El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado hoy por unanimidad la reorganización de la cúpula del centro. Este movimiento implica la eliminación de tres altos cargos del organismo vinculados a la anterior etapa. Se trata de la vicedirección de asuntos económicos, que ostenta Juan Arroyo, la secretaría general, con Laura Muñoz al frente, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera. Estos puestos quedarán suprimidos como parte de una “reestructuración” de la cúpula directiva del CNIO, según fuentes conocedoras del acuerdo.
El órgano de Gobierno del mayor centro de cáncer acepta cambiar su estructura para romper con la etapa anterior, marcada por presuntas irregularidades en la contratación
El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado hoy por unanimidad la eliminación de tres altos cargos del organismo vinculados a la anterior etapa. Se trata de la vicedirección de asuntos económicos, que ostenta Juan Arroyo, la secretaría general, con Laura Muñoz al frente, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera. Estos puestos quedarán suprimidos como parte de una “reestructuración” de la cúpula directiva del CNIO, según fuentes conocedoras del acuerdo.
La propuesta ha sido elevada por el actual director gerente, José Manuel Bernabé, que ostenta su cargo desde septiembre y había llegado con los objetivos de reflotar el CNIO —el mayor centro de investigación del cáncer en España— y aclarar si en el organismo hubo contratos amañados.
Según una denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción en junio, Juan Arroyo, que fue director gerente del organismo durante más de 15 años, estaba presuntamente involucrado en la concesión de contratos irregulares a empresas amigas. Las otras dos personas despedidas eran cargos muy cercanos a él.
El motivo oficial de los ceses es eliminar duplicidades, liberar recursos para destinarlos a las prioridades estratégicas del centro, y garantizar la sostenibilidad presupuestaria, según explica a EL PAÍS fuentes cercanas al patronato, máximo órgano rector de este centro con un presupuesto anual de unos 40 millones de euros.
En 2017, José Ignacio Fernández Vera dimitió como director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por “motivos personales” después de que este diario desvelase que desembolsó casi 25.000 euros en dos años para alquilar coches de alta gama con chófer privado para ir de Madrid a actos en Salamanca, su ciudad natal, y otros lugares de España.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había convocado para este martes una reunión de urgencia del patronato, el órgano rector de este centro público, para el análisis de la situación y toma de decisiones necesarias. La semana pasada se conocieron los detalles de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción que alerta de contratos supuestamente amañados concedidos a empresas relacionadas con la alta dirección del organismo, o con antiguos empleados.
El denunciante, que comenzó a trabajar en el CNIO en 2005 y ha desarrollado allí buena parte de su carrera profesional, fue despedido en agosto junto a otra directiva del centro con la que supuestamente estaba analizando las cuentas de la entidad y destapando las presuntas irregularidades. Ambos exempleados alertaron en marzo y agosto —la denuncia se presentó a finales de junio— a dos altos cargos del Ministerio: el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, y la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant aseguran que se informó someramente al patronato de los despidos y su contexto, y que los miembros no pidieron más detalles; pero hay patronos que niegan haber sido informados de la denuncia.
La presidenta del patronato es la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno, con una presidencia de honor reservada para Diana Morant, quien hoy está en Valencia para la apertura del año académico y asistir a la entrega de los Premios Jaume I. En el patronato hay además una vicepresidenta, Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, cuatro vocales natos —Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, Eloísa del Pino, presidenta del CSIC, Borja Monreal, del Gabinete de Presidencia del Gobierno, y Marta Ortiz, subdirectora general en el Carlos III—, representantes de cuatro comunidades autónomas rotativas, en este caso Baleares, Extremadura, Castilla y León y Murcia, todas gobernadas por el PP, y tres patronos privados: la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación BBVA y la Fundación Cris Contra el Cáncer. También forman parte Ángela Nieto, representante del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el representante legal del CNIO, que es su nuevo director gerente, José Manuel Bernabé.
El CNIO lleva más de un año sumido en una profunda crisis que parece no poder superar. Creado en 1998, el organismo es frecuentemente citado como el mayor y mejor centro de investigación del cáncer de España, y uno de los mejores del mundo. Pero detrás de ese escaparate, el organismo ha experimentado varias crisis profundas desde su creación. La penúltima estuvo caracterizada por el enfrentamiento entre su directora científica, María Blasco, y su gerente, Juan Arroyo, hasta el punto de que fuentes del centro hablan de una guerra ineterna larvada que impidió el correcto funcionamiento del centro.
Hace al menos tres años comienza a ser patente el deterioro de sus instalaciones y las averías de instrumentos fundamentales para la investigación, como los microscopios confocales. De los cuatro de los que disponía el organismo, llegó a tener sólo uno operativo. Asimismo, el animalario, con más de 30.000 ratones de laboratorio, tenía averiados los sistemas de limpieza, con los problemas de salubridad que eso conlleva.
Algunos de sus científicos alertaron de los problemas tanto a la dirección científica del organismo, que ostentaba María Blasco, como al Ministerio de Ciencia en varias ocasiones desde 2022. La crisis no se solucionó. A finales de 2024, la mitad de los jefes científicos del organismo exigieron el cese de Blasco. Este colectivo estaba especialmente preocupado por el declive del centro como referente nacional e internacional.
Según un informe elaborado por estos jefes del CNIO para el Ministerio de Ciencia, la producción de ciencia de alta calidad ha caído en los últimos años, y también la capacidad del organismo de atraer a investigadores de primer nivel. Este colectivo consideraba que parte de la explicación de estos problemas estaba en la mala gestión de Blasco, que llevaba al frente del CNIO desde 2011 sin que se hubiese planteado su relevo públicamente. Además el centro, con un presupuesto total de unos 40 millones de euros al año, tenía un déficit de 4,5 millones.
María Blasco y el director gerente del organismo, Juan Arroyo, fueron cesados por el patronato del centro por unanimidad el pasado 29 de enero, como adelantó este diario. Además de su supuesta mala gestión como responsable científica del centro, sobre Blasco pesaban varias denuncias de acoso laboral. El organismo nombró a dos sustitutos provisionales, la gerente Maribel Salido y el director científico Fernando Peláez.
La anterior etapa estuvo caracterizada por el enfrentamiento entre Blasco y Arroyo y sus respectivos partidarios. Con los nuevos nombramientos, la situación no mejoró, al menos en lo referente a la gestión, hasta el extremo de que el centro despidió a dos directivos con expedientes disciplinarios por supuesta desobediencia y por presuntamente haber puesto en peligro la integridad del centro y sus trabajadores, según fuentes conocedoras del proceso. Los dos ejecutivos despedidos eran veteranos de la gestión en el CNIO, y habían trabajado hombro con hombro junto a Arroyo durante años sin ningún problema aparente. Pero tras la caída del gerente, todo se torció. Uno de ellos asegura haberse topado con un amplio catálogo de irregularidades en la contratación y la existencia de una red de empresas amigas en las que recaían las contrataciones.
Este exempleado ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha admitido la denuncia, pero aún no ha abierto diligencias ni se ha puesto en contacto con ninguno de los implicados. Un punto clave es si se demuestra que los responsables de la contratación en el CNIO se llevaban mordidas de esos contratos irregulares, algo que el denunciante no ha detectado.
La nueva cúpula permanente del CNIO está a medio cerrar. El nuevo director gerente, José Manuel Bernabé, lleva en su puesto desde septiembre con dos responsabilidades: reflotar el CNIO y aclarar si hubo irregularidades en la contratación.
Raúl Rabadán, físico y bioinformático madrileño, ha sido designado nuevo director científico, pero aún no ha podido asumir su cargo debido a que aún tiene responsabilidades contractuales con su actual empleador, la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Se espera que Rabadán pueda comenzar su tarea plenamente a principios del próximo año, según fuentes del Ministerio de Ciencia.
Ayer por la tarde, en un acto en Alicante, los periodistas le preguntaron a Diana Morant por las declaraciones del denunciante en EL PAÍS. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades dijo: “Si en el CNIO ha habido algún tipo de irregularidad o se ha malversado cualquier cantidad de dinero que tenía que haber ido destinada a curar el cáncer, tiene toda nuestra condena”. Morant recalcó de nuevo que una de las tareas de Bernabé es determinar “si se ha cometido alguna irregularidad”. “No tenemos constancia de la denuncia, pero estamos a disposición de la justicia para pasar la información del CNIO que sea necesaria”, añadió.
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