El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista a Europa Press, al ser preguntado sobre la polémica compra del ático en Chamberí por 6,3 millones por el Gobierno de Ayuso, que “deberá ser Patrimonio de la Comunidad quien tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, en la misma entrevista, celebrada en la sede del PP de la calle Génova el pasado 21 de agosto, el líder de los populares ha explicado que conocía desde el pasado abril que el Ejecutivo madrileño buscaba “un local” para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.
El líder del PP asegura en una entrevista que sabía desde abril que el Gobierno de la Comunidad de Madrid buscaba “un lugar” por las obras en Sol
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista a Europa Press, al ser preguntado sobre la polémica compra del ático en Chamberí por 6,3 millones por el Gobierno de Ayuso, que “deberá ser Patrimonio de la Comunidad quien tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, en la misma entrevista, celebrada en la sede del PP de la calle Génova el pasado 21 de agosto, el líder de los populares ha explicado que conocía desde el pasado mes de abril que el Ejecutivo madrileño buscaba “un local” para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.
“La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones que considera oportunas para esclarecer lo ocurrido”, ha declarado Feijóo en relación a la compra del ático, que destapó EL PAÍS. Tras descubrirse la controvertida transacción, el Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones de euros con el fin, han asegurado, de recibir fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste, tras los incendios que asolaron la región este verano.
Feijóo ha señalado que en el mes de abril se le invitó a una reunión “informal” con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol y allí se dijo que se iban a realizar “obras de remodelación” porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio. Ha insistido en que en ese momento se le informó de que se estaba buscando “un lugar” para trasladar durante la obra el despacho de la presidenta y de los seis o siete puestos de su “secretaría y atención de gabinete”.
Lo cierto es que son pocas las explicaciones que se conocen hasta el momento. Planifica Madrid adquirió el ático el 14 de abril y la operación no consta ni en el portal de transparencia, ni en las cuentas anuales de la compañía. En un primer momento, fuentes de su Gobierno apuntaron que el piso, con cinco habitaciones, seis baños y vistas panorámicas al skyline madrileño, se usaría como oficina provisional para unas obras en Sol de las que no se había informado, aunque se especula con que, en realidad, la Comunidad de Madrid quería convertir el ático en la residencia oficial de la Presidencia.
Sin embargo, la normativa no permite instalar allí oficinas ni tampoco es adecuado para residencia oficial, por lo que apenas un día después de estallar el escándalo, lo pusieron a la venta por 400.000 euros más de lo que costó. Su pareja, Alberto González Amador, también puso a la venta el ático que posee en el mismo vecindario, en el que convive con la presidenta. El abogado Javier Flores ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue una posible responsabilidad contable por menoscabo de fondos públicos y sostiene que no se puede justificar la compra en unas obras que ni siquiera existían en el momento de la adjudicación. De hecho, fueron adjudicadas el 7 de agosto sin concurso y por casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo, 11 días después.
Tras toda la polémica, Feijóo ha reconocido que se enteró por la prensa de que el ático que finalmente se compró “no se puede destinar a oficina”. Y ha señalado quién debe aclarar el asunto: “Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubicase allí una oficina. Eso es todo”.
Feijóo apunta, en realidad, a Planifica Madrid, que pertence a Patrimonio de la región madrileña. La entidad autonómica se creó en 1991 para la gestión de suelo, la realización de obras y el alquiler de edificios propios. Su genealogía empresarial es un tanto compleja, ha tenido muchos nombres y le persigue la mancha del escándalo: nació hace 35 años como Ciudad de la Imagen de Madrid S.A., después se llamó Arproma y más tarde Obras de Madrid. En 2022, adoptó su denominación actual, Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., y es el último eslabón de una cadena de sociedades públicas vinculadas al urbanismo, las infraestructuras y el patrimonio de la Administración madrileña. También es la heredera de la antigua Arpegio, la histórica empresa pública de suelo de la región, ligada a grandes desarrollos y marcada por las investigaciones judiciales aún en marcha por tráfico de influencias o malversación en el caso Púnica.
En mayo de 2016, la entonces presidenta autonómica, Cristina Cifuentes (PP), anunció la disolución de Arpegio. Sus competencias pasaron a Arproma (ahora Planifica) y sus activos de suelo a la Comunidad de Madrid. El nombre se había vuelto incómodo para el Gobierno regional después de que la Audiencia Nacional empezara a investigar recalificaciones de suelo en diferentes municipios en las que supuestamente mediaron comisiones durante la época de Francisco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre. Anticorrupción situaba a la compañía pública en el origen de la fortuna del ex número dos del PP de Madrid y la definió como “empresa clave” en la trama.
El nombre de Planifica Madrid, hasta ahora inocuo, también se ha vuelto incómodo para la actual presidenta. La dirección de la empresa corresponde a un consejo de administración de nueve miembros liderado por un hombre de máxima confianza de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, el responsable de la consejería de Presidencia, a la que está adscrita esta compañía de capital 100% público. Su consejero delegado es desde julio de 2023 Pedro Corbalán Ruiz, que antes había tenido puestos en la administración autonómica dentro de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Desde que se destapara la compra del ático, nadie de Planifica se ha pronunciado al respecto, más allá de para gestionar la posterior venta del piso. Solo lo han hecho García Martín y Ayuso, y únicamente cuando se les ha preguntado por ello.
