Una treintena de presos sentenciados en Suecia por delitos graves se preparan para purgar sus condenas en Estonia, a cientos de kilómetros de donde fueron juzgados. Se trata del primer grupo que será trasladado este mes como parte de un acuerdo que permitirá a las autoridades suecas enviar hasta 600 reclusos al país báltico. “Es histórico”, afirmó el primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, tras la firma del convenio el año pasado. El pacto ha despertado el interés de otros países europeos que buscan soluciones ante la saturación de sus sistemas penitenciarios, pero también ha desatado una ola de críticas de académicos y organizaciones civiles, y protestas en Tartu, la pequeña ciudad estonia que albergará a los reclusos.
Suecia pagará más de 30 millones de euros anuales a Estonia para que aloje a cientos de sus reclusos. Otros países del continente están considerando firmar acuerdos similares
Una treintena de presos sentenciados en Suecia por delitos graves se preparan para purgar sus condenas en Estonia, a cientos de kilómetros de donde fueron juzgados. Se trata del primer grupo que será trasladado este mes como parte de un acuerdo que permitirá a las autoridades suecas enviar hasta 600 reclusos al país báltico. “Es histórico”, afirmó el primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, tras la firma del convenio el año pasado. El pacto ha despertado el interés de otros países europeos que buscan soluciones ante la saturación de sus sistemas penitenciarios, pero también ha desatado una ola de críticas de académicos y organizaciones civiles, y protestas en Tartu, la pequeña ciudad estonia que albergará a los reclusos.
La ocupación de las cárceles de Suecia está en máximos históricos. La expansión del crimen organizado y la adopción de medidas de mano dura han provocado que la población entre rejas prácticamente se duplique entre 2015 y 2025 (hasta los 11.232 presos), según la ONG Consejo de Europa. El aumento de los delitos de alto impacto también se ha traducido en sentencias más largas y, al final, en prisiones más saturadas. Ante la crisis, el Gobierno sueco ha insistido en que el acuerdo es urgente para aliviar la “tremenda presión” que hay sobre el sistema penitenciario.
Estonia, en cambio, tiene casi la mitad de sus celdas vacías y la segunda tasa de ocupación penitenciaria más baja de la UE (en torno al 58%). Tras sufrir una ola de criminalidad en los años noventa, el país báltico ha logrado una reducción sostenida de la incidencia delictiva y ha adoptado un modelo penal menos punitivo. A principios de este año batió récords al registrar apenas 1.618 presos, el número más bajo desde que se independizó de la URSS en 1991.
El acuerdo tiene una duración de cinco años y permite a Suecia mandar hasta 300 reclusos a cambio de un pago anual de 30,6 millones de euros. Estonia tiene la capacidad de recibir otros 300 presos más, pero en ese caso las autoridades suecas deberán desembolsar 8.500 euros por cada reo que decidan enviar. Con todo, el Gobierno sueco ha admitido que le sale más barato enviar a los prisioneros al extranjero que alojarlos en sus propias cárceles, lo que le cuesta unos 11.000 euros por cada recluso. Sus contrapartes estonias lo ven como una solución para mantener su infraestructura penitenciaria, y esperan generar ingresos y fuentes de empleo.
Más allá de la oferta y la demanda
Ambos países afirman que salen ganando. Pero es esa lógica transaccional la que inquieta a Timothy Anderson, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tallín, en la capital estonia. El académico asegura que el pacto puede dar pie a una especie de “mercantilización de los presos”, al tratarlos como si fueran productos que van de un almacén a otro. “Se justifica desde el pragmatismo y sin tomar en cuenta muchas veces el bienestar de los prisioneros”, afirma por teléfono. “Se siente como un castigo extra, no solo para mí, también para mis hijos”, resumió uno de los reclusos que serán trasladados al diario Svenska Dagbladet.
Suecia y Estonia no tienen experiencia previa en un acuerdo similar, pero existen otros precedentes en Europa. Bélgica fue la primera en la UE en intentar algo similar para afrontar el hacinamiento de sus cárceles, al pactar en 2010 el envío de 500 presos a Países Bajos. El pago también rondaba los 30 millones de euros anuales, pero alcanzó a superar los 40 millones al incluir más presos de los que se contemplaron en un inicio.
Cinco años más tarde, Noruega siguió ese ejemplo y también selló un acuerdo con el Gobierno neerlandés para disminuir la espera de los presos para empezar a cumplir sus condenas. El país escandinavo llegó a exportar 650 presos en los tres años que duró el pacto, por los que pagó en total unos 95 millones de euros.
En ambos países hubo protestas de los familiares de los presos por la vulneración de sus derechos y las dificultades para visitarlos. En Bélgica, el discurso oficial cambió radicalmente con el paso de los años. Al principio, se veía como un acuerdo “indispensable”, pero después fue visto como un arreglo insostenible y demasiado costoso, y fue suspendido en 2016. Dos años más tarde, Noruega decidió no renovar el alquiler de celdas, aunque las autoridades defendieron que la medida cumplió con su objetivo.
Un estudio publicado en 2023 en la Revista Nórdica de Criminología encontró que las experiencias de Bélgica y Noruega solo fueron en el mejor de los casos “una solución a corto plazo” y no tuvieron ningún efecto en resolver el problema de raíz: las leyes y políticas gubernamentales que desbordan las cárceles.
Pese a las dudas de los expertos, Dinamarca cerró un acuerdo con Kosovo en 2021 para alquilar 300 plazas carcelarias durante 10 años por un pago anual de 21 millones de euros. Se prevé que el traslado de presos comience el próximo año, tras múltiples prórrogas a raíz de las resistencias políticas en el Parlamento kosovar, las críticas de organismos internacionales y cuestiones técnicas que han retrasado el proyecto. Cuando esté operativo, los familiares de los presos tendrán que desplazarse más de 2.000 kilómetros para visitarlos.
El resurgimiento de esta idea en el continente no es un hecho aislado. Anderson afirma que la creciente popularidad de estas medidas no se puede entender sin tomar en cuenta el endurecimiento de las políticas migratorias, con propuestas como la apertura de centros de deportación fuera del territorio comunitario, bajo una lógica de externalización de las fronteras. Europa ha pagado durante años para que otros se hagan cargo de inmigrantes y refugiados, ahora busca que alguien más se ocupe de sus presos. “Lo que hace 20 años era controvertido, ahora ya no lo es tanto”, reseña.
Un experimento polémico
Todos los presos que serán enviados desde Suecia son hombres. El acuerdo excluye a mujeres, menores de edad, jefes de grupos criminales y presos radicalizados o acusados de terrorismo, pero sí contempla a reos condenados por homicidio, robos con violencia, fraude y delitos financieros graves. Estonia tiene, además, el derecho de vetar a los delincuentes que considere demasiado peligrosos. Los reclusos pueden ser suecos o extranjeros, a diferencia del caso de Dinamarca y Kosovo, que contempla solo a extranjeros.
El acuerdo establece que cada preso tiene derecho a contar al menos con una cama, una silla, una mesa, una radio, un televisor, un despertador, una taza, un espejo, un armario o una estantería y un dispositivo que le permita regular la entrada de luz natural. Para salvar las barreras lingüísticas, las comunicaciones entre prisioneros y guardias serán en inglés.
Como ha pasado en otros países, uno de los asuntos más polémicos es la posibilidad de que los presos tengan contacto con sus familias. Los prisioneros tienen garantizada una visita por mes con una duración de una a dos horas y una visita más larga de entre uno y tres días cada seis meses dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Pero una de las principales incógnitas es si los familiares tendrán los medios para desplazarse hasta Estonia.
“En realidad, los visitantes vienen a ver a uno de cada cinco presos y, por lo general, es una madre doliente”, sostuvo la semana pasada la ministra de Justicia estonia, Liisa Pakosta, ante las críticas. “Tenemos una prisión muy moderna donde los reclusos tendrán tabletas y podrán hacer videoconferencias”, zanjó.
“Lo que más nos preocupa es el impacto para las personas que serán enviadas a Estonia”, señala John Stauffer, director legal de la organización sueca Civil Rights Defenders, que ha expresado su preocupación por la posible vulneración de derechos humanos. Stauffer afirma que arrancar a los presos del contexto que conocen disminuye sus posibilidades de reinsertarse en la sociedad. “También afecta a sus familiares y sobre todo, a sus hijos”, agrega en una conversación telefónica.
“La rehabilitación y la reintegración habían sido pilares de nuestro sistema penitenciario, ahora está claro que nos estamos alejando [de esos principios]”, lamenta. El acuerdo establece protocolos en el caso de muertes, suicidios y fugas de los presos, pero Stauffer apunta que aún prevalecen vacíos sobre las responsabilidades y la rendición de cuentas que asumirá cada país.
El acuerdo tampoco ha estado exento de polémica en Estonia. Mientras en Suecia refuerza el giro punitivista del Gobierno conservador, en el país báltico el acuerdo ha tocado fibras nacionalistas, en especial entre los partidos de derecha y ultraderecha.
“Los suecos nos dieron las albóndigas y a Pippi [Calzaslargas], pero deberían quedarse con su basura”, reclamó Sandra Laur, del partido opositor Isamaa (Patria, en español), durante una protesta que convocó apenas a unas pocas decenas de personas en Tartu en junio. Sin embargo, un 54% de los estonios se opone al acuerdo con Suecia, según una encuesta de la cadena pública ERR. La oposición, además, ha advertido de que revocará el pacto penitenciario si gana las elecciones generales de marzo próximo.
“Para Tartu, lo más importante es la seguridad”, afirma Urmas Klaas, el alcalde de la ciudad, la segunda más poblada de Estonia (unos 80.000 habitantes), por correo electrónico. Klaas afirma que han recibido salvaguardas del Gobierno nacional para garantizar que no habrá riesgos para la comunidad y sostiene que se reclutará a 250 empleados penitenciarios a raíz del acuerdo, lo que tendrá un impacto positivo en el mercado laboral y la economía local.
Anderson afirma que Estonia es un caso único de cómo un país puede utilizar sus prisiones como una herramienta económica y diplomática, al proyectarse como un Estado que ha transitado exitosamente de la URSS a la UE y ha conseguido establecer instituciones eficientes, al punto de que puede hacerse cargo de los presos de otros. “Es una especie de marketing”, señala.
Francia y Países Bajos han barajado la posibilidad de enviar a sus presos al extranjero. También lo ha hecho el Reino Unido, aunque los planes se han paralizado por las críticas y los elevados costes estimados. El partido ultra Reform UK ha insistido esta semana en el tema y ha planteado que se debería valorar el traslado de presos extranjeros a El Salvador, Lituania o Estonia.
Finlandia incluso mostró interés el año pasado en suscribir un acuerdo con Estonia y los medios de Bélgica se hicieron eco de que su Gobierno estaba considerando un pacto penitenciario con el país báltico el pasado febrero. Las autoridades estonias negaron cualquier contacto y subrayaron que, de momento, no iban a buscar acuerdos penitenciarios con más países. La UE ha evitado pronunciarse sobre estos casos, al considerar que cada Estado miembro tiene la última palabra al gestionar la saturación de sus cárceles.
“No me sorprendería que se firmen más acuerdos como este en los próximos años”, afirma Anderson, a pesar de la cautela que ha exhibido el Gobierno estonio. El investigador asegura que este caso “fija un precedente importante” y puede allanar el terreno para otros tratos similares en otros países europeos. Las autoridades esperan que para finales de 2026 sean cerca de 200 los presos que hayan llegado desde Suecia y que para el próximo año se cubran el cupo de 600 en la cárcel de Tartu.
Feed MRSS-S Noticias
