El Parlamento israelí ha aprobado su disolución durante la madrugada de este viernes y ha dado inicio al proceso electoral, que culminará con la celebración de comicios generales el 27 de octubre. La legislatura, cuyo fin se hará efectivo el sábado, ha terminado con un maratón parlamentario en el que la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aprobado, durante los últimos días, múltiples leyes que expanden el control del Gobierno ―por ejemplo, sobre los medios y el cargo de fiscal general― y eliminan importantes contrapesos a los poderes del Ejecutivo.
La coalición de Netanyahu se examinará en octubre en las urnas por primera vez desde los ataques de Hamás y las inacabadas guerras en Gaza, Líbano e Irán
El Parlamento israelí ha aprobado su disolución durante la madrugada de este viernes y ha dado inicio al proceso electoral, que culminará con la celebración de comicios generales el 27 de octubre. La legislatura, cuyo fin se hará efectivo el sábado, ha terminado con un maratón parlamentario en el que la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aprobado, durante los últimos días, múltiples leyes que expanden el control del Gobierno ―por ejemplo, sobre los medios y el cargo de fiscal general― y eliminan importantes contrapesos a los poderes del Ejecutivo.
El mandatario (ha estado en el cargo 19 de los 78 años desde la fundación de Israel) inicia ahora su duodécima campaña electoral con el reto de renovar la actual coalición. El Gobierno más derechista en la historia del país se examinará en los primeros comicios desde los ataques de Hamás en 2023 y desde el estallido de las inacabadas guerras que vinieron después en Gaza, Líbano e Irán. Esos conflictos le han costado a Israel una significativa pérdida de popularidad global, mientras existen procesos en la justicia internacional que ven indicios de graves violaciones del derecho humanitario.
Antes de la disolución del Parlamento, distintos partidos de la coalición ―que incluye ultranacionalistas y ultraortodoxos― se han prestado apoyo mutuo para aprobar varias votaciones a toda prisa. Han buscado con ello reforzar acuerdos de coalición existentes y el compromiso de seguir trabajando juntos después de las elecciones en caso de que los votos se lo permitan.
La medida más controvertida llegó el miércoles. La Cámara aprobó (ante la ausencia de Netanyahu, y con 65 votos a favor y 51 en contra) una ley para debilitar los poderes del fiscal general, uno de los pocos controles que existen en Israel sobre el Gobierno. La legislación, descrita por los críticos como parte del golpe judicial iniciado en 2023 para poner a la clase política por encima del Estado de derecho, permite a los ministros rechazar las posiciones de la Fiscalía, ahora vinculantes. La abogada Gali Baharav-Miara, que se ha enfrentado varias veces a Netanyahu, es actualmente la fiscal general y la nueva norma posibilita al Ejecutivo el nombramiento y despido del cargo.
La formación del ultraderechista Bezalel Smotrich, impulsora de la ley, argumenta que “fortalece la democracia israelí” y restablece la autoridad de los líderes electos, al dejar de subordinarlos a miembros del sistema judicial no elegidos directamente por el sufragio universal. El partido anticipa que, si vuelven a formar coalición, pretende ampliar la “reforma”, impidiendo que el fiscal general pueda procesar a altos funcionarios.
El Gobierno de Netanyahu ―acusado en tres casos de corrupción― impulsó la medida después de que el Tribunal Supremo le impidiera, en 2025, apartar a Baharav-Miara, a la que el Ejecutivo acusa de boicotear su actividad política. El fiscal general adjunto, Gil Limon, ha advertido de que la normativa “normalizará violaciones sistemáticas de la ley”, cuya aprobación interpreta como una forma de sus impulsores de quitarse las “máscaras”.
El acelerón legislativo incluyó este jueves una ley (aprobada por 53 votos frente a 48) que expande la influencia del Gobierno sobre los medios, anulando el órgano regulador del sector y reemplazándolo por un consejo donde la mayoría será puesta a dedo por el ministro de Comunicación. La legislación, que se teme que allanará el camino para la injerencia política en la información, otorga al Ejecutivo mayor peso en la asignación de publicidad estatal y exime al Canal 14, una cadena progubernamental, de una serie de responsabilidades tasadas en unos 12 millones de euros anuales.
Shlomo Karhi, actual ministro de Comunicación y del Likud de Netanyahu, celebró la aprobación de “una reforma derechista de medios de comunicación”. El primer ministro no votó la norma; uno de los juicios contra él es precisamente sobre su control de la prensa. Karhi también aseguró que el Tribunal Supremo “no tiene autoridad para anular leyes”, después de que el Gobierno se haya convertido en el primero en ignorar un fallo del alto tribunal sobre la reforma del regulador de medios. “Ciudadanos de Israel, hemos vencido al Estado profundo”, proclamó el ministro.
Antes, a inicios de la semana, la Kneset aprobó medidas para proteger la exención militar de los ultraortodoxos —unos socios fiables, con quienes el dirigente ha gobernado varias veces—. La exención empezó durante la fundación de Israel para permitir que 400 eruditos religiosos se dedicaran al estudio de la Torá, pero la medida beneficia hoy a unas 90.000 personas de esa comunidad e irrita a otros sectores de la sociedad, sobre quienes recae el peso de la defensa del país y un periodo más prolongado como reservistas en un momento de múltiples frentes abiertos por Israel.
El trigesimoséptimo Ejecutivo israelí, considerado por ONG israelíes como el que más ha avanzado en la anexión de facto de Cisjordania, se centra ahora en una carrera electoral en la que las primeras encuestas le son desfavorables. Según un sondeo emitido el miércoles por el Canal 12, los partidos judíos de la oposición podrían lograr la mayoría en el Parlamento sin necesidad de unirse a las listas árabes. La actual coalición se quedaría en 50 escaños, lejos de los 61 que conforman la mitad más uno.
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