El juez Pedraz avala las investigaciones de la UCO sobre hidrocarburos puestas en duda por Leire Díez

El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, ha dictado un auto en el que avala la investigación de la Unidad Central Operativa (UC0) de la Guardia Civil en el caso Gaslow, una de las causas por un presunto fraude de IVA de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y ha rechazado el recurso de nulidad presentado por uno de los investigados, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este asegura que tanto la UCO ―donde él estuvo destinado― como la fiscalía habían hecho un “caprichoso manejo” de las diligencias instruidas en otro procedimiento diferente de hidrocarburos, clasificando arbitrariamente la información. “El presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación por la UCO. Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia“, concluye de modo categórico Pedraz en un auto fechado este martes.

La resolución del magistrado llega dos semanas después de que salieran a la luz grabaciones incompletas de la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, donde intentan convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les pasara información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y encargado de las pesquisas de cuatro casos que afectan al Gobierno y el PSOE. También es el responsable policial de la investigación de varias causas sobre el fraude en el IVA de los hidrocarburos, entre ellos uno en el que es investigado el empresario y comisionista Víctor de Aldama, conseguidor de la trama del caso Koldo en las que está presuntamente implicado el exministro socialista José Luis Ábalos.

Sánchez Yepes, antiguo oficial de la UCO que se desligó de esta cinco meses antes de ser arrestado, está imputado en la causa por haber cobrado supuestamente más de 132.000 euros en criptomonedas a cambio de facilitar información al empresario Antonio Rodríguez Estepa, otro de los investigados y considerado como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio de Aldama. Por ello, está investigado por violación de secretos, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

El auto señala que, durante las pesquisas, no hubo “vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento” y que, “en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso”. “En la presente causa ni Yepes ni García Pérez [otro de los investigados] han sufrido indefensión alguna”, concluye el juez.

Ante esas supuestas “ocultaciones” a las que hace referencia el investigado en otro procedimiento, instruido en otro juzgado de la Audiencia Nacional, Pedraz le responde que “lo actuado fuera de un proceso judicial y/o que no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado por el juez”. Es más, añade que él está “vedado” para revisar un procedimiento de otro juzgado, ni siquiera si el investigado incorpora —como hizo en su escrito de origen de la solicitud de nulidad— “fotos” de ese otro procedimiento. “No es sino una visión parcial. De ahí que en el auto recurrido se diga que lo alegado son ‘meras conjeturas”, aparece en el escrito del magistrado.

Pedraz también señala que le “resulta inoportuno” que se afirme que “nos encontramos ante un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a ‘Koldo”. Y destaca: “La ‘prensa’ no está en la causa y el nombre de “Koldo” (o “Bonilla” [en referencia a un oficial de la Guardia Civil que también ha salido citado de manera reiterada tras conocerse las grabaciones de Leire Díez]) no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático».

De cualquier modo, el magistrado advierte que si la defensa considera que el procedimiento del otro juzgado de la Audiencia Nacional y el que él instruye debería haberse seguido en uno solo (acumulado), “lo que tendría que hacer no es plantear la nulidad, sino seguir los cauces procesales adecuados”.