11 activistas de Greenpeace se enfrentan este miércoles a un juicio en Valencia por una protesta pacífica que tuvo lugar en 2021 en el puerto de Sagunto contra un buque de EE UU que transportaba gas extraído mediante la técnica del fracking. La fiscalía pide una pena de prisión de cinco años para cada uno de los acusados (de ocho nacionalidades distintas, cuatro de ellos españoles) por un delito de “desórdenes públicos”.
Le entidad alerta de la presión del poder contra el activismo con motivo del juicio por un “acto pacífico” en 2021 de bloquear un buque con gas en Sagunto
11 activistas de Greenpeace se enfrentan este miércoles a un juicio en Valencia por una protesta pacífica que tuvo lugar en 2021 en el puerto de Sagunto contra un buque de EE UU que transportaba gas extraído mediante la técnica del fracking. La fiscalía pide, por un delito de “desórdenes públicos”, una pena de prisión de cinco años para cada uno de los acusados (de ocho nacionalidades distintas, cuatro de ellos españoles).
Esta petición ha hecho estallar a los responsables de la organización ecologista, que este martes han cargado contra “el intento global de intimidación de la movilización social” por una acción que no causó ningún daño personal ni material, según ha afirmado la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, desde la popa del rompehielos de la entidad, Arctic Sunrise, atracado en La Marina de Valencia.
“Protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática”, ha señalado la bióloga, que ha tildado la pena de “absolutamente desproporcionada” por una “acción pacífica” que bloqueó el buque durante unas 12 horas y por la que ya han pagado una multa administrativa de 160.000 euros. “Quienes aceleran la crisis climática y obtienen beneficios multimillonarios a costa de la salud del planeta y de todas nosotras siguen sueltos con total impunidad. Sin embargo, quienes ponen su libertad en juego para alertar a la ciudadanía y exigir un futuro se enfrentan a peticiones completamente inéditas en Europa”, ha añadido.
Saldaña y sus compañeros, el dirigente Javier Raboso, la abogada Inés Díaz y dos de los activistas enjuiciados, Francisco del Pozo e Ylenia Burisch, han incidido en que en los últimos años se ha acrecentado la presión del poder judicial, político y empresarial, y de las grandes compañías, contra “el activismo climático, en un intento de corriente global de represión para intimidar, castigar y disuadir a quienes se atreven a cuestionar los intereses de las grandes industrias contaminantes”. Con el agravamiento en España de la aplicación de la llamada ley mordaza, que se debería derogar, ha apuntado Rebollo, responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho. “Hay un intento claro de silenciar la disidencia”, ha agregado.
La responsable jurídica de Greenpeace, Inés Díaz, ha sostenido que el caso “debió quedar siempre en el ámbito administrativo y no pasar nunca al penal” porque los 11 activistas “nunca alteraron la paz social, que es lo que castiga el delito por el que se les acusa”. En el momento de la acción “solo fue detenido el capitán, que fue llevado a comisaría e interrogado” y posteriormente “se extendió ese procedimiento a otras 10 personas”. Prueba de que no fue una acción violenta es que “no hay ningún responsable de la compañía ni del Puerto que nos haya reclamado ningún daño, ni hay ninguna acusación por un delito de lesiones”, ha recalcado la letrada, que ha lamentado que “solo es un empecinamiento del Ministerio Fiscal”. Confía en que este órgano modifique sus conclusiones en la vista que tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El activista acusado Francisco del Pozo ha comentado que los 12 años de cárcel a los que se enfrenta por esta causa y otras dos son “como 12 chinitas en el zapato, que no te molestan y sigues con tu vida hasta que se alinean y parece que es imposible continuar”. No obstante, ha recalcado que fenómenos como la dana de Valencia demuestran la necesidad de continuar con su lucha contra el cambio climático, del que ya advirtieron mucho antes de que se integrara en las agendas gubernamentales de todo el mundo. “Somos inmunes al desaliento”, ha reiterado.
La italiana Ylenia Burisch, también acusada, ha admitido que ser activista es “agotador, incómodo” y que enfrentarse a cinco años de cárcel pone su vida “en pausa”. Ahora bien, no dejan de ser “unos privilegiados” por protestar en países donde existe democracia y con organizaciones como Greenpeace que les apoyan durante todo el proceso, y ha puesto el foco en el resto de activistas que “luchan en silencio”. “Si verdaderamente crees en lo que haces, esto no te detiene, no te silencia. La ciencia nos dice que el cambio climático trae toda esta destrucción y hay una obligación moral, legal y política de hacer lo que hacemos”, ha subrayado.
Tras la conferencia de prensa, celebrada en el Arctic Sunrise, se ha organizado una visita al barco con la presencia de varios relatores de la ONU, como Michel Forst, que asistirán a la vista de este miércoles junto con representantes de Amnistía Internacional y numerosos miembros de Greenpeace.
