El Tribunal de Cuentas ha elevado de 82.341,27 a 142.484,47 euros la cifra que debe devolver el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso por los trienios cobrados de forma indebida durante los años en que estuvo al frente de la entidad, entre 2011 y 2016. Según ha informado la OAC en un comunicado, la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente los recursos que impusieron tanto ellos como la Fiscalía a su sentencia inicial, lo que eleva la cantidad que el juez De Alfonso tendrá que devolver a 142.484,47 euros, añadiendo los intereses.
El exdirector de la OAC entre 2011 y 2016 se adjudicó trienios que no le correspondían
Barcelona –
El Tribunal de Cuentas ha elevado de 82.341,27 a 142.484,47 euros la cifra que debe devolver el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso por los trienios cobrados de forma indebida durante los años en que estuvo al frente de la entidad, entre 2011 y 2016. Según ha informado la OAC en un comunicado, la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente los recursos que impusieron tanto ellos como la Fiscalía a su sentencia inicial, lo que eleva la cantidad que el juez De Alfonso tendrá que devolver a 142.484,47 euros, añadiendo los intereses.
En su sentencia inicial, ahora modificada al estimar parcialmente los recursos de Antifraude y de la Fiscalía, el órgano de cuentas concluyó que el perjuicio causado fue de 138.240,88 euros, pero que la responsabilidad había prescrito en parte por los años en los que se hicieron esos cobros irregulares, en concepto de trienios a los que no tenía derecho.
A juicio del órgano de cuentas, en el ejercicio de sus funciones, De Alfonso dictó las resoluciones de reconocimiento de antigüedad y trienios y ordenó el pago de las nóminas incluyendo trienios realizados en destinos previos como si lo hubieran sido en la oficina.
Daniel de Alfonso ocupó el cargo de director de la Oficina Antifraude durante cinco años. Su mandato se interrumpió en 2016 cuando fue destituido por el Parlament, tras hacerse públicas grabaciones de conversaciones que mantuvo con el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP).
La destitución fue aprobada por 120 votos a favor, procedentes de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP en la asamblea autonómica. Sólo los 11 diputados del PP se opusieron a esta medida.
En las grabaciones, de las que dio cuenta el diario Público, De Alfonso se refería a supuestos casos de corrupción de dirigentes políticos de ERC y CDC. El entonces director de la OAC le explicaba en ellas al titular de Interior que estaban “investigando cosas de Esquerra”, y le añadía que “son muy débiles, esa es la verdad ministro”. El diálogo entre De Alfonso y Fernández Díaz se produjo en 2014.
Las “cosas” a las que se refería De Alfonso estaban relacionadas con la sociedad Cespa, una filial de Ferrovial, en la que trabajaba entonces el hermano del líder de ERC, Oriol Junqueras. El propio director de la OAC admitía en la conversación la debilidad de la investigación, pero el ministro insistió en que el volumen de facturación de Cespa se había disparado en las fechas a que se remitían las indagaciones.
De Alfonso también le expuso a Fernández Díaz que había otro asunto que podía interesarle, relativo al ascenso de dos cuñadas de Felip Puig —exconseller de Empresa y Ocupación—, por parte del también exconseller —de Presidencia— Francesc Homs, promoción que tal vez hubiera podido ser favorecida irregularmente.
La resolución que aprobó el Parlament sobre la destitución del director de la Oficina Antifrau de Cataluña argumentaba que el contenido de las conversaciones suponía “un notorio y grave incumplimiento” de los deberes y obligaciones inherentes al cargo que ocupaba De Alfonso. En concreto, la asamblea autonómica catalana consideró que se habían incumplido desde la dirección de la OAC los deberes de “independencia y objetividad”, así como los de “reserva y confidencialidad”.
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