El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, con continuidad entre 2026 y 2030, es uno de los proyectos principales del Gobierno, dividido en 13 programas entre los que se encuentran el fomento del alojamiento para ciudadanos con discapacidad, la erradicación del chabolismo o la ayuda habitacional a las víctimas de violencia de género, personas sin hogar u objeto de desahucio y otras muy vulnerables. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha aportado financiación propia para esta última y ha redistribuido su dotación de fondos estatales adicionales para 2025, valorada en 1,075 millones de euros, dejando solo 300.000 euros destinados a este objetivo. Así lo denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, y lo adelanta este martes la Cadena SER.
La diputada socialista, Lorena Morales, denuncia que la Comunidad de Madrid no aporta financiación propia y redistribuye a otros programas gran parte de los fondos asignados por el Gobierno de España a esta causa
El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, con continuidad entre 2026 y 2030, es uno de los proyectos principales del Gobierno, dividido en 13 programas entre los que se encuentran el fomento del alojamiento para ciudadanos con discapacidad, la erradicación del chabolismo o la ayuda habitacional a las víctimas de violencia de género, personas sin hogar u objeto de desahucio y otras muy vulnerables. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha aportado financiación propia para esta última y ha redistribuido su dotación de fondos estatales adicionales para 2025, valorada en 1,075 millones de euros, dejando solo 300.000 euros destinados a este objetivo. Así lo denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, y lo adelanta este martes la Cadena SER.
Son las comunidades autónomas las que proponen cómo repartir los fondos del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda entre los diferentes programas y las que comunican al Gobierno estatal la cuantía de su aportación regional. Tal y como recoge la legislación, en caso de que la cofinanciación autonómica sea menor al 10 %, el compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se reduce.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional comunicó en sus previsiones de 2022 al Gobierno estatal que aportaría alrededor de un millón de euros anuales en 2023, 2024 y 2025 para el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar y otras especialmente vulnerables. Sin embargo, fue renegociando su presupuesto hasta dejar sin fondos los tres ejercicios.
“Pese a no destinar ni un euro a la causa, recibió una financiación adicional del Gobierno de España de 1,075 millones en 2025″, denuncia la diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Recalca que, además, “gran parte de estos fondos estatales han sido desplazados a otros programas, dejando solo 300.000 euros para esta ayuda”, que se trata de una solución habitacional inmediata en una vivienda, alojamiento o habitación en alquiler o cesión de uso, con topes de renta que podrán ampliarse en casos urgentes.
El subsidio es de entre 600 y 900 euros mensuales, con apoyo para gastos de comunidad, suministros e internet. Se concede hasta cinco años, con seguimiento social y posibilidad de abono directo a la persona propietaria o gestora del hogar. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha apostado en sus partidas presupuestarias del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda por otros programas: la ayuda a las personas jóvenes para contribuir al reto demográfico con más de 4 millones de euros o la accesibilidad en las viviendas con más de 3 millones. También ha abogado por el fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares, al que ha destinado más de 1,5 millones de euros.
El reparto económico regional indigna a Morales. “Esta ayuda a las víctimas de violencia de género es una prioridad para el Gobierno de España y así lo hace constar por escrito en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda”. No oculta su enfado: “Encima de no poner un duro, la Comunidad de Madrid redistribuye el dinero en otros programas que le interesan más. Es el retrato de esta autonomía, resulta doloroso”.
Asegura que 300.000 euros no son suficientes para atender a personas que han sufrido violencia machista, sinhogarismo, desahucios u otros contextos de vulnerabilidad. Señala que esta política autonómica tiene consecuencias en las calles. “Este mes han desahuciado a una señora con dos nietas pequeñas, cuya hija fue asesinada. Si no fuese por la solidaridad vecinal se quedaban en la calle”, cuenta.
Otras regiones, como Cataluña, aportaron a este programa más de 30 millones de euros y con los fondos estatales adicionales consiguieron 90 millones para la causa. Morales insiste en que la financiación en materia de violencia de género resulta vital. “Es lo que le permite a la mujer escapar del verdugo y tener un techo hasta que pueda recuperarse, de lo contrario se tiene que quedar con el agresor o vivir debajo de un puente. Muchas no tienen independencia económica”, expresa tras explicar que el mercado de la vivienda en la capital está muy tensionado, y las opciones de alquiler se complican cuando hay menores a cargo.
Desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid señalan que no han incorporado la financiación al convenio suscrito porque “la región cuenta desde hace años con un procedimiento propio y estructural de adjudicación de vivienda por especial necesidad, que incluye de forma expresa y prioritaria a las personas víctimas de violencia de género, y que cumple exactamente con el mismo objetivo que el programa estatal”.
Con el proyecto autonómico las mujeres se someten a un baremo específico que les otorga una puntuación reservada, asignada a criterio de los trabajadores sociales, “con el fin de situarlas en las primeras posiciones de los listados de adjudicación”, según señalan desde la Consejería de Vivienda.
Pero Morales insiste en que la aplicación real de ese procedimiento no cubre la demanda habitacional de una manera urgente en la Comunidad de Madrid: “En 2024 se concedieron solo 91 viviendas frente a las 32.004 denuncias por violencia de género y los 2.845 títulos acreditativos de ese mismo año. Además, la espera alcanzó entre 12 y 18 meses en muchos casos. Las mujeres no pueden aguardar tanto tiempo”.
La diputada socialista desconoce el número de solicitudes rechazadas, a pesar de la petición reiterada de dicha información a la Consejería. “A Ayuso le importamos muy poco las mujeres”, dice tras recordar que la ley autonómica en violencia de género considera prioritario el acceso a una vivienda pública. El PSOE ha registrado una propuesta no de ley con un listado de medidas entre las que se incluye que la Comunidad de Madrid se comprometa a aportar un 20% de financiación autonómica al programa que atañe a las víctimas de violencia de género en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda.
