Los trabajadores del sector social de Cataluña están llamados este miércoles a la huelga para reclamar que se aplique efectivamente en el convenio el acuerdo para la equiparación salarial que sindicatos, empresas y Generalitat pactaron a principios de mayo. Los sindicatos CC OO, UGT y CGT han convocado una jornada de paros porque denuncian que la patronal del sector, La Confederació, quiere dejar en manos de las empresas la decisión de si aplican o no el acuerdo. La patronal asegura que está comprometida con “la reivindicación histórica de la equiparación salarial”, y explica en un comunicado que está abierta a seguir negociando para llegar a un acuerdo viable para el convenio de todo el sector, pero también recuerda que para lograrlo es necesario que la Generalitat mejore la financiación de los servicios públicos que prestan las empresas.
La patronal pide que la Generalitat mejore la financiación en todos los ámbitos para poder cumplir con lo pactado
Los trabajadores del sector social de Cataluña están llamados este miércoles a la huelga para reclamar que se aplique efectivamente en el convenio el acuerdo para la equiparación salarial que sindicatos, empresas y Generalitat pactaron a principios de mayo. Los sindicatos CC OO, UGT y CGT han convocado una jornada de paros porque denuncian que la patronal del sector, La Confederació, quiere dejar en manos de las empresas la decisión de si aplican o no el acuerdo. La patronal asegura que está comprometida con “la reivindicación histórica de la equiparación salarial”, y explica en un comunicado que está abierta a seguir negociando para llegar a un acuerdo viable para el convenio de todo el sector, pero también recuerda que para lograrlo es necesario que la Generalitat mejore la financiación de los servicios públicos que prestan las empresas.
La equiparación salarial es una reivindicación histórica en el sector social catalán, aquejado de una infrafinanciación crónica, bajos salarios y una alta rotación que impide dar continuidad a los proyectos. Los sindicatos, y también las empresas del sector, llevan años reclamando que los trabajadores que están empleados por empresas del tercer sector que prestan servicio público tengan las mismas condiciones laborales que los trabajadores que están empleados directamente por la Generalitat. La premisa básica de la equiparación salarial es que a igual trabajo, igual sueldo. En el sector social —que incluye ámbitos como el de las residencias y centros de ancianos y discapacitados, centros de educación no formal, servicios de inserción laboral o centros de salud mental y adicciones, entre otros—, por su gran variedad y magnitud de la demanda, los servicios públicos están muy externalizados en un tejido de empresas que prestan el servicio público en lugar de hacerlo directamente la Generalitat, y que por ello cobran de la administración una tarifa pública.
Como durante años estas tarifas han estado congeladas e infrafinanciadas, los sueldos de los trabajadores del sector social también se han quedado muy por debajo de los de los trabajadores que están empleados directamente en los centros que la Generalitat gestiona directamente. La brecha salarial es elevada, con una media del 37%. El salario medio anual de los trabajadores del sector social es de 18.402 euros, y casi la mitad cobra 19.600 euros brutos al año o menos.
A principios de mayo, la Generalitat, los sindicatos y la patronal del sector llegaron a un acuerdo muy esperado para avanzar hacia esa equiparación salarial, que debe beneficiar a los 120.000 trabajadores del sector. El presidente Salvador Illa anunció una inversión de 600 millones de euros en cuatro años (150 millones por año) para subir las tarifas, pero estos incrementos están condicionados a que las empresas suban los sueldos y condiciones de trabajo. El método es el siguiente: lo que reciba cada empresa dependerá del salario medio anual de sus trabajadores, y de los compromisos para subir salarios, evaluables por el departamento. Si no existe el compromiso y los salarios están por debajo del suelo mínimo establecido por la Generalitat —19.600 euros anuales, el 60% del sueldo medio de Cataluña, las tarifas solo aumentarán según el IPC.
El acuerdo fue muy celebrado por sindicatos y patronales, pero ya tras la firma empezaron los matices: La Confederació avisó de que para aplicar el pacto en el convenio debe mejorar la financiación. Ahora, dos meses después del acuerdo y cuando ya se ha intentado aterrizar en el convenio del sector, los sindicatos consideran que La Confederació se está negando a aplicar la equiparación salarial.
“Su propuesta permite que determinadas empresas no apliquen las subidas salariales pactadas en el convenio, traslada a los trabajadores los riesgos derivados del modelo de financiación de los servicios, e introduce nuevas diferencias salariales en función de dónde se presta la actividad”, señalan CC OO y UGT en un comunicado, en el que acusan a las empresas de querer “retener una parte de los recursos públicos destinados a la equiparación salarial para compensar problemas de financiación que no pueden recaer sobre las plantillas”. La jornada de huelga ha empezado a las 9.00 horas con una concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde CC OO ha presentado una demanda contra La Confederació. Los sindicatos prevén continuar las movilizaciones con paros parciales los días 15 y 29 de julio y una nueva jornada de huelga en septiembre.
La patronal, por su parte, asegura en un comunicado que mantiene las negociaciones del convenio abiertas, y que está comprometida en avanzar hacia la equiparación salarial. Defiende que la propuesta que han puesto sobre la mesa —un incremento anual del 5% de las tablas salariales durante los próximos cuatro años para todos los trabajadores y un sistema progresivo para avanzar en la equiparación salarial en los servicios que ya tengan acordadas mejoras de financiación— significa un paso en esta dirección y que contiene mejoras salariales inmediatas.
Pero reconoce que ahora no puede cumplir inmediatamente con todos los objetivos del acuerdo base establecido a principios de mayo si no mejora la financiación para todos los servicios. “Una parte importante de los servicios y programas incluidos dentro del ámbito funcional del Convenio de Acción Social no se financia a través de la Cartera de Servicios Sociales y, por lo tanto, no se beneficia de las mejoras de financiación previstas en el Acuerdo de Bases”, señala la patronal. “Este proceso tiene que ser compatible con la viabilidad de las organizaciones y con la continuidad de los servicios que se prestan a las personas. Asumir compromisos salariales sin disponer de los recursos correspondientes podría generar graves dificultades para muchas entidades y poner en riesgo la prestación de servicios esenciales”, señala en el comunicado.
