El juez que investiga a Leire Díez envía a la UCO a Ferraz a requerir documentación e imputa a Cerdán, Zarrías y a la gerente del partido

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir diversa documentación relacionada con el llamado caso SEPI, una supuesta trama de corrupciónpor la que, entre otros, está imputada la exmilitante y excargo público socialista Leire Díez, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a las pesquisas. En el transcurso del mismo operativo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los miembros del instituto armado están realizando varios registros, entre ellos en los domicilios en Madrid de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como del empresario Javier Pérez Dolset, añaden las mismas fuentes. Está previsto también que los agentes tomen declaración a varias personas. Fuentes jurídicas y de la investigación afirman que la causa incluye sospechas de pagos del PSOE a Leire Díez y a otras personas; y se centra igualmente en supuestos trabajos de “fontanería” contra jueces o fiscales.

En esta causa se investiga una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Según la investigación, los tres ―que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado Hiruro, “nosotros tres”, en euskera― formaron presuntamente una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales entre 2021 y 2023, y que para ello contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones. Todos ellos fueron acusados de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Entre las empresas salpicadas se encuentran Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); Sepides, adscrita a la SEPI; Servinabar; Forestalia, una mercantil de energías renovables; y Tubos Reunidos, para la que la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros (que contó con el preceptivo respaldo del Consejo de Ministros). Las mordidas, que según las primeras estimaciones superaron los 750.000 euros, se canalizaron supuestamente a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L.

Minutos después de conocerse la operación en marcha, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. “Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo de gobierno, no solo del Partido Socialista, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio”, ha dicho Feijóo en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control al Ejecutivo. Ya dentro del hemiciclo, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido “tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal” y ha pedido “respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia”.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez ha querido dar un mensaje de “tranquilidad” y colaboración durante una entrevista en Catalunya Radio: “El Partido Socialista es distinto al PP y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada”, ha apuntado.