Con una larga ovación poco después de la una del mediodía, el Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles por unanimidad la ley para la erradicación del amianto, una norma que busca acelerar su retirada y reducir los riesgos que este material sigue representando para la salud pública.
El Govern prevé destinar unos 20 millones de euros anuales para retirar definitivamente un material muy nocivo para la salud
El Govern prevé destinar unos 20 millones de euros anuales para retirar definitivamente un material muy nocivo para la salud
Con una larga ovación poco después de la una del mediodía, el Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles por unanimidad la ley para la erradicación del amianto, una norma que busca acelerar su retirada y reducir los riesgos que este material sigue representando para la salud pública.
La ley, impulsada por el Govern, establece por primera vez un marco jurídico específico para coordinar la actuación de las administraciones catalanas en la detección, localización, gestión y eliminación del amianto presente en el territorio. Se calcula que en Cataluña todavía quedan cerca de cuatro millones de toneladas de fibrocemento con este material, buena parte instaladas entre las décadas de 1960 y 1980. Su comercialización quedó prohibida en España en 2001 debido a los graves efectos que su exposición puede provocar sobre la salud.
Tras la votación, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha recordado la «huella dolorosa» que el amianto ha dejado tanto en los trabajadores expuestos como en el conjunto de la población y en el medio ambiente. El texto obliga a las administraciones públicas a identificar, gestionar y retirar el amianto de los bienes de su titularidad y exige a las empresas especializadas garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores encargados de estas tareas.
La norma prevé además la creación de diversos instrumentos para facilitar su aplicación y establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100.000 euros para las infracciones muy graves. Según Paneque, la Generalitat ha destinado desde 2019 cerca de 100 millones de euros en subvenciones para la retirada de amianto y prevé consolidar convocatorias anuales dotadas con unos 20 millones de euros.
La también portavoz del Govern ha agradecido el trabajo realizado por el Ejecutivo de Pere Aragonès en la tramitación de la ley y ha tenido un recuerdo para las víctimas mortales de enfermedades derivadas de la exposición a este material. Preguntada por las posibles compensaciones a los afectados, ha admitido que se trata de una cuestión aún abierta y ha señalado que el debate deberá abordarse teniendo en cuenta la responsabilidad y la titularidad de los espacios donde se encontraba el amianto.
Afectados
En una rueda de prensa desde el Parlament tras la votación de la ley, extrabajadores de la fábrica Macosa-Alstom de Barcelona y de asociaciones de vecinos que han trabajado en el impulso de la ley, han calificado de “hito histórico” la aprobación de la norma, pero han advertido que debe contar con “los recursos económicos” y la unidad de las administraciones, según Miguel Moreno, extrabajador de la compañía.
El exempleado ha señalado que la norma puede tener un impacto importante a nivel global porque se trata de una ley “pionera a nivel internacional”, y ha defendido que la retirada del amianto se haga de forma segura y con el apoyo de las administraciones. Además, ha añadido que al menos unos 40 compañeros han enfermado o fallecido por los efectos del amianto, ha destacado que la norma se toma el “compromiso de que no vuelva a ocurrir en el futuro”, y ha considerado que las administraciones y las empresas deben hacerse responsables de que ocurriera en el pasado.
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