La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre financiación autonómica ha abierto un debate tan ruidoso como tramposo. Se nos empuja a elegir bando entre quienes invocan la ‘solidaridad’ y quienes ahora defienden la ‘ordinalidad’, una noción importada al debate español por la Generalitat catalana según el cual una comunidad rica no debería quedar en peor posición relativa tras contribuir al sostenimiento del conjunto. Dicho así, suena razonable, pero distrae de lo esencial.La Constitución solo consagra dos principios en esta materia: solidaridad y coordinación entre administraciones. Todo lo demás es ingeniería política. La ordinalidad no es un principio constitucional, sino una coartada política: sirve para convertir una discusión que debería discurrir sobre la eficiencia del gasto en una pelea moral sobre quién paga demasiado y quién recibe poco. Es un debate que evita la pregunta incómoda: ¿en qué gastamos el dinero?El sistema de financiación autonómica español no falla tanto por cuánto redistribuye, sino por cómo incentiva. O, más exactamente, por cómo desincentiva. No premia la buena gestión ni castiga la mala. No fomenta la contención del gasto ni la eficiencia en los servicios. Al contrario: consolida comportamientos, cronifica resultados y convierte el reparto en un fin en sí mismo. En unas se financia la construcción nacional, en otras el folklore y el clientelismo político. Transferir más impuestos a las comunidades sin cambiar los incentivos es, como diría Okun, echar más agua a un cubo agujereado. El debate es aún más cínico si se observa quién participa y quién no. País Vasco y Navarra están fuera del sistema común. Cataluña, una de las regiones con mayor PIB de España, está dominada por fuerzas que no creen en la solidaridad interterritorial y que no tienen ningún interés en mejorar el sistema. La ordinalidad, en ese contexto, no es una herramienta técnica, sino una palanca política.Lo peor es que el sistema ya es plenamente ordinal. Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en 1980, Extremadura y Andalucía ocupaban los últimos puestos del ranking de PIB per cápita. Cuarenta años después, siguen ahí. El sistema ha repartido, pero no ha transformado. El contraste con Alemania es ilustrativo. Tras la Segunda Guerra Mundial , Baviera era la región más pobre del país: agraria, atrasada y periférica. Hoy es una de sus locomotoras económicas. No lo logró porque otros Länder la subvencionaran, sino porque el sistema federal combinó solidaridad con incentivos claros al desarrollo, a la inversión, a la disciplina fiscal y a la competencia institucional. Baviera no copió malas prácticas: compitió por hacerlo mejor.Ese es el debate que España evita. Mientras PSOE y PP se disputan quién es más solidario, nadie quiere discutir quién es más eficiente. Y sin ese debate, la ordinalidad no es una solución: es solo otro espejismo retórico en un sistema diseñado para que nada cambie. jmuller@abc.es La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre financiación autonómica ha abierto un debate tan ruidoso como tramposo. Se nos empuja a elegir bando entre quienes invocan la ‘solidaridad’ y quienes ahora defienden la ‘ordinalidad’, una noción importada al debate español por la Generalitat catalana según el cual una comunidad rica no debería quedar en peor posición relativa tras contribuir al sostenimiento del conjunto. Dicho así, suena razonable, pero distrae de lo esencial.La Constitución solo consagra dos principios en esta materia: solidaridad y coordinación entre administraciones. Todo lo demás es ingeniería política. La ordinalidad no es un principio constitucional, sino una coartada política: sirve para convertir una discusión que debería discurrir sobre la eficiencia del gasto en una pelea moral sobre quién paga demasiado y quién recibe poco. Es un debate que evita la pregunta incómoda: ¿en qué gastamos el dinero?El sistema de financiación autonómica español no falla tanto por cuánto redistribuye, sino por cómo incentiva. O, más exactamente, por cómo desincentiva. No premia la buena gestión ni castiga la mala. No fomenta la contención del gasto ni la eficiencia en los servicios. Al contrario: consolida comportamientos, cronifica resultados y convierte el reparto en un fin en sí mismo. En unas se financia la construcción nacional, en otras el folklore y el clientelismo político. Transferir más impuestos a las comunidades sin cambiar los incentivos es, como diría Okun, echar más agua a un cubo agujereado. El debate es aún más cínico si se observa quién participa y quién no. País Vasco y Navarra están fuera del sistema común. Cataluña, una de las regiones con mayor PIB de España, está dominada por fuerzas que no creen en la solidaridad interterritorial y que no tienen ningún interés en mejorar el sistema. La ordinalidad, en ese contexto, no es una herramienta técnica, sino una palanca política.Lo peor es que el sistema ya es plenamente ordinal. Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en 1980, Extremadura y Andalucía ocupaban los últimos puestos del ranking de PIB per cápita. Cuarenta años después, siguen ahí. El sistema ha repartido, pero no ha transformado. El contraste con Alemania es ilustrativo. Tras la Segunda Guerra Mundial , Baviera era la región más pobre del país: agraria, atrasada y periférica. Hoy es una de sus locomotoras económicas. No lo logró porque otros Länder la subvencionaran, sino porque el sistema federal combinó solidaridad con incentivos claros al desarrollo, a la inversión, a la disciplina fiscal y a la competencia institucional. Baviera no copió malas prácticas: compitió por hacerlo mejor.Ese es el debate que España evita. Mientras PSOE y PP se disputan quién es más solidario, nadie quiere discutir quién es más eficiente. Y sin ese debate, la ordinalidad no es una solución: es solo otro espejismo retórico en un sistema diseñado para que nada cambie. jmuller@abc.es
RSS de noticias de economia
