El PP y el campo exigen a Teresa Ribera eliminar la ‘tasa verde’ a los fertilizantes para aliviar el coste de la guerra en Irán

La crisis de precios de los fertilizantes que atenaza a Europa -y al mundo entero- por la guerra en Oriente Próximo, y que amenaza con derivar en una escalada inflacionaria en los lineales de los supermercados, ha sacado a relucir una tensión latente en el seno de la Unión Europea entre los partidos más ecologistas y los menos; o, más bien, entre los que están dispuestos a sacrificar más cosas en pos de la agenda verde, y los que no tantas. Y en el centro de esta divergencia de opiniones está la política socialista y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a la que los agricultores sitúan como el principal escollo de cara a conseguir una relajación de las leyes ‘verdes’ que abarate los agroquímicos. El PP español en Europa, a su vez, le ha pedido que actúe en ese sentido. El detonante ha sido el llamado Plan de Acción sobre Fertilizantes, la estrategia presentada por Bruselas el pasado martes para tratar de contener el precio de los abonos sintéticos. El tiempo apremia, pues desde que empezara el conflicto en Irán, y mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado, estos insumos se han encarecido de forma sensacional; la urea, que es el abono más utilizado, lo ha hecho más de un 200% en los mercados del norte de África, que son los principales proveedores de nuestro país.De ahí el plan presentado por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, una estrategia que se pretende ambiciosa pero que ya ha generado un aluvión de críticas por parte de las organizaciones agrarias por la falta de concreción en cuanto a las ayudas económicas que recibirán los agricultores afectados -el documento no fija en ningún momento las cuantías que se presupuestarán-, la insuficiencia de las medidas previstas para facilitar el uso del estiércol como producto sustitutivo y, cómo no, por el mantenimiento del MAFC, la tasa que la UE impone a las importaciones de agroquímicos. Noticia relacionada general No No El IPC se moderó al 3,2% en abril por la factura de la luz, que recupera el IVA normal el 1 de junio Xavier VilaltellaDe un tiempo a esta parte, este impuesto se ha convertido en la bestia negra del sector. Como ya explicó ABC, solo en el último año los fertilizantes se han encarecido un 15% por la aplicación de este tributo, que grava las importaciones de determinados bienes en función del carbono emitido durante su producción, con ánimo de evitar la competencia desleal con la industria europea, que desde hace dos décadas paga un impuesto equivalente por los gases emitidos (el RCDE). Bien es cierto que Bruselas no empezará a cobrar a los importadores hasta 2027, pero lo hará en función de las compras de este año, de ahí que ya en 2025 las empresas empezaran a incrementar el precio a sus clientes, los agricultores. El caso es que el sector primario esperaba que el documento presentado por Hansen incluyera la suspensión del CBAM y la devolución del RCDE, pero no ha sido el caso, hecho que ha provocado la reacción airada de las principales organizaciones agrarias de nuestro país: Asaja, COAG y Unión de Uniones. Y en el centro de esta tormenta despunta la socialista Teresa Ribera como principal foco de las críticas, ya que por ser vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, es quien más capacidad tiene para vetar cualquier minoración del MAFC y el RCDE; según explica a este diario José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, esto último es precisamente lo que ha hecho, a pesar de las aspiraciones que tuviera Hansen. Y mientras esto ocurría, en una reciente comparecencia en Estrasburgo, la eurodiputada popular Carmen Crespo ha exigido a Ribera la eliminación del gravamen sobre las importaciones y la revisión de las tasas que pagan las industrias productoras de fertilizantes en Europa, a la vez que ha aplaudido las intenciones de Hansen (ambos son del mismo partido). Los agricultores critican las ayudas por falta de concreciónSea como fuere, lo cierto es que es difícil que estos tributos vayan a desaparecer; según explican fuentes del sector a este diario, porque la industria podría alegar competencia desleal, hecho que abriría una revisión de fondo de la política de descarbonilación industrial. A partir de ahí, está por ver hasta qué punto Bruselas abre la mano, pues lo cierto es que el texto que presentó el pasado martes es más bien ambiguo a este respecto, sin especificar si habrá algún tipo de modificación del esquema de cobro por las emisiones de carbono. Otro punto en el que los intereses del campo y los de la agenda verde chocan -aparentemente- es la Directiva de Nitratos, una norma que limita la cantidad de abono que los agricultores pueden utilizar y que, según el PP, «no refleja la realidad de las regiones mediterráneas« . La intención de la Comisión es revisar esa ley y facilitar el uso de composts procedentes de granjas o de plantas de biogás, que se postulan como una alternativa a las importaciones de sintéticos; pero, también en este punto, la estrategia presentada el martes es ambigua. La lista de reclamaciones de los agricultores sigue con las ayudas planteadas, que consideran insuficientes e imprecisas. Bruselas ha propuesto la ampliación del fondo de Reserva Agrícola, pero sin detallar cuantías, así como la revisión de los planes estratégicos de la política agrícola común (PAC) para que los Estados miembro puedan anticipar la inyección de fondos al sector primario, pero desde Asaja advierten que dicha reforma depende de un proceso legislativo que puede ser largo y, además, consiste en un trasvase de fondos de una partida a otra, en lugar de un incremento presupuestario real. La crisis de precios de los fertilizantes que atenaza a Europa -y al mundo entero- por la guerra en Oriente Próximo, y que amenaza con derivar en una escalada inflacionaria en los lineales de los supermercados, ha sacado a relucir una tensión latente en el seno de la Unión Europea entre los partidos más ecologistas y los menos; o, más bien, entre los que están dispuestos a sacrificar más cosas en pos de la agenda verde, y los que no tantas. Y en el centro de esta divergencia de opiniones está la política socialista y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a la que los agricultores sitúan como el principal escollo de cara a conseguir una relajación de las leyes ‘verdes’ que abarate los agroquímicos. El PP español en Europa, a su vez, le ha pedido que actúe en ese sentido. El detonante ha sido el llamado Plan de Acción sobre Fertilizantes, la estrategia presentada por Bruselas el pasado martes para tratar de contener el precio de los abonos sintéticos. El tiempo apremia, pues desde que empezara el conflicto en Irán, y mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado, estos insumos se han encarecido de forma sensacional; la urea, que es el abono más utilizado, lo ha hecho más de un 200% en los mercados del norte de África, que son los principales proveedores de nuestro país.De ahí el plan presentado por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, una estrategia que se pretende ambiciosa pero que ya ha generado un aluvión de críticas por parte de las organizaciones agrarias por la falta de concreción en cuanto a las ayudas económicas que recibirán los agricultores afectados -el documento no fija en ningún momento las cuantías que se presupuestarán-, la insuficiencia de las medidas previstas para facilitar el uso del estiércol como producto sustitutivo y, cómo no, por el mantenimiento del MAFC, la tasa que la UE impone a las importaciones de agroquímicos. Noticia relacionada general No No El IPC se moderó al 3,2% en abril por la factura de la luz, que recupera el IVA normal el 1 de junio Xavier VilaltellaDe un tiempo a esta parte, este impuesto se ha convertido en la bestia negra del sector. Como ya explicó ABC, solo en el último año los fertilizantes se han encarecido un 15% por la aplicación de este tributo, que grava las importaciones de determinados bienes en función del carbono emitido durante su producción, con ánimo de evitar la competencia desleal con la industria europea, que desde hace dos décadas paga un impuesto equivalente por los gases emitidos (el RCDE). Bien es cierto que Bruselas no empezará a cobrar a los importadores hasta 2027, pero lo hará en función de las compras de este año, de ahí que ya en 2025 las empresas empezaran a incrementar el precio a sus clientes, los agricultores. El caso es que el sector primario esperaba que el documento presentado por Hansen incluyera la suspensión del CBAM y la devolución del RCDE, pero no ha sido el caso, hecho que ha provocado la reacción airada de las principales organizaciones agrarias de nuestro país: Asaja, COAG y Unión de Uniones. Y en el centro de esta tormenta despunta la socialista Teresa Ribera como principal foco de las críticas, ya que por ser vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, es quien más capacidad tiene para vetar cualquier minoración del MAFC y el RCDE; según explica a este diario José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, esto último es precisamente lo que ha hecho, a pesar de las aspiraciones que tuviera Hansen. Y mientras esto ocurría, en una reciente comparecencia en Estrasburgo, la eurodiputada popular Carmen Crespo ha exigido a Ribera la eliminación del gravamen sobre las importaciones y la revisión de las tasas que pagan las industrias productoras de fertilizantes en Europa, a la vez que ha aplaudido las intenciones de Hansen (ambos son del mismo partido). Los agricultores critican las ayudas por falta de concreciónSea como fuere, lo cierto es que es difícil que estos tributos vayan a desaparecer; según explican fuentes del sector a este diario, porque la industria podría alegar competencia desleal, hecho que abriría una revisión de fondo de la política de descarbonilación industrial. A partir de ahí, está por ver hasta qué punto Bruselas abre la mano, pues lo cierto es que el texto que presentó el pasado martes es más bien ambiguo a este respecto, sin especificar si habrá algún tipo de modificación del esquema de cobro por las emisiones de carbono. Otro punto en el que los intereses del campo y los de la agenda verde chocan -aparentemente- es la Directiva de Nitratos, una norma que limita la cantidad de abono que los agricultores pueden utilizar y que, según el PP, «no refleja la realidad de las regiones mediterráneas« . La intención de la Comisión es revisar esa ley y facilitar el uso de composts procedentes de granjas o de plantas de biogás, que se postulan como una alternativa a las importaciones de sintéticos; pero, también en este punto, la estrategia presentada el martes es ambigua. La lista de reclamaciones de los agricultores sigue con las ayudas planteadas, que consideran insuficientes e imprecisas. Bruselas ha propuesto la ampliación del fondo de Reserva Agrícola, pero sin detallar cuantías, así como la revisión de los planes estratégicos de la política agrícola común (PAC) para que los Estados miembro puedan anticipar la inyección de fondos al sector primario, pero desde Asaja advierten que dicha reforma depende de un proceso legislativo que puede ser largo y, además, consiste en un trasvase de fondos de una partida a otra, en lugar de un incremento presupuestario real.  

La crisis de precios de los fertilizantes que atenaza a Europa -y al mundo entero- por la guerra en Oriente Próximo, y que amenaza con derivar en una escalada inflacionaria en los lineales de los supermercados, ha sacado a relucir una tensión latente en … el seno de la Unión Europea entre los partidos más ecologistas y los menos; o, más bien, entre los que están dispuestos a sacrificar más cosas en pos de la agenda verde, y los que no tantas. Y en centro de esta divergencia de opiniones está la política socialista y vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, a la que tanto los agricultores como el PP sitúan como el principal escollo de cara a conseguir una relajación de las leyes ‘verdes’ que abarate los agroquímicos.

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