El Tribunal Supremo ya ha conformado el tribunal que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el presunto pago de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar material sanitario en pandemia. Como es costumbre en el alto tribunal, serán siete magistrados, con una presencia equilibrada de progresistas y conservadores.
El Supremo conforma una sala con equilibrio de conservadores y progresistas
El Tribunal Supremo ya ha conformado el tribunal que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el presunto pago de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar material sanitario en pandemia. Como es costumbre en el alto tribunal, serán siete magistrados, con una presencia equilibrada de progresistas y conservadores.
Se trata de los cinco magistrados que decidieron encausar a Ábalos —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Ana Ferrer—, más otros dos magistrados: Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, por turno de mayor y menor antigüedad, respectivamente.
Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, será también el encargado de encabezar el tribunal y de redactar la futura sentencia, tareas que ya ejerció en el reciente juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que finalmente fue condenado por revelación de secretos.
Marchena y Ferrer también formaron parte de ese tribunal y del que juzgó el procés. Pero mientras que en este último la condena fue unánime, en el que acabó con García Ortiz inhabilitado el expresidente de la Sala de lo Penal se alineó con la sentencia mayoritaria y Ferrer se desmarcó, junto a su compañera Susana Polo, abogando por la absolución.
En la misma línea, Palomo, como miembro de la Sala de Apelación que se encargó de revisar el procesamiento del ahora exfiscal general, defendió en un voto particular que no había motivos para sentar a García Ortiz en el banquillo. Por contra, De Porres y el exfiscal general Julián Sánchez Melgar —designado por el Gobierno de Mariano Rajoy— avalaron la decisión de enviar a juicio al otrora jefe del ministerio público. El estrado lo completará Hernández, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Estos siete magistrados, que constituyen un tribunal templado, cogerán el relevo de Leopoldo Puente, magistrado de sensibilidad progresista que ha investigado durante un año los presuntos amaños orquestados desde el Ministerio de Transportes de Ábalos para beneficiar a empresas vinculadas a Aldama en adjudicaciones públicas.
El instructor les achaca presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, a lo que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares añaden otros: uso de información privilegiada y falsedad en documento oficial.
Se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión
Las peticiones de cárcel para Ábalos y García llegan hasta los 30 años. En cambio, para Aldama las acusaciones interesan siete años de prisión al tener en cuenta su confesión, que permitió destapar la presunta trama de amaño de obra pública que aún investiga Puente.
Ábalos y su exasesor se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, si bien este jueves el Supremo estudiará los recursos donde reclaman su puesta en libertad.
Finiquitado este trámite, la causa encarrilará a juicio. Según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS, el Supremo esperaba celebrarlo hacia febrero o marzo, pero el calendario se ha complicado debido a la apretada agenda del nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, que ya ha avisado al tribunal de que esos meses los tiene casi completos.
