Un informe del Tribunal de Cuentas en el que se denuncia la «deficiente supervisión de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)» ha desencadenado un enfado monumental en el Ministerio de Hacienda , que ha solicitado de manera formal y de forma pública al órgano fiscalizador la retirada de esa valoración por entender que ni se ajusta a la realidad ni se puede sustentar en las evidencias recabadas por el tribunal, sin que este la haya atendido.La valoración del órgano fiscalizador respecto a los mecanismos de control sobre las inversiones de los fondos europeos, que viene a confirmar las sospechas al respecto, se incluye en un informe de fiscalización de reciente publicación sobre los programas de la denominada área de gasto 2 del PRTR, el que se refiere a ‘Actuaciones de protección y promoción social’, de los ejercicios de 2022 y 2023. Se encuadran aquí 24 programas de actuación, referidos a siete de los componentes del plan, que han implicado a siete ministerios y otros cinco grandes organismos del Estado, y que han tenido en conjunto una asignación presupuestaria de cerca de 9.500 millones de euros .Noticia relacionada No No El Gobierno negocia ‘in extremis’ con Bruselas otra revisión del plan de recuperación para no perder millones en ayudas a fondo perdido ABCTras examinar de forma exhaustiva la planificación, el desarrollo y la supervisión de la ejecución de estos programas, el análisis del Tribunal de Cuentas ha constatado «un deficiente cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora del PRTR en materia de seguimiento de la ejecución del Plan» y una «insuficiente implantación de medidas de control por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos cuando la ejecución corresponde a otras entidades territoriales», lo que a su juicio impedía conocer con certeza el estado concreto de ejecución de cada uno de estos programas y sobre todo el cumplimiento o incumplimiento de los hitos y objetivos asociados a los mismos.No es una laguna menor, como la realidad se ha encargado de demostrar. El Gobierno de España se las ha visto y se las ha deseado para acreditar ante la Comisión Europea el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, a cuyo éxito está asociada la recepción de los fondos asignados al país. La extraordinaria flexibilidad demostrada por Bruselas en este proceso, durante el que la Comisión ha permitido al Gobierno de España retocar hasta en siete ocasiones tantos los hitos y objetivos comprometidos como los criterios de medición para hacer más viable su cumplimiento, no ha impedido que España se haya dejado por el camino más de 1.100 millones de euros de los fondos que tenía asignados por la incapacidad para acreditar el cumplimiento de alguno de esos hitos y objetivos.Objeciones obsoletas o fuera de lugar, según HaciendaEl Tribunal de Cuentas subraya, asimismo, que las dificultades para conseguir la plena operatividad del sistema informático a través del cual las entidades gestoras debían informar de los avances bajo su gestión, el sistema Coffee, no ha ayudado a ejecutar ese control de la mejor manera posible y ha dificultado la supervisión adecuada al organismo encargado de la misma: la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, a la que recomienda en el informe que adopte las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de los sistemas de control. El órgano fiscalizador estima que esta situación es singularmente grave por cuanto el Ministerio de Hacienda creó una subdirección general específica dentro de la Secretaría General de Fondos Europeos para supervisar la ejecución de los fondos.Las conclusiones de la fiscalización del Tribunal han encolerizado al Ministerio de Hacienda que en sus alegaciones al informe, no atendidas por el órgano fiscalizador, plantea una enmienda de totalidad a los juicios del equipo del Tribunal de Cuentas. Acusa al tribunal de confundir las funciones de supervisión que tiene encomendadas con unas atribuciones en materia de gestión para las que no está habilitada, también considera que algunas de las consideraciones más críticas del informe se han quedado obsoletas porque se han publicado en 2026 pero responden a situaciones de 2023 que se han corregido con posterioridad, como todo lo referido a la falta de operatividad del sistema de control de ejecución de los fondos, el sistema Coffee.España aún está pendiente de que Bruselas valide los hitos y objetivos que debe cumplir para recibir otros 30.000 millones de fondos europeosA partir de estas y otras consideraciones, el departamento del Ministerio de Hacienda instó sin éxito al Tribunal de Cuentas a que «se eliminen del informe, tanto en la descripción de los resultados del trabajo como en las conclusiones o en cualquier otra parte de él, toda referencia a la deficiente supervisión por parte de la autoridad responsable, que no se ajusta a la realidad ni puede estar sustentada en evidencias recabadas por el Tribunal en esta auditoría».Las dudas sobre la adecuada ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación han sido uno de los principales lastres que ha arrastrado el Gobierno en los últimos años, y no solo se han dado en la arena nacional sino que han saltado al área comunitaria donde organismos como el Tribunal de Cuentas Europeo o la propia Comisión han mostrado sus reservas sobre el asunto. Y todo apunta a que se mantendrán hasta el final. España solicitó hace poco más de un mes el sexto desembolso de los fondos europeos por 6.467 millones de euros y aún le queda por solicitar antes del 31 de agosto un séptimo de desembolso por unos 24.000 millones -17.000 millones en transferencias y 7.000 millones en préstamos- si es capaz de cumplir los hitos y objetivos asociados al mismo. Un informe del Tribunal de Cuentas en el que se denuncia la «deficiente supervisión de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)» ha desencadenado un enfado monumental en el Ministerio de Hacienda , que ha solicitado de manera formal y de forma pública al órgano fiscalizador la retirada de esa valoración por entender que ni se ajusta a la realidad ni se puede sustentar en las evidencias recabadas por el tribunal, sin que este la haya atendido.La valoración del órgano fiscalizador respecto a los mecanismos de control sobre las inversiones de los fondos europeos, que viene a confirmar las sospechas al respecto, se incluye en un informe de fiscalización de reciente publicación sobre los programas de la denominada área de gasto 2 del PRTR, el que se refiere a ‘Actuaciones de protección y promoción social’, de los ejercicios de 2022 y 2023. Se encuadran aquí 24 programas de actuación, referidos a siete de los componentes del plan, que han implicado a siete ministerios y otros cinco grandes organismos del Estado, y que han tenido en conjunto una asignación presupuestaria de cerca de 9.500 millones de euros .Noticia relacionada No No El Gobierno negocia ‘in extremis’ con Bruselas otra revisión del plan de recuperación para no perder millones en ayudas a fondo perdido ABCTras examinar de forma exhaustiva la planificación, el desarrollo y la supervisión de la ejecución de estos programas, el análisis del Tribunal de Cuentas ha constatado «un deficiente cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora del PRTR en materia de seguimiento de la ejecución del Plan» y una «insuficiente implantación de medidas de control por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos cuando la ejecución corresponde a otras entidades territoriales», lo que a su juicio impedía conocer con certeza el estado concreto de ejecución de cada uno de estos programas y sobre todo el cumplimiento o incumplimiento de los hitos y objetivos asociados a los mismos.No es una laguna menor, como la realidad se ha encargado de demostrar. El Gobierno de España se las ha visto y se las ha deseado para acreditar ante la Comisión Europea el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, a cuyo éxito está asociada la recepción de los fondos asignados al país. La extraordinaria flexibilidad demostrada por Bruselas en este proceso, durante el que la Comisión ha permitido al Gobierno de España retocar hasta en siete ocasiones tantos los hitos y objetivos comprometidos como los criterios de medición para hacer más viable su cumplimiento, no ha impedido que España se haya dejado por el camino más de 1.100 millones de euros de los fondos que tenía asignados por la incapacidad para acreditar el cumplimiento de alguno de esos hitos y objetivos.Objeciones obsoletas o fuera de lugar, según HaciendaEl Tribunal de Cuentas subraya, asimismo, que las dificultades para conseguir la plena operatividad del sistema informático a través del cual las entidades gestoras debían informar de los avances bajo su gestión, el sistema Coffee, no ha ayudado a ejecutar ese control de la mejor manera posible y ha dificultado la supervisión adecuada al organismo encargado de la misma: la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, a la que recomienda en el informe que adopte las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de los sistemas de control. El órgano fiscalizador estima que esta situación es singularmente grave por cuanto el Ministerio de Hacienda creó una subdirección general específica dentro de la Secretaría General de Fondos Europeos para supervisar la ejecución de los fondos.Las conclusiones de la fiscalización del Tribunal han encolerizado al Ministerio de Hacienda que en sus alegaciones al informe, no atendidas por el órgano fiscalizador, plantea una enmienda de totalidad a los juicios del equipo del Tribunal de Cuentas. Acusa al tribunal de confundir las funciones de supervisión que tiene encomendadas con unas atribuciones en materia de gestión para las que no está habilitada, también considera que algunas de las consideraciones más críticas del informe se han quedado obsoletas porque se han publicado en 2026 pero responden a situaciones de 2023 que se han corregido con posterioridad, como todo lo referido a la falta de operatividad del sistema de control de ejecución de los fondos, el sistema Coffee.España aún está pendiente de que Bruselas valide los hitos y objetivos que debe cumplir para recibir otros 30.000 millones de fondos europeosA partir de estas y otras consideraciones, el departamento del Ministerio de Hacienda instó sin éxito al Tribunal de Cuentas a que «se eliminen del informe, tanto en la descripción de los resultados del trabajo como en las conclusiones o en cualquier otra parte de él, toda referencia a la deficiente supervisión por parte de la autoridad responsable, que no se ajusta a la realidad ni puede estar sustentada en evidencias recabadas por el Tribunal en esta auditoría».Las dudas sobre la adecuada ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación han sido uno de los principales lastres que ha arrastrado el Gobierno en los últimos años, y no solo se han dado en la arena nacional sino que han saltado al área comunitaria donde organismos como el Tribunal de Cuentas Europeo o la propia Comisión han mostrado sus reservas sobre el asunto. Y todo apunta a que se mantendrán hasta el final. España solicitó hace poco más de un mes el sexto desembolso de los fondos europeos por 6.467 millones de euros y aún le queda por solicitar antes del 31 de agosto un séptimo de desembolso por unos 24.000 millones -17.000 millones en transferencias y 7.000 millones en préstamos- si es capaz de cumplir los hitos y objetivos asociados al mismo.
Un informe del Tribunal de Cuentas en el que se denuncia la «deficiente supervisión de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)» ha desencadenado un enfado monumental en el Ministerio de Hacienda, que ha solicitado de manera formal y de forma … pública al órgano fiscalizador la retirada de esa valoración por entender que ni se ajusta a la realidad ni se puede sustentar en las evidencias recabadas por el tribunal, sin que este la haya atendido.
La valoración del órgano fiscalizador respecto a los mecanismos de control sobre las inversiones de los fondos europeos, que viene a confirmar las sospechas al respecto, se incluye en un informe de fiscalización de reciente publicación sobre los programas de la denominada área de gasto 2 del PRTR, el que se refiere a ‘Actuaciones de protección y promoción social’, de los ejercicios de 2022 y 2023. Se encuadran aquí 24 programas de actuación, referidos a siete de los componentes del plan, que han implicado a siete ministerios y otros cinco grandes organismos del Estado, y que han tenido en conjunto una asignación presupuestaria de cerca de 9.500 millones de euros.
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Tras examinar de forma exhaustiva la planificación, el desarrollo y la supervisión de la ejecución de estos programas, el análisis del Tribunal de Cuentas ha constatado «un deficiente cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora del PRTR en materia de seguimiento de la ejecución del Plan» y una «insuficiente implantación de medidas de control por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos cuando la ejecución corresponde a otras entidades territoriales», lo que a su juicio impedía conocer con certeza el estado concreto de ejecución de cada uno de estos programas y sobre todo el cumplimiento o incumplimiento de los hitos y objetivos asociados a los mismos.
No es una laguna menor, como la realidad se ha encargado de demostrar. El Gobierno de España se las ha visto y se las ha deseado para acreditar ante la Comisión Europea el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, a cuyo éxito está asociada la recepción de los fondos asignados al país.
La extraordinaria flexibilidad demostrada por Bruselas en este proceso, durante el que la Comisión ha permitido al Gobierno de España retocar hasta en siete ocasiones tantos los hitos y objetivos comprometidos como los criterios de medición para hacer más viable su cumplimiento, no ha impedido que España se haya dejado por el camino más de 1.100 millones de euros de los fondos que tenía asignados por la incapacidad para acreditar el cumplimiento de alguno de esos hitos y objetivos.
Objeciones obsoletas o fuera de lugar, según Hacienda
El Tribunal de Cuentas subraya, asimismo, que las dificultades para conseguir la plena operatividad del sistema informático a través del cual las entidades gestoras debían informar de los avances bajo su gestión, el sistema Coffee, no ha ayudado a ejecutar ese control de la mejor manera posible y ha dificultado la supervisión adecuada al organismo encargado de la misma: la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, a la que recomienda en el informe que adopte las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de los sistemas de control. El órgano fiscalizador estima que esta situación es singularmente grave por cuanto el Ministerio de Hacienda creó una subdirección general específica dentro de la Secretaría General de Fondos Europeos para supervisar la ejecución de los fondos.
Las conclusiones de la fiscalización del Tribunal han encolerizado al Ministerio de Hacienda que en sus alegaciones al informe, no atendidas por el órgano fiscalizador, plantea una enmienda de totalidad a los juicios del equipo del Tribunal de Cuentas. Acusa al tribunal de confundir las funciones de supervisión que tiene encomendadas con unas atribuciones en materia de gestión para las que no está habilitada, también considera que algunas de las consideraciones más críticas del informe se han quedado obsoletas porque se han publicado en 2026 pero responden a situaciones de 2023 que se han corregido con posterioridad, como todo lo referido a la falta de operatividad del sistema de control de ejecución de los fondos, el sistema Coffee.
España aún está pendiente de que Bruselas valide los hitos y objetivos que debe cumplir para recibir otros 30.000 millones de fondos europeos
A partir de estas y otras consideraciones, el departamento del Ministerio de Hacienda instó sin éxito al Tribunal de Cuentas a que «se eliminen del informe, tanto en la descripción de los resultados del trabajo como en las conclusiones o en cualquier otra parte de él, toda referencia a la deficiente supervisión por parte de la autoridad responsable, que no se ajusta a la realidad ni puede estar sustentada en evidencias recabadas por el Tribunal en esta auditoría».
Las dudas sobre la adecuada ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación han sido uno de los principales lastres que ha arrastrado el Gobierno en los últimos años, y no solo se han dado en la arena nacional sino que han saltado al área comunitaria donde organismos como el Tribunal de Cuentas Europeo o la propia Comisión han mostrado sus reservas sobre el asunto. Y todo apunta a que se mantendrán hasta el final. España solicitó hace poco más de un mes el sexto desembolso de los fondos europeos por 6.467 millones de euros y aún le queda por solicitar antes del 31 de agosto un séptimo de desembolso por unos 24.000 millones -17.000 millones en transferencias y 7.000 millones en préstamos- si es capaz de cumplir los hitos y objetivos asociados al mismo.
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