El tren pone a prueba la relación Estado-Generalitat

Tras una reunión maratoniana, el Departamento de Territorio de la Generalitat lanzó pasadas las tres de la madrugada de ayer un post en X —que después desaparecería— en el que advertía que el servicio de trenes de corta distancia no arrancaría el sábado. “Después de ocho horas de reunión”, decía el texto, “Renfe Viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria del país”. El mensaje pasó desapercibido para la operadora y apenas unas horas más tarde, los trenes de corta distancia echaban a andar, aunque con cortes parciales en todas las líneas que cubrían una red de autobuses.

Renfe argumentaba que en el lapso de tiempo entre el mensaje de la Generalitat y el inicio de las operaciones se había podido avanzar en los trabajos para poner en marcha el servicio. Pero esa idea, sin que tampoco mediara comunicación de la Generalitat de restablecimiento de servicio y que el Departamento de Territorio no pudiera corregir su mensaje previo, no convenció al Goven. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, con funciones de president, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, se reunieron con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif en el comité de crisis que capea el temporal ferroviario. El tuit de la noche anterior dejó de ser un mero acto informativo hacia los usuarios y se convirtió en una resolución gubernamental. La Generalitat, como titular del servicio, obligaba a través de un decreto a Renfe a paralizar el servicio de Rodalies en todas las líneas, tras constatar que los trenes no podían garantizar “una movilidad segura”: “La seguridad es y será la cuestión primordial en nuestra actuación”, sostenía Dalmau. Luego llegó otro tuit para anunciar la suspensión del servicio de Rodalies.

La confianza larvada entre la Generalitat y el Ministerio de Transportes y sus empresas públicas Renfe y Adif parecía tambalearse en pleno proceso para dar al Govern poder en el control de la red de Rodalies, a través de una empresa compartida. También por las buenas relaciones que mantienen Pedro Sánchez y Salvador Illa y que han facilitado el entendimiento entre ambos gobiernos en ámbitos capitales y críticos como son la financiación, la deuda o el aeropuerto de El Prat.

Con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, viajando en AVE a Barcelona —participó por videoconferencia en la reunión de la mañana y presencialmente en la de la tarde—, se llegó a un acuerdo para que las dos grandes empresas públicas del ministerio coordinaran a través de este sus comunicaciones públicas, de forma que la Generalitat se ahorraba problemas como el de la puesta en marcha de los trenes de la mañana anterior. Y, de paso, Dalmau desnudaba ante los periodistas uno de los problemas que los expertos siempre ponen en la mira para describir uno de los problemas de funcionamiento de los trenes que padece Cataluña: la falta de colaboración entre Renfe, el responsable de los convoyes, y Adif, encargada de la maltrecha infraestructura. El consejero se marcaba como reto “garantizar que Renfe y Adif cumplan con su deber de trabajar codo con codo para encontrar soluciones”.