El Tribunal Supremo considera que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos, genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”, lo que causaría “un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquél, toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio”. Así lo expone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en los autos que han dado lugar a la suspensión del derecho al voto de quienes han obtenido la nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha notificado los autos por los que suspendió el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática
El Tribunal Supremo considera que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos, genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”, lo que causaría “un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquél, toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio”. Así lo expone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en los autos que han dado lugar a la suspensión del derecho al voto de quienes han obtenido la nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
