El Supremo rechaza rebajar de nuevo las costas que debe pagar el ex fiscal general por los gastos de defensa de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz, tendrá que pagar 39.000 euros de costas por el procedimiento penal que acabó con el ex fiscal general del Estado condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la segunda cifra que propuso la letrada de la Administración de Justicia, quien cifró inicialmente las costas en 79.942 euros, pero las rebajó después a la mitad tras el recurso de García Ortiz. El ya exfiscal general había reclamado una rebaja mayor, pero la Sala Penal la ha rechazado.

García Ortiz fue condenado en noviembre por la filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, y por la difusión de una nota de prensa del ministerio público para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de su pareja. La condena supuso la inhabilitación de García Ortiz para el cargo que entonces ocupaba, pero el Supremo también le impuso el pago de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador y el abono de las costas del procedimiento.

La multa y la indemnización fueron sufragadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió García Ortiz, gracias a donaciones recabadas entre sus asociados, pero quedaba pendiente el pago de las costas —los honorarios del abogado y del procurador de González Amador— cuya cuantía tiene que fijar el Supremo. La letrada de la administración de justicia de las causas contra aforados, encargada de este trámite, las cifró en enero pasado en casi 80.000 euros, un cálculo que asumía íntegramente la petición de la defensa de González Amador (64.778,78 euros), más el 21% de IVA (13.603,54 euros) y los honorarios de la procuradora (1.560 euros), y que fue impugnada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz y que reclamó que las costas se rebajaran a 4.240 euros.

Ambos recursos cuestionaban que la tasación hecha por el tribunal era indebida y excesiva, y la letrada de la administración de justicia admitió, en una resolución dictada en marzo, que había conceptos “indebidos” que se habían incorporado al cálculo, lo que derivó en que propusiera rebajar la cifra a la mitad. Pero la Fiscalía y García Ortiz también impugnaron esa segunda cifra, una petición que ha desestimado ahora la sala que juzgó al ya ex fiscal general. Según los jueces, si se aceptara el planteamiento de la Abogacía del Estado, “se estaría privando a la acusación particular [ejercida por González Amador] del resarcimiento económico de actuaciones necesarias para expresar su postura procesal frente a incidencias que podían afectar al desarrollo del proceso”. No se trata, por tanto, de una actuación procesal “superflua o inútil”, inútil, señalan los jueces, en referencia a uno de los criterios que permite eximir a un condenado del pago de las costas.