil del abogado Miguel Palomero, al que la justicia francesa implicaba en una red de blanqueo de capitales internacional y que está imputado en el caso Plus Ultra, varias cadenas de mensajes con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que se citaba al mando policial en varias ocasiones y de las que infiere que se habla de “peticiones de favores y presuntas gratificaciones que sugieren delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con funcionarios policiales e incluso con autoridades judiciales”.
En una de estas conversaciones, fechada el 6 de marzo de 2020, Palomero anuncia a su interlocutor que va “a sacar los 7.000 euros para el amigo”. “[¿]Q[ué] amigo[?]”, le pregunta Diazgranados. “Para Jesús el comisario”, es la respuesta del abogado, que añade que, precisamente, está comiendo con él y con una tercera persona. Por lo que el empresario le insta así al letrado: “Siii Dale lo de Jesús [sic]”. En otra conversación, esta de noviembre del mismo año, los mismos interlocutores hablan presuntamente sobre su relación con el mando policial y la supuesta entrega de regalos a este, según detalla Anticorrupción en uno de sus escritos.
—La verdad es que se está portando Jesús maravillosamente —afirma Palomero.
—Bueno, nosotros nos portamos también con él— responde Diazgranados.
—La verdad es que sí nos portamos súper súper bien.
La Fiscalía vincula los supuestos pagos al comisario a, al menos, dos hechos concretos. Por un lado, a un incidente en el que se vio implicado el hijo menor de Diazgranados, Francisco Alfonso, conocido como Kiko, quien el 27 de mayo de 2019 en el control de fronteras de un vuelo Madrid-Miami fue detenido “por falsedad documental”. Anticorrupción detalla que la trama realizó “gestiones para paralizar el procedimiento penal ‘tocando’ a autoridades situadas en muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial”; e impulsó “acciones dirigidas al borrado de información negativa de Kiko al nivel de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos, que pudieran impedir a este viajar de nuevo a ese país”.
En este sentido, el informe de Anticorrupción recoge una conversación de noviembre de 2020 en la que Palomero califica de “muy fructífera” una reunión que supuestamente había mantenido ese día con el comisario entonces al frente del aeropuerto de Barajas. “Acabo de hablar con Kiko, dile que te cuente”, le dice el abogado a Diazgranados. “Q[ué] bien. Ya le pregunto”, es la respuesta del empresario venezolano. “Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko”, le confirma Palomero.
Anticorrupción también se refiere a supuestos “particulares favores” del alto mando policial “para facilitar la llegada de personas próximas a Danilo [Diazgranados] para presuntamente evitar los controles de aduanas”. Y en concreto se refiere de la entrada en Madrid por vía aérea, en junio de 2021 y febrero de 2022, de una ciudadana venezolana, Norka L. M.
Por último, la Fiscalía pone también el foco en el aeropuerto de Cuatro Vientos, cuyo “uso para vuelos privados y el control sobre el mismo del comisario pudo haber servido para la realización de negocios cuya naturaleza ilícita y alcance está por determinar”. Anticorrupción menciona una conversación del 4 de mayo de 2021, en la que se habla de la “mano derecha” del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, “con toda probabilidad Koldo García”, según añade el escrito. El ministerio público, a su vez, añade como un indicio más de la supuesta relación de Gómez Martín con la trama el hallazgo, durante el registro de la sede de la compañía en diciembre, de una tarjeta de visita del comisario con el número de su teléfono móvil manuscrito en el anverso.
Ante estos indicios, Anticorrupción pidió el pasado 22 de diciembre a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigara al comisario, con la advertencia de que sobre dichas pesquisas debía informar “única y exclusivamente a esta Fiscal investigadora, con exclusión de otra norma y protocolo de carácter policial interno relativo a la dación de cuenta a la Unidad de Asuntos Internos”. En concreto, les pidió un informe en el que se detallasen “las atribuciones que el cargo de Comisario del puesto fronterizo del aeropuerto Madrid Adolfo Suárez Barajas otorgaba a Gómez Martín con particular concreción en su capacidad operativa en ese aeropuerto y/o en otro u otros de Madrid, como es el caso del aeropuerto de Cuatro Vientos”. También sobre “sus competencias relacionadas con el control de pasaportes, el control de áreas restringidas, el control de llegadas/salidas de vuelos tanto de compañías aéreas como de vuelos privados y otras circunstancias que se consideren de interés”. Fiscalía también pedía a los agentes de la UDEF que investigaran el “nivel de vida” del mando policial, con casi 40 años de servicio, en un informe en el que debían incluir “la eventual existencia de bienes a nombre de terceros próximos o afines a él así como cualquier circunstancia determinante, en su caso, de un modo de vida real acorde o desacorde con sus ingresos conocidos”.
En febrero de este año, la Fiscalía remitió los informes que la UDEF había elaborado al juzgado de instrucción 15 de Madrid, que envió todas las pesquisas del caso Plus Ultra (incluida esta parte) a la Audiencia Nacional. La pasada semana, el magistrado José Luis Calama ordenó abrir dos piezas separadas “para la investigación de los hechos puestos de manifiesto en [esos] atestados de la UDEF, relativos a posibles ilícitos penales”. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el comisario para conocer su versión, pero ha declinado el ofrecimiento.
