El ponente del Tribunal Constitucional avala el no del Supremo a la amnistía por el ‘procés’

La primera propuesta de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denegación de la amnistía al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por parte del Tribunal Supremo aboga por confirmar que no se aplique el perdón a los recurrentes porque incurrieron en malversación y con ello obtuvieron “un beneficio personal en forma de ahorro patrimonial”. El magistrado José María Macías, ponente y miembro del bloque conservador del órgano de garantías, ha repartido su texto entre los restantes once miembros del pleno. La propuesta será debatida y previsiblemente rechazada el próximo día 22 de septiembre, por no contar con el apoyo del sector progresista, mayoritario en el tribunal.

Macías siempre se opuso a la ley de amnistía en su anterior cargo, como vocal del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, ahora continuará como ponente, para redactar una nueva propuesta que refleje las tesis del sector progresista, que estima que el Tribunal Supremo vulneró los derechos fundamentales de los líderes del procés, al no aplicarles la ley de amnistía con la tesis de que se enriquecieron con ello, ya que financiaron sus proyectos con dinero público, evitando así utilizar sus propios recursos.

LA primera sentencia se refiere a la solicitud de amparo presentada por el secretario general de Junts, Jordi Turull, pero la doctrina que el Constitucional acabe aprobando será extensible al resto de las impugnaciones presentadas, correspondientes a los acusados del delito de malversación, entre los que figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva.

Haciendo suyas las tesis del Supremo, el texto de la ponencia que Macías llevará al pleno sostiene que al incurrir en la malversación en su propio beneficio, los recurrentes “no tuvieron que pagar de su bolsillo la financiación del proceso secesionista”. Añade que “el enriquecimiento no puede limitarse al aumento del patrimonio, sino también a evitar su disminución, imputando gastos personales al erario” público. El texto también afirma que “los ciudadanos que apoyaron el proceso con donaciones vieron reducido su patrimonio”, en tanto que los responsables públicos mantuvieron intacto el suyo, y se ahorraban un gasto propio. De este modo, el dinero de todos evitó que el suyo se redujera».