El procedimiento ideado por el Gobierno para recuperar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que o bien no se hayan aplicado en su totalidad o bien se hayan aplicado pero sin cumplir los objetivos para los que se transfirieron, aún en fase de borrador, ha desencadenado la protesta de la principal organización empresarial del país, CEOE, sorprendida por que las facilidades de pago que el texto reconoce a los organismos públicos no se reconozcan de igual manera a las empresas privadas .En concreto, el texto regula la posibilidad de solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento del pago cuando se entienda que la ejecución de los fondos transferidos no ha sido completa o eficaz, y, por tanto, proceda su reintegro a las arcas de la Administración del Estado; y siempre que suceda también que el solicitante pueda acreditar una situación transitoria de tensiones de tesorería, algo que podría ocurrir en los casos en los que proceda devolver una parte importante o el conjunto de los recursos percibidos. Sin embargo, regula esa prerrogativa de forma exclusiva para la «Administración Pública», dejando fuera por defecto a las empresas privadas que hayan recibido fondos del Mecanismo de Recuperación.Noticia relacionada general No No Los fondos europeos no logran impulsar la inversión privada Susana AlcelayCEOE entiende que esta forma de regular supone una discriminación hacia las empresas privadas , que pueden encarar los mismos problemas de tesorería que las entidades del sector público, y ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Hacienda para que corrija esta situación en la orden ministerial definitiva y abra también a las empresas privadas la posibilidad de aplazar o fraccionar los pagos siempre que acrediten que sus reservas de caja no les permiten afrontarlo de una tacada.CEOE entiende que no hay razón para que se regule un procedimiento distinto para el sector público que para las empresas privadasFuentes de la organización empresarial explican que no disponen de ninguna estimación ni del número de empresas ni de la cuantía que pueda verse afectada por este proceso de reintegro, pero que consideran que debe reconocer a las empresas privadas el mismo marco regulatorio que al sector público . Advierten que de lo contrario el riesgo de que el proceso ponga en peligro la situación financiera de alguna de las empresas que puedan verse afectadas sería, lógicamente, mucho más alto.No es la única cuestión que genera reservas entre las empresas. Las alegaciones presentadas por la CEOE, de las que no han recibido contestación alguna del Ministerio de Hacienda hasta la fecha, reclaman también un proceso más garantista , que asegure la proporcionalidad en las penalizaciones que es impongan y no castigue a las empresas por lagunas que se deben a una mala praxis de la Administración.Prevenir posibles injusticiasLa organización empresarial recuerda que entre la amplísima tipología de ayudas y proyectos financiados con los fondos europeos los hay que han sido adjudicados a uniones temporales de empresas (UTEs) e incluso en los que empresas y administraciones públicas han cooperado, pudiendo no alcanzar los objetivos que se pensaban. «Es posible que haya empresas que hayan ejecutado de forma diligente la parte que les tocaba y que arrastradas por el principio de responsabilidad solidaria se vean abocadas a devolver las ayudas recibidas en todo o en parte», advierten desde la organización empresarial.Consideran que son situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de reclamar el reintegro de esos fondos, una posibilidad que ya se advirtió desde el origen del Plan de Recuperación ya que se trata de recursos asociados de forma inexorable al cumplimiento de hitos y objetivos, como ya ha comprobado el Gobierno de España en sus propias carnes cuando la Comisión le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso por no haber cumplido los objetivos asociados al mismo.CEOE ha solicitado al Ministerio de Hacienda que establezca algún criterio de proporcionalidad a la hora de exigir los reembolsos y también que evite penalizar a las empresas cuando la no acreditación de un determinado gasto o del cumplimiento de un determinado objetivo no haya sido posible por una demora de las administraciones públicas.Un proceso con riesgosLa orden del Ministerio de Hacienda pretende regular el procedimiento para que los organismos que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre los que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), autonomías, ayuntamientos y también empresas privadas, reintegren a las arcas del Estado los fondos que no han utilizado en su totalidad, o no han alcanzado los objetivos para los que se les transfirieron. El proceso corre el riesgo de afectar a la culminación de proyectos viables. El propio Gobierno reconoce en la última adenda a su Plan de Recuperación que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.79.854 millones El Gobierno ha asignado a proyecto del Plan de Recuperación una cifra muy superior a los algo más de 55.000 millones que ha recibido de Europa hasta la fechaEl proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones. Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia. El procedimiento ideado por el Gobierno para recuperar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que o bien no se hayan aplicado en su totalidad o bien se hayan aplicado pero sin cumplir los objetivos para los que se transfirieron, aún en fase de borrador, ha desencadenado la protesta de la principal organización empresarial del país, CEOE, sorprendida por que las facilidades de pago que el texto reconoce a los organismos públicos no se reconozcan de igual manera a las empresas privadas .En concreto, el texto regula la posibilidad de solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento del pago cuando se entienda que la ejecución de los fondos transferidos no ha sido completa o eficaz, y, por tanto, proceda su reintegro a las arcas de la Administración del Estado; y siempre que suceda también que el solicitante pueda acreditar una situación transitoria de tensiones de tesorería, algo que podría ocurrir en los casos en los que proceda devolver una parte importante o el conjunto de los recursos percibidos. Sin embargo, regula esa prerrogativa de forma exclusiva para la «Administración Pública», dejando fuera por defecto a las empresas privadas que hayan recibido fondos del Mecanismo de Recuperación.Noticia relacionada general No No Los fondos europeos no logran impulsar la inversión privada Susana AlcelayCEOE entiende que esta forma de regular supone una discriminación hacia las empresas privadas , que pueden encarar los mismos problemas de tesorería que las entidades del sector público, y ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Hacienda para que corrija esta situación en la orden ministerial definitiva y abra también a las empresas privadas la posibilidad de aplazar o fraccionar los pagos siempre que acrediten que sus reservas de caja no les permiten afrontarlo de una tacada.CEOE entiende que no hay razón para que se regule un procedimiento distinto para el sector público que para las empresas privadasFuentes de la organización empresarial explican que no disponen de ninguna estimación ni del número de empresas ni de la cuantía que pueda verse afectada por este proceso de reintegro, pero que consideran que debe reconocer a las empresas privadas el mismo marco regulatorio que al sector público . Advierten que de lo contrario el riesgo de que el proceso ponga en peligro la situación financiera de alguna de las empresas que puedan verse afectadas sería, lógicamente, mucho más alto.No es la única cuestión que genera reservas entre las empresas. Las alegaciones presentadas por la CEOE, de las que no han recibido contestación alguna del Ministerio de Hacienda hasta la fecha, reclaman también un proceso más garantista , que asegure la proporcionalidad en las penalizaciones que es impongan y no castigue a las empresas por lagunas que se deben a una mala praxis de la Administración.Prevenir posibles injusticiasLa organización empresarial recuerda que entre la amplísima tipología de ayudas y proyectos financiados con los fondos europeos los hay que han sido adjudicados a uniones temporales de empresas (UTEs) e incluso en los que empresas y administraciones públicas han cooperado, pudiendo no alcanzar los objetivos que se pensaban. «Es posible que haya empresas que hayan ejecutado de forma diligente la parte que les tocaba y que arrastradas por el principio de responsabilidad solidaria se vean abocadas a devolver las ayudas recibidas en todo o en parte», advierten desde la organización empresarial.Consideran que son situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de reclamar el reintegro de esos fondos, una posibilidad que ya se advirtió desde el origen del Plan de Recuperación ya que se trata de recursos asociados de forma inexorable al cumplimiento de hitos y objetivos, como ya ha comprobado el Gobierno de España en sus propias carnes cuando la Comisión le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso por no haber cumplido los objetivos asociados al mismo.CEOE ha solicitado al Ministerio de Hacienda que establezca algún criterio de proporcionalidad a la hora de exigir los reembolsos y también que evite penalizar a las empresas cuando la no acreditación de un determinado gasto o del cumplimiento de un determinado objetivo no haya sido posible por una demora de las administraciones públicas.Un proceso con riesgosLa orden del Ministerio de Hacienda pretende regular el procedimiento para que los organismos que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre los que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), autonomías, ayuntamientos y también empresas privadas, reintegren a las arcas del Estado los fondos que no han utilizado en su totalidad, o no han alcanzado los objetivos para los que se les transfirieron. El proceso corre el riesgo de afectar a la culminación de proyectos viables. El propio Gobierno reconoce en la última adenda a su Plan de Recuperación que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.79.854 millones El Gobierno ha asignado a proyecto del Plan de Recuperación una cifra muy superior a los algo más de 55.000 millones que ha recibido de Europa hasta la fechaEl proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones. Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia.
El procedimiento ideado por el Gobierno para recuperar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que o bien no se hayan aplicado en su totalidad o bien se hayan aplicado pero sin cumplir los objetivos para los que se transfirieron, aún en … fase de borrador, ha desencadenado la protesta de la principal organización empresarial del país, CEOE, sorprendida por que las facilidades de pago que el texto reconoce a los organismos públicos no se reconozcan de igual manera a las empresas privadas.
En concreto, el texto regula la posibilidad de solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento del pago cuando se entienda que la ejecución de los fondos transferidos no ha sido completa o eficaz, y, por tanto, proceda su reintegro a las arcas de la Administración del Estado; y siempre que suceda también que el solicitante pueda acreditar una situación transitoria de tensiones de tesorería, algo que podría ocurrir en los casos en los que proceda devolver una parte importante o el conjunto de los recursos percibidos. Sin embargo, regula esa prerrogativa de forma exclusiva para la «Administración Pública», dejando fuera por defecto a las empresas privadas que hayan recibido fondos del Mecanismo de Recuperación.
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Susana Alcelay
CEOE entiende que esta forma de regular supone una discriminación hacia las empresas privadas, que pueden encarar los mismos problemas de tesorería que las entidades del sector público, y ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Hacienda para que corrija esta situación en la orden ministerial definitiva y abra también a las empresas privadas la posibilidad de aplazar o fraccionar los pagos siempre que acrediten que sus reservas de caja no les permiten afrontarlo de una tacada.
CEOE entiende que no hay razón para que se regule un procedimiento distinto para el sector público que para las empresas privadas
Fuentes de la organización empresarial explican que no disponen de ninguna estimación ni del número de empresas ni de la cuantía que pueda verse afectada por este proceso de reintegro, pero que consideran que debe reconocer a las empresas privadas el mismo marco regulatorio que al sector público. Advierten que de lo contrario el riesgo de que el proceso ponga en peligro la situación financiera de alguna de las empresas que puedan verse afectadas sería, lógicamente, mucho más alto.
No es la única cuestión que genera reservas entre las empresas. Las alegaciones presentadas por la CEOE, de las que no han recibido contestación alguna del Ministerio de Hacienda hasta la fecha, reclaman también un proceso más garantista, que asegure la proporcionalidad en las penalizaciones que es impongan y no castigue a las empresas por lagunas que se deben a una mala praxis de la Administración.
Prevenir posibles injusticias
La organización empresarial recuerda que entre la amplísima tipología de ayudas y proyectos financiados con los fondos europeos los hay que han sido adjudicados a uniones temporales de empresas (UTEs) e incluso en los que empresas y administraciones públicas han cooperado, pudiendo no alcanzar los objetivos que se pensaban. «Es posible que haya empresas que hayan ejecutado de forma diligente la parte que les tocaba y que arrastradas por el principio de responsabilidad solidaria se vean abocadas a devolver las ayudas recibidas en todo o en parte», advierten desde la organización empresarial.
Consideran que son situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de reclamar el reintegro de esos fondos, una posibilidad que ya se advirtió desde el origen del Plan de Recuperación ya que se trata de recursos asociados de forma inexorable al cumplimiento de hitos y objetivos, como ya ha comprobado el Gobierno de España en sus propias carnes cuando la Comisión le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso por no haber cumplido los objetivos asociados al mismo.
CEOE ha solicitado al Ministerio de Hacienda que establezca algún criterio de proporcionalidad a la hora de exigir los reembolsos y también que evite penalizar a las empresas cuando la no acreditación de un determinado gasto o del cumplimiento de un determinado objetivo no haya sido posible por una demora de las administraciones públicas.
Un proceso con riesgos
La orden del Ministerio de Hacienda pretende regular el procedimiento para que los organismos que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre los que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), autonomías, ayuntamientos y también empresas privadas, reintegren a las arcas del Estado los fondos que no han utilizado en su totalidad, o no han alcanzado los objetivos para los que se les transfirieron.
El proceso corre el riesgo de afectar a la culminación de proyectos viables. El propio Gobierno reconoce en la última adenda a su Plan de Recuperación que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.
79.854 millones
El Gobierno ha asignado a proyecto del Plan de Recuperación una cifra muy superior a los algo más de 55.000 millones que ha recibido de Europa hasta la fecha
El proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones. Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia.
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