“¿Dónde acaba y empieza el tráfico de influencias?”, se preguntaba el pasado mayo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, presuntamente, influir ilegalmente en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Los profesionales del sector del lobby —dedicados a influir las legislaciones y decisiones políticas en favor de determinadas empresas, colectivos y organizaciones— llevan años pidiendo una ley que establezca de forma “clara, ambiciosa y eficaz” la línea entre la legalidad y el tráfico de influencias. El martes pasado, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) envió decenas de cartas a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja y a los principales líderes y portavoces de los grupos parlamentarios para reclamar la “aprobación urgente” de una regulación que lleva años estancada.
La imputación de Zapatero por tráfico de influencias exige una norma “clara, ambiciosa y eficaz” para trabajar
“¿Dónde acaba y empieza el tráfico de influencias?”, se preguntaba el pasado mayo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, presuntamente, influir ilegalmente en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Los profesionales del sector del lobby —dedicados a influir las legislaciones y decisiones políticas en favor de determinadas empresas, colectivos y organizaciones— llevan años pidiendo una ley que establezca de forma “clara, ambiciosa y eficaz” la línea entre la legalidad y el tráfico de influencias. El martes pasado, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) envió decenas de cartas a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja y a los principales líderes y portavoces de los grupos parlamentarios para reclamar la “aprobación urgente” de una regulación que lleva años estancada.
APRI ha advertido en esas cartas a los grupos parlamentarios de que la suspensión de la Comisión de Reglamento la semana pasada y la paralización de la ponencia del Proyecto de Ley sobre regulación de los grupos de interés suponen un “nuevo bloqueo” en una materia en la que España “acumula años de retraso”. Carlos Parry, presidente de la asociación, argumenta que la situación está llegando a un punto insostenible. “España necesita reglas claras que permitan distinguir la participación legítima en los procesos de decisión pública de aquellas conductas que deben ser prevenidas, sancionadas o directamente excluidas del sistema”, defiende en un escrito.
Tras la imputación de Zapatero, la asociación salió directamente en defensa del trabajo que ejercen: “El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias”, explicaron a través de un comunicado. Pero las dudas entre lobbismo y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra y en otros casos de corrupción han servido para reavivar un debate sobre donde dibujar la línea, especialmente en el caso de los expolíticos.
Antes incluso de la imputación del expresidente, ya se hablaba de cómo la opacidad sigue dominando las relaciones entre los parlamentarios y los lobbies. Así lo avisó en abril la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, una alerta que ha repetido los últimos cinco años. También se habló del lobby cuando el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue imputado hace más de un año: en septiembre de 2025, Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y Sumar, hizo referencia a un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el que se mencionaba, entre otras cosas, la necesidad de una ley de lobbies: “Algo a lo que la derecha viene oponiéndose directamente”, criticó en aquel momento.
Un informe de la organización Civio ―que lleva más de una década exigiendo una regulación ambiciosa del lobby― sobre las 115 enmiendas que han presentado los partidos valora que tanto PP como Vox han planteado diferentes “modelos de supervisión independientes”. Olalla Tuñas, responsable de prensa en Civio, explica que esto solucionaría el principal defecto estructural del proyecto de ley, que es para ellos atribuir el control a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), un organismo dependiente del Ejecutivo. “Este diseño, donde el Gobierno se vigila a sí mismo, anula completamente la credibilidad del sistema y contraviene las recomendaciones explícitas del GRECO”, asegura Tuñas.
Además, el informe sobre las enmiendas valora asimismo que PP y Vox propongan “incluir a partidos, patronales y sindicatos como grupos de interés cuando hagan lobby”, mientras que Junts pide limitar la ley solo a la influencia “profesional” y el BNG restringirla a quienes buscan “beneficio económico”. La organización califica estas enmiendas de Junts y BNG como “un coladero inaceptable de excepciones” que “no existen en las regulaciones europeas” y que van “en contra de todos los estándares internacionales”. “Dinamitan el propósito de la ley”, argumentan por escrito, y añaden que “la regulación debe ser funcional y aplicable a todos los actores por igual”.
El informe aprecia la posición de Sumar. “Marca el estándar de excelencia”, opinan de una enmienda que reclama la creación de un registro de lobbies. Los de Yolanda Díaz piden, entre otras cosas, la transparencia financiera y la identificación de puertas giratorias; que se estimen los “costes anuales” del lobby y que se declaren “los fondos públicos recibidos”, es decir, que se pueda seguir el dinero. Además exigen señalar a los lobistas que han sido cargos públicos en los últimos cinco años, algo que también defienden ERC y Bildu, y piden que los detalles de las reuniones, incluyendo actas y documentos, sean públicos.
El PSOE, según relata el informe, es un poco más laxo, ya que plantea un veto de dos años a la actividad de lobby para diputados y altos cargos tras dejar el puesto, tres años menos que la propuesta de Sumar. El PNV no cuestiona ese plazo pero quiere ampliar a quién afecta el veto, para extenderlo “a todo el personal público susceptible de influencia”. Fuentes parlamentarias conocedoras de las negociaciones explican que, por un lado, solo falta el voto de Junts para llevar a cabo la reforma del Reglamento, mientras que la ley lleva varias semanas estancada, aunque sigue en proceso de negociación.
