El PSOE acepta debatir una reforma del PP para controlar más al Gobierno en el Congreso

El PSOE temía en este envenenado contexto político una nueva derrota parlamentaria en el Congreso este martes, especialmente ante una reforma del Reglamento de la Cámara con la que el PP pretende acotar más y mejor el control del calendario de los proyectos y leyes el Gobierno. El PSOE daba por descontado ese nuevo varapalo porque presumía el voto en bloque de la oposición de derechas, pero también que para algunos partidos presuntamente aliados (Junts y Podemos) podría resultar “muy goloso” ese toque de atención, situándose en la abstención. Al final el PSOE optó por aceptar que se inicie al menos ese debate aunque atribuyeron al PP una gran “hipocresía” por propugnar ahora lo contrario de lo que hicieron cuando gobernaron y de lo que hacen con su mayoría absoluta en el Senado. Hasta Vox criticó con dureza la “incoherencia” y “tibieza política” del PP. La propuesta prosperó en estos primeros pasos con 289 votos a favor del PP y PSOE, 44 en contra (Sumar, PNV y ERC) y 11 abstenciones (Junts y Podemos), pero habrá que ver si luego continúa su recorrido.

El PP buscaba propinar, en otro pleno tenso y marcado por constantes referencias a la corrupción, una nueva pérdida del Gobierno y su mayoría con una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para cambiar los plazos de la tramitación de iniciativas legislativas, estableciendo una serie de límites a la Mesa de la Cámara para “decidir sobre las eventuales prórrogas, tanto en los plazos de presentación de enmiendas como en la constitución de las ponencias y la emisión de informe por parte de éstas”. Todos los gobiernos de esta etapa democrática han abusado de su prerrogativa, cuando dominan la mayoría de la Mesa del Congreso, para demorar, frenar, aparcar o acelerar proyectos de su interés con el argumento de que algunos pueden alterar partidas presupuestarias ya asignadas. Lo suelen hacer, fundamentalmente, sobre proposiciones de la oposición, aunque a veces también de aliados.

El portavoz del PP, el veterano José Antonio Bermúdez de Castro, intentó justificar este nuevo intento de acotar más esa realidad, que en ocasiones puede demorar, vetar o congelar proyectos durante meses y años, con la idea de que no defendía su propuesta con una intención partidista “ni contra nadie sino a favor de todos” y por pura obligación parlamentaria, en amparo del poder legislativo frente a las injerencias y bloqueos del ejecutivo. Desde la cúpula del grupo parlamentario popular se ironizó incluso con que estaban queriendo legislar para controlar mejor a un hipotético e inminente futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ante cómo ven el nivel de la crisis que afecta ahora al equipo del presidente Pedro Sánchez por el caso de corrupción de Ábalos, Cerdán y Koldo García. Bermúdez de Castro descubrió sus cartas a los segundos de iniciar su intervención al acusar al Gobierno de Sánchez de haber “perdido la iniciativa por los cuatro costados” por culpa de la agenda judicial y los escándalos.

El diputado del PP esgrimió ahí muchos datos, como que a mitad de legislatura hay 100 proyectos tomados en consideración por el Congreso pero parados en distintos trámites, del PP, pero también de socios de investidura, como Junts, ERC o Sumar. Bermúdez de Castro era consciente de lo que exigía, como fijar determinados plazos para aprobar definitivamente proyectos ya en marcha, porque él ya protagonizó un debate similar en 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy, y el entonces diputado socialista en la oposición, Rafael Simancas, registró y defendió una reforma muy similar a la suya. Simancas es ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las razones del PP actual, sin embargo, convencieron muy poco. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le refrescó a Bermúdez cómo cambian las tornas de los representantes de PP y PSOE según estén en el Gobierno o en la oposición. También arguyó que estas normas es mejor plantearlas al inicio del partido, de la legislatura, y no a mitad. El representante de Junts, Josep Maria Cervera, remachó sobre esa misma idea de reprochar “al bipartidismo defectuoso de PP y PSOE”, “a los azules y los rojos”, esa peculiar defensa del “parlamentarismo mal entendido”. Gabriel Rufián, de ERC, desde su escaño, reconoció que no pensaba intervenir pero se levantó para reprobar a Bermúdez su innecesario “mal tono” sobre una iniciativa que podría haber sido buena y que los populares no practican en el Senado, donde imponen como quieren sus reglas, plazos e intereses con su mayoría absoluta.

El diputado socialista, Joaquín Martínez Salmerón, rescató ahí en el capítulo de los precedentes lo que el PP hacía cuando mandaba en la XII legislatura: el 70% de las proposiciones caducaron tras ser aprobadas, algunas con hasta 81 peticiones de ampliación de enmiendas. En esta XV legislatura los populares han llegado a reclamar hasta 500 peticiones de prórrogas con ese cometido.

Vox prestó su apoyo pero su diputada, Lourdes Méndez Monasterio, destinó más tiempo a cuestionar la “incoherencia” de los populares que “la práctica sistemática” de este tipo de bloqueos del actual Gabinete. Fue Méndez Monasterio la que le echó en cara a Bermúdez que copiara la reforma del PSOE cuando estaba en la oposición tras imponer ellos entonces hasta 68 bloqueos y parar iniciativas durante años y les achacó su “maldita tibieza política” sobre leyes más relevantes y, ahora, al no atreverse a prestarles al menos dos diputados para presentar una moción de censura al equipo de Sánchez.