España obtiene una nota general de 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la Unión Europea en seguridad jurídica. Es la principal conclusión de un análisis elaborado por el Instituto Juan de Mariana y del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) que contiene, en el que se refleja una erosión de la calidad institucional y democrática en nuestro país, una tendencia que comenzó 2000, pero que se ha agudizado de forma intensa desde 2019, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.La calificación que obtiene España sitúa a nuestro país en el pelotón de cola de la UE, lejos de competidores como Alemania y Francia y por debajo de la media europea. Por detrás tan solo están Malta, Croacia, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Hungría. Las variables analizadas son: ausencia de corrupción, efectividad del Gobierno, estado de Derecho, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, limitación del poder del Ejecutivo, calidad democrática, derechos de propiedad, fiscalidad y cumplimiento de laudos internacionales. El Instituto explica que el deterioro institucional en España durante el mandato de Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Añade que a la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle «la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la Justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez». «Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado -señalan- aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de Gobierno».Daño a la prosperidad económicaEl ‘think tank’ que dirige Manuel Llamas recuerda que otros estudios apuntan en la misma dirección que el ISJ, y confirman el impacto negativo que tiene el deterioro de la seguridad jurídica, de la calidad institucional y la democracia, no solamente en clave sociopolítica, sino también en lo tocante a la prosperidad económica. Cita que este año España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en el que cae diez puestos en un solo año y se sitúa en la posición 46 a nivel global. «Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata -apunta- de la peor nota desde los tiempos de Felipe González». Y concluye: «Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno de Sánchez».El trabajo pone la ‘Ley Beckham’ como ejemplo de inseguridad jurídica en el plano tributario. Destaca que el régimen fiscal especial que ofrece beneficios tributarios a quienes trasladan su residencia a España por razón de un trabajo ha producido «retroactividad y ruptura de la confianza legítima, inspecciones agresivas e incentivos perversos y la vulneración de derechos fundamentales». España obtiene una nota general de 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la Unión Europea en seguridad jurídica. Es la principal conclusión de un análisis elaborado por el Instituto Juan de Mariana y del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) que contiene, en el que se refleja una erosión de la calidad institucional y democrática en nuestro país, una tendencia que comenzó 2000, pero que se ha agudizado de forma intensa desde 2019, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.La calificación que obtiene España sitúa a nuestro país en el pelotón de cola de la UE, lejos de competidores como Alemania y Francia y por debajo de la media europea. Por detrás tan solo están Malta, Croacia, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Hungría. Las variables analizadas son: ausencia de corrupción, efectividad del Gobierno, estado de Derecho, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, limitación del poder del Ejecutivo, calidad democrática, derechos de propiedad, fiscalidad y cumplimiento de laudos internacionales. El Instituto explica que el deterioro institucional en España durante el mandato de Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Añade que a la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle «la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la Justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez». «Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado -señalan- aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de Gobierno».Daño a la prosperidad económicaEl ‘think tank’ que dirige Manuel Llamas recuerda que otros estudios apuntan en la misma dirección que el ISJ, y confirman el impacto negativo que tiene el deterioro de la seguridad jurídica, de la calidad institucional y la democracia, no solamente en clave sociopolítica, sino también en lo tocante a la prosperidad económica. Cita que este año España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en el que cae diez puestos en un solo año y se sitúa en la posición 46 a nivel global. «Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata -apunta- de la peor nota desde los tiempos de Felipe González». Y concluye: «Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno de Sánchez».El trabajo pone la ‘Ley Beckham’ como ejemplo de inseguridad jurídica en el plano tributario. Destaca que el régimen fiscal especial que ofrece beneficios tributarios a quienes trasladan su residencia a España por razón de un trabajo ha producido «retroactividad y ruptura de la confianza legítima, inspecciones agresivas e incentivos perversos y la vulneración de derechos fundamentales».
La erosión de la calidad institucional y democrática se ha agudizado desde 2019, según un estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana
España obtiene una nota general de 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la Unión Europea en seguridad jurídica. Es la principal conclusión de un análisis elaborado por el Instituto Juan … de Mariana y del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) que contiene, en el que se refleja una erosión de la calidad institucional y democrática en nuestro país, una tendencia que comenzó 2000, pero que se ha agudizado de forma intensa desde 2019, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
La calificación que obtiene España sitúa a nuestro país en el pelotón de cola de la UE, lejos de competidores como Alemania y Francia y por debajo de la media europea. Por detrás tan solo están Malta, Croacia, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Hungría. Las variables analizadas son: ausencia de corrupción, efectividad del Gobierno, estado de Derecho, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, limitación del poder del Ejecutivo, calidad democrática, derechos de propiedad, fiscalidad y cumplimiento de laudos internacionales.
El Instituto explica que el deterioro institucional en España durante el mandato de Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Añade que a la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle «la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la Justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez».
«Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado -señalan- aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de Gobierno».
Daño a la prosperidad económica
El ‘think tank’ que dirige Manuel Llamas recuerda que otros estudios apuntan en la misma dirección que el ISJ, y confirman el impacto negativo que tiene el deterioro de la seguridad jurídica, de la calidad institucional y la democracia, no solamente en clave sociopolítica, sino también en lo tocante a la prosperidad económica. Cita que este año España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en el que cae diez puestos en un solo año y se sitúa en la posición 46 a nivel global. «Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata -apunta- de la peor nota desde los tiempos de Felipe González». Y concluye: «Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno de Sánchez».
El trabajo pone la ‘Ley Beckham’ como ejemplo de inseguridad jurídica en el plano tributario. Destaca que el régimen fiscal especial que ofrece beneficios tributarios a quienes trasladan su residencia a España por razón de un trabajo ha producido «retroactividad y ruptura de la confianza legítima, inspecciones agresivas e incentivos perversos y la vulneración de derechos fundamentales».
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