El Gobierno de Teodoro Obiang da una nueva vuelta de tuerca a su implacable persecución de los opositores en el exilio. La Fiscalía General de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, ha declarado grupo terrorista a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (Cored), el principal grupo de oposición al régimen. Además, ofrece recompensas de hasta 1,5 millones de euros por la entrega de cada uno de sus dirigentes. Les acusa de estar detrás de un supuesto golpe de Estado en diciembre de 2017 y de mantener contactos con grupos como Al Qaeda y Boko Haram para atentar contra la vida del dictador.
Para uno de los disidentes, el régimen de Obiang quiere deshacerse de los opositores antes de las próximas elecciones: “Cualquier persona puede dispararme un tiro”
El Gobierno de Teodoro Obiang da una nueva vuelta de tuerca a su implacable persecución de los opositores en el exilio. La Fiscalía General de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, ha declarado grupo terrorista a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (Cored), el principal grupo de oposición al régimen. Además, ofrece recompensas de hasta 1,5 millones de euros por la entrega de cada uno de sus dirigentes. Les acusa de estar detrás de un supuesto golpe de Estado en diciembre de 2017 y de mantener contactos con grupos como Al Qaeda y Boko Haram para atentar contra la vida del dictador.
Salomón Abeso Ndong, presidente de Cored, niega a EL PAÍS todas las acusaciones. Cored es un movimiento creado hace 16 años que agrupa a veinte partidos y asociaciones contrarios a la dictadura. Es el movimiento más activo y antiguo contra la dictadura de Obiang. El líder opositor afirma por teléfono desde su casa en Londres: “Están poniendo nuestras vidas en peligro. Cualquier persona puede dispararme un tiro en la cabeza y pedir la recompensa. Todo es una locura”.
Anatolio Nzang Nguema, el fiscal general del país, ha puesto distintos precios a la cabeza de la docena de dirigentes de Cored en una rueda de prensa celebrada el 14 de septiembre en la capital, Malabo. En ella animó a particulares y gobiernos a capturar y repatriar a los señalados a cambio de millonarias recompensas. No aportó pruebas de las acusaciones.
Por Abeso, la Fiscalía ofrece 1,5 millones de euros y por Filiberto Ntutumu, secretario general, un millón. Otros diez dirigentes completan la lista, entre ellos los representantes de la coalición en Canadá, Estados Unidos y Francia. Por cinco de ellos ofrece 800.000 euros y por los cinco restantes, 700.000. En total, las recompensas suman 10 millones de euros.
Abeso niega que Cored haya tenido contacto alguno con grupos terroristas. “Relacionarnos con Al Qaeda y Boko Haram es una barbaridad. Jamás hemos barajado un acto violento. ¡Cómo vamos a relacionarnos con esos grupos que han perpetrado atentados terribles!”, exclama el disidente. ”Ha sido una sorpresa. Nunca nos imaginamos que nos acusarían de algo semejante. Solo queremos unas elecciones transparentes y limpias. Somos activistas, no terroristas”, afirma.
El dirigente de Cored sufrió un atentado en la capital británica el 4 de octubre de 2018. Dos sicarios lo ametrallaron desde una motocicleta cuando salía de su casa. Su hijo resultó herido de bala. Semanas antes, un exguardia civil que trabajó para el régimen de Obiang le había advertido de que le habían encargado eliminarlo.
Para Abeso, la decisión del Gobierno de Obiang busca preparar el terreno para las próximas elecciones y acabar con el movimiento que lleva años combatiéndolo desde el exilio. “Quiere deshacerse de nosotros porque pedimos elecciones libres en un país donde siempre las gana el tirano con un 98% de los votos. Nos acusa de un golpe de Estado y el único que se ha dado en Guinea Ecuatorial es el que le llevó a él al poder hace 47 años”, recuerda.
Declarar terroristas a los opositores en el exilio y poner precio a su captura supone una novedad en la persecución del régimen a sus detractores. Hasta ahora, la estrategia consistía en localizarlos y secuestrarlos. Un informe confidencial de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía, desvelado por EL PAÍS, y trabajos de distintas ONG, de la ONU y del Departamento de Estado de EE UU concluyen que los servicios secretos del dictador secuestraron a 34 disidentes entre 1997 y 2019. La mayoría en Europa.
En todos los casos, el régimen contrató a sicarios o colaboradores africanos y usó el avión presidencial como escudo diplomático para trasladar a sus víctimas hasta Malabo. Allí, los disidentes fueron encerrados en cárceles para presos políticos, torturados, juzgados por tribunales militares y condenados a decenas de años de prisión por supuestos golpes de Estado.
El último secuestro conocido es el de cuatro opositores, dos de ellos españoles, raptados en Sudán del Sur en 2019. Uno de ellos, Julio Obama, de 61 años, murió en enero de 2023 en una cárcel ecuatoguineana en circunstancias nunca aclaradas. Por este caso, la Audiencia Nacional ha procesado a tres altos cargos, sobre los que pesa una orden de búsqueda y captura. Son Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente y secretario de Estado de Seguridad Exterior; el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Endo.
Cored y sus principales dirigentes adquirieron protagonismo durante el juicio de los llamados “bienes mal adquiridos”. Gracias a algunos de sus testimonios, el Tribunal Correccional de París condenó en 2017 al vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, Teodorín, hijo del presidente. Lo condenó por blanquear en Francia decenas de millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. Fue la primera vez que se condenaba en Europa por corrupción a un familiar de un dictador africano.
Los grupos y asociaciones de oposición a Obiang en España mantienen desde hace años una estrecha relación con los dirigentes de Cored.
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