El plan de choque contra la multirreincidencia desatasca 500 juicios en dos meses

La lucha contra la delincuencia multirreincidente en Barcelona tiene dos escenarios y dos velocidades. El primero está en la calle, donde efectivos de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han sacado pecho con el despliegue de sucesivos dispositivos Kanpai que ha culminado con centenares de detenciones. El segundo se juega en los tribunales, donde la actuación no es ni mucho menos tan inmediata, lo que forzó a un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Justicia para poner en marcha un plan de choque con 10 nuevos magistrados que ayudara a digerir esos juicios rápidos. La nueva infraestructura judicial se puso en marcha en mayo y, desde entonces, ha despachado 495 casos en las tres salas donde se instruyen, según datos del Juzgado decano de Barcelona. Esa cifra se suma a los otros juicios del mismo tipo que celebran en otras salas de Barcelona.

El acuerdo entre administraciones permitió poner en marcha el equivalente a cuatro juzgados de lo penal, tal y como lo difundieron las administraciones, lo que permitirá señalar en los seis meses de vigencia, hasta noviembre, 1.600 juicios rápidos, esos que la ley obliga a celebrar dos semanas después de las detenciones y con el condicionante de que las penas impuestas no puedan suponer nunca más de los cinco años de prisión. Hay que tener en cuenta que la convocatoria del juicio no supone la celebración definitiva, a causa de problemas diversos, el principal de los cuales es la no personación de implicados en la causa. Para tener una idea del volumen de juicios dentro de la actividad normal de los juzgados de Barcelona, el año pasado se acabaron celebrando 5.284 juicios sobre 6.675 que fueron señalados. Es decir, la capacidad de los nuevos magistrados supone añadir un 24% adicional de capacidad de fuego.

Ese trabajo ha permitido digerir parte del colapso judicial que sufre Barcelona (y Cataluña, la comunidad autónoma que a ojos del Consejo General del poder Judicial requiere de más juzgados nuevos), pero la jueza decana de la ciudad, Cristina Ferrando, advierte de que hay un problema: el plan de choque solo tiene una vigencia de medio año. Según explica, ha pedido a las administraciones que lo prorroguen ya, porque de otra manera la situación volverá a ser la del pasado. “El plan nos permitió señalar a un mes y medio, pero como los recursos que lo financian se acaban en noviembre y no podemos contar con ellos, estamos volviendo a señalar a un año y medio de plazo”, señala. En el momento que llegara la prórroga presupuestaria, se podría rebajar casi automáticamente los plazos de convocatoria de juicios rápidos.

De esas instrucciones de casos se encargan una decena de magistrados. Dos han solicitado trasladarse de forma temporal a Barcelona en el marco de ese programa de refuerzo. Otros ocho magistrados de Barcelona entran también en ese plan de choque a través de guardias extraordinarias cada 15 días, de forma que no pierden tampoco su actividad cotidiana. Ellos, junto a los otros 29 magistrados que instruyen juicios rápidos, fueron los encargados por ejemplo de asumir los casos de los 57 detenidos en la última operación Kanpai, el pasado fin de semana, que contaban con antecedentes policiales. Pero que tengan antecedentes no supone que se les pueda contar como reincidentes, ya que sus casos han podido archivarse, si las sentencias condenatorias son firmes o pueden tener causas administrativas y no penales, que no computan para que en realidad sean considerados como reincidentes.

El martes el Consejo de Ministros aprobó la posibilidad de que los efectivos policiales puedan entrar en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), una plataforma que permite calcular si el importe global sustraído por un ladrón supera los 400 euros, el límite monetario que transforma un delito leve de hurto (conlleva una multa) en un hurto básico (con penas de prisión). Ferrando considera que puede ayudar, pero que no será la panacea, porque los jueces igualmente tendrán que confirmar que los datos aportados por la policía “son imputables a efectos de multirreincidencia”.

La justicia se ha convertido en un último peldaño esencial para acabar con uno de los grandes problemas con los que acarrea Barcelona, los delincuentes multirreincidentes. El año pasado, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 637 personas que habían pasado por sus expedientes casi 7.000 veces en su conjunto. Casi un tercio de ellos fueron arrestados mientras delinquían en Ciutat Vella. La cifra suponía dar un salto de un 140% desde 2021. Las estadísticas de 2026 empezarán a dar resultados sobre si las operaciones Kanpai y el plan de choque en los juzgados ha servido como punto de inflexión para una línea que no hacía más que ascender.