La defensa del matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo alega que no existió una detención ilegal de los menores, sino que fue un aislamiento voluntario por el “miedo insuperable” que sentían los padres tras enfermar de coronavirus. Así lo ha dicho Javier Muñoz, uno de los abogados defensores del matrimonio, a la entrada de la segunda y última sesión del juicio que se celebra a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo.
Este miércoles concluye el juicio contra los progenitores que se enfrentan a penas de 25 años, mientras que la defensa pide su absolución
La defensa del matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo alega que no existió una detención ilegal de los menores, sino que fue un aislamiento voluntario por el “miedo insuperable” que sentían los padres tras enfermar de coronavirus. Así lo ha dicho Javier Muñoz, uno de los abogados defensores del matrimonio, a la entrada de la segunda y última sesión del juicio que se celebra a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo.
En declaraciones a los periodistas, la defensa del matrimonio ha rechazado que se aplique la “etiqueta estigmatizante” de la casa de los horrores, como fue bautizada por los medios de comunicación, porque a su juicio esa situación no existe.
“Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal”, ha apuntado el abogado tras señalar que se trata de una familia extranjera que “no conoce el idioma y que decide auto confinarse y educar a sus hijos en casa”.
Según el abogado de la madre, los padres crearon una “célula en la que vivieron aislados, si bien no ha habido ningún tipo de detención ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de deambular por el hogar”. Todo ello provocado por un “miedo insuperable e irracional tras haber estado enfermos durante bastante tiempo, por lo que no pudieron regularizar su situación en España”.
La defensa añade que los tres niños estaba aseados y no presentaban malformaciones. “Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico”, ha apuntado el letrado.
La abogada del padre ha sostenido que haber optado por la vía penal para resolver esta situación es “la más perjudicial porque se ha desmembrado una familia. No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo”, ha sostenido.
La defensa pide la absolución del matrimonio y la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno asturiano, solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.
El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un “miedo infundado a un hipotético contagio” y durante todo ese tiempo no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario alguno.
Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que contaba diez y que ahora viven bajo la tutela del Gobierno asturiano, estuvieron aislados de forma absoluta del mundo ya que, siempre según la versión del Ministerio Público, se les negó todo contacto con otras personas.
