Las supuestas trampas en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social que se celebraron el pasado septiembre en A Coruña están ya bajo la lupa de una jueza. A la plaza número 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña han ido a parar las sospechas de otros opositores, las de la Fiscalía y las del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todo después de que, entre 23.000 aspirantes de toda España, las 34 mejores notas de la parte teórica de la prueba las lograran personas que se examinaron en la sede coruñesa.
Indignación entre los denunciantes de supuestas trampas en una oposición por permitirse la toma de posesión de las plazas. Un juzgado investiga si se soplaron las respuestas a través de dispositivos electrónicos
Las supuestas trampas en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social que se celebraron el pasado septiembre en A Coruña están ya bajo la lupa de una jueza. A la plaza número 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña han ido a parar las sospechas de otros opositores, las de la Fiscalía y las del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todo después de que, entre 23.000 aspirantes de toda España, las 34 mejores notas de la parte teórica de la prueba las lograran personas que se examinaron en la sede coruñesa.
El presunto tongo, sin embargo, no ha parado el proceso selectivo. La treintena de aprobados señalados directamente al menos en una de las denuncias ya han sido nombrados funcionarios para indignación de los aspirantes que han acudido a la justicia. “No pueden meter en la Administración a gestionar temas tan delicados como pensiones o jubilaciones a gente que ha cometido irregularidades”, lamenta uno de los denunciantes.
P. M., otra de las opositoras que suscriben una de las denuncias, ha aprobado la prueba pero se ha quedado sin plaza con solo 20 personas por delante de ella. “Estamos indignados por la dejación de responsabilidad. Se debería haber paralizado todo”, defiende. “Entiendo que quien ha actuado de forma honrada y ha sacado plaza se vea afectada, pero esto es gordo y no puede ser que tome posesión todo el mundo”.
La investigación del juzgado se abrió en mayo y se encuentra “en una fase muy inicial de la instrucción”, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La jueza está indagando en los hechos, pero no ha citado de momento a ninguna persona en calidad de investigada y la causa ha sido declarada secreta. El ministerio alega que la normativa no le permite parar el proceso porque no se ha producido una “constatación cierta y probada” de que los opositores “hayan utilizado medios fraudulentos”: “El ordenamiento jurídico administrativo no faculta a la Administración para la exclusión o suspensión del proceso selectivo, ya sea con carácter general, ya sea de forma parcial mediante la suspensión provisional del nombramiento como funcionarios de carrera de personas concretas, sin una mínima base probatoria que conlleve esa medida”.
Al menos una de las denuncias que está en manos de la jueza señala a una treintena de los que aprobaron el examen en A Coruña por un supuesto uso de dispositivos electrónicos como pinganillos o gafas digitales para que les soplaran las respuestas. Las sospechas de los 20 opositores que secundan esa querella presentada en marzo se dispararon no solo al ver las increíbles notas. Su querella destripa las relaciones personales y profesionales que unen a quienes las obtuvieron.
Según las pesquisas de los denunciantes, dos hermanos lograron exactamente la misma puntuación y fallaron justo las mismas preguntas (dos en la parte tipo test y una en el caso práctico). Dos empleados de un bar de Pontevedra coronaron la misma calificación en ambos apartados al igual que una amiga de uno de ellos. En A Coruña, entre la decena de ciudades que acogieron la prueba, se lograron siete plenos de aciertos en la parte teórica de 70 preguntas y la mitad de las 50 mejores notas totales.
Cambios en las normas de los exámenes
Las posibles irregularidades las admite el propio ministerio. Los recelos ante las extraordinarias calificaciones que se obtuvieron en A Coruña fueron tales que el departamento dirigido por Elma Saiz abrió de oficio una investigación interna y acabó enviando el asunto a la Fiscalía “en atención a las facultades de investigación de las que dispone”. Fuentes del equipo de Saiz explican que sus pesquisas descartaron irregularidades de las personas que intervinieron en el proceso por parte de la Administración, pero sí se evidenció el “anómalo” resultado en la sede coruñesa. Esas notas “tan solo prueban una desviación estadística atípica”, subrayan.
Uno de los funcionarios que lleva los procesos selectivos estatales en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se lo confesó a un aspirante: “Nosotros fuimos los primeros en llevarnos las manos a la cabeza cuando vimos las notas”. Además de la investigación por la vía penal, se han interpuesto al menos cuatro contenciosos-administrativos. El ministerio ya ha anunciado que reforzará los controles. En las pruebas que la Seguridad Social ha celebrado este año se han extremado las precauciones, cuentan los opositores, y no se ha permitido entrar en el examen con el móvil o con cascos como sí se pudo hacer en la oposición bajo sospecha.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace unos días la adjudicación de plazas a los aprobados. Hay casos de opositores que obtuvieron pleno de aciertos en A Coruña y que sorprendentemente no han presentado la documentación que les permite tomar posesión del puesto. Los denunciantes ven en estas renuncias otro indicio más de irregularidades. “Eso es muy raro, eso es que tienen miedo”, apunta uno de los opositores que se examinaron en Galicia y sí obtuvieron plaza. También defiende que los señalados en las denuncias “deberían ser apartados temporalmente porque es descaradísimo”. Asegura que en las oficinas donde han tomado posesión se respira un ambiente “incómodo”.
Hace un mes, Renfe sí anunció que repetiría parte de una oposición ante las impugnaciones presentadas por sospechas de filtraciones. También se volvió a realizar el examen en RTVE. Para justificar la distinta actuación de estas empresas públicas, el Ministerio de Inclusión aduce que en las oposiciones de la Seguridad Social “no se cuestiona la confección del ejercicio o su desarrollo o corrección, sino si han existido opositores que pudieran haber actuado, presuntamente, de forma fraudulenta”. En caso de que alguno de los recién nombrados funcionarios acabe imputado, el ministerio asegura que solo podrá apartarlo si el juzgado decreta medidas cautelares.
