«Quizá fuimos demasiado ambiciosos». Fuentes de alto nivel del área económica del Gobierno reconocen ya en privado que los hitos y objetivos acordados con Bruselas para recibir los 160.000 millones de financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia eran inalcanzables . El peso de la realidad se hizo tangible en toda su crudeza hace unas semanas cuando el Gobierno decidió renunciar a 60.000 millones de euros de créditos blandos ante la evidencia de que no sería capaz de cumplir con los compromisos asociados a su recepción, diluyendo la ambición de un buen puñado de proyectos de transformación digital y transición ecológica.No será el último tijeretazo que el Ejecutivo propinará a su Plan de Recuperación, el conjunto de medidas de reforma que se comprometió a aprobar para recuperar el pulso de la economía tras la pandemia. Una segunda criba de proyectos viene en camino. Hacienda ha activado el trámite para regular las condiciones en que entidades del sector público y del sector privado tendrán que reintegrar a las arcas del Estado los fondos recibidos que no se hayan utilizado, que hayan aplicado solo en parte, que hayan gastado pero sin llegar a alcanzar los objetivos que se plantearon o cuyo uso no hayan podido acreditar de manera suficiente.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno retrasa tres semanas la fecha límite para gastar fondos UE para adecentar los datos de ejecución Bruno Pérez A dos meses del cierre del ejercicio solo había conseguido aplicar uno de cada cuatro euros disponiblesLa recuperación de esos fondos es un imperativo europeo, ya que su recepción está asociada a la adopción de una serie de reformas y objetivos de inversión claramente definidos. España ya ha sufrido las exigencias del modelo y vio como Bruselas le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos por cuestiones como no resolver el problema de la temporalidad en la administración y no haber equiparado la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. La complicada recta final del Plan de RecuperaciónHacienda se dispone ahora a hacer lo propio con las entidades que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre las que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), autonomías, ayuntamientos y también empresas privadas, pero o no los han utilizado en su totalidad, o no han alcanzado los objetivos para los que se les transfirieron. El proyecto de orden ministerial, sin embargo, abre una vía para que el Estado pueda reintegrar esos créditos recuperados a las entidades gestoras, una potestad que deja en manos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero sin especificar qué criterios o qué razones permitirán ese reintegro.El asunto no es menor y puede afectar a la culminación de proyectos. El propio Gobierno reconoce en la última adenda a su Plan de Recuperación que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.El proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones . Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia. «Quizá fuimos demasiado ambiciosos». Fuentes de alto nivel del área económica del Gobierno reconocen ya en privado que los hitos y objetivos acordados con Bruselas para recibir los 160.000 millones de financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia eran inalcanzables . El peso de la realidad se hizo tangible en toda su crudeza hace unas semanas cuando el Gobierno decidió renunciar a 60.000 millones de euros de créditos blandos ante la evidencia de que no sería capaz de cumplir con los compromisos asociados a su recepción, diluyendo la ambición de un buen puñado de proyectos de transformación digital y transición ecológica.No será el último tijeretazo que el Ejecutivo propinará a su Plan de Recuperación, el conjunto de medidas de reforma que se comprometió a aprobar para recuperar el pulso de la economía tras la pandemia. Una segunda criba de proyectos viene en camino. Hacienda ha activado el trámite para regular las condiciones en que entidades del sector público y del sector privado tendrán que reintegrar a las arcas del Estado los fondos recibidos que no se hayan utilizado, que hayan aplicado solo en parte, que hayan gastado pero sin llegar a alcanzar los objetivos que se plantearon o cuyo uso no hayan podido acreditar de manera suficiente.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno retrasa tres semanas la fecha límite para gastar fondos UE para adecentar los datos de ejecución Bruno Pérez A dos meses del cierre del ejercicio solo había conseguido aplicar uno de cada cuatro euros disponiblesLa recuperación de esos fondos es un imperativo europeo, ya que su recepción está asociada a la adopción de una serie de reformas y objetivos de inversión claramente definidos. España ya ha sufrido las exigencias del modelo y vio como Bruselas le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos por cuestiones como no resolver el problema de la temporalidad en la administración y no haber equiparado la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. La complicada recta final del Plan de RecuperaciónHacienda se dispone ahora a hacer lo propio con las entidades que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre las que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), autonomías, ayuntamientos y también empresas privadas, pero o no los han utilizado en su totalidad, o no han alcanzado los objetivos para los que se les transfirieron. El proyecto de orden ministerial, sin embargo, abre una vía para que el Estado pueda reintegrar esos créditos recuperados a las entidades gestoras, una potestad que deja en manos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero sin especificar qué criterios o qué razones permitirán ese reintegro.El asunto no es menor y puede afectar a la culminación de proyectos. El propio Gobierno reconoce en la última adenda a su Plan de Recuperación que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.El proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones . Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia.
«Quizá fuimos demasiado ambiciosos». Fuentes de alto nivel del área económica del Gobierno reconocen ya sin ambages, aunque en privado, que el listado de hitos y objetivos que se acordó con Bruselas para recibir los 160.000 millones de financiación europea que le correspondieron … a España por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia era inalcanzable. El peso de la realidad empezó a percibirse casi desde el principio, obligando al Gobierno a renegociar hasta en cuatro ocasiones los objetivos acordados, pero no se hizo tangible en toda su crudeza hasta el pasado mes de diciembre cuando el Gobierno decidió renunciar a 60.000 millones de euros de créditos blandos ante la evidencia de que no sería capaz de cumplir los hitos y reformas asociados a su recepción, diluyendo buena parte de los objetivos de transición verde y transformación digital que el Gobierno se había marcado allá por 2021, cuando presentó el Plan de Recuperación.
Sin embargo no será el último tijeretazo que el propio Ejecutivo propinará a su propio Plan de Recuperación. Una segunda criba de proyectos viene en camino, según se desprende del proyecto de orden con la que el Ministerio de Hacienda pretende regular las condiciones en que se tendrán que reintegrar a las arcas del Estado los fondos recibidos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo que no se hayan utilizado, se hayan aplicado solo en parte, se hayan utilizado pero sin llegar a alcanzar los objetivos que se plantearon o su utilización no haya sido suficientemente acreditada con arreglo a lo que establece la normativa.
La recuperación de esos fondos es un imperativo europeo y así esta regulado en el real decreto ley del año 2020 que reguló la utilización de los fondos del Plan de Recuperación. En aras del garantismo y para esquivar las objeciones de los países del norte y el centro de Europa, autodenominados austeros, a emitir deuda con el sello de Europa para financiar (principalmente) a los países del sur, Bruselas decidió que la recepción de los fondos del Mecanismo de Recuperación estuviera asociada a la adopción de una serie de reformas y objetivos de inversión claramente estipulados -aunque luego hayan sido más laxos de lo inicialmente fijado-, de modo que la no adopción de las reformas o el incumplimiento total o parcial de esos objetivos recortara la financiación recibida de Europa.
España ya ha sufrido las exigencias del modelo y vio como Bruselas le retuvo 1.100 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos por cuestiones como no resolver el problema de la temporalidad en la administración y no haber equiparado la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. Hacienda se dispone ahora a hacer lo propio con las entidades que han gestionado fondos europeos en los últimos años, entre las que hay empresas y organismos autónomos del Estado (Adif, Idae, CDTI…), comunidades autónomas, ayuntamientos y también empresas privadas.
La complicada recta final del Plan de Recuperación
El objetivo básico es recuperar los fondos no utilizados o que no han cumplido los objetivos para los que se transfirieron, sea ese incumplimiento total o parcial. Pero el proyecto de orden ministerial, sometido ya a consulta pública, abre una vía para que el Estado pueda reintegrar de nuevo esos créditos recuperados a las entidades gestoras, una potestad que deja, eso sí, en manos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o en todo caso en la persona que esté al frente del Ministerio en el momento en que esa decisión deba adoptarse. La orden no especifica qué criterios o qué razones permitirán ese reintegro, únicamente determina que la decisión corresponderá al titular del Ministerio.
El asunto no es menor y puede afectar a la culminación misma de algunos proyectos. El propio Gobierno reconoce en la última adenda al Plan de Recuperación en la que renuncia a 60.000 millones de financiación barata de Europa que muchos objetivos no se han podido alcanzar por imposibilidad de rematarlos en los tiempos que impone Europa, que exige asignar los recursos antes del próximo 31 de agosto y culminar los proyectos antes del 31 de diciembre; por el encarecimiento de algunos bienes y servicios, que habrían obligado a reducir la ambición de los proyectos; o por la existencia de determinados obstáculos administrativos.
El proceso de reintegro al Estado amenaza con dejar sin financiación algunos proyectos viables que a día de hoy están en marcha. Lo que dicen los datos oficiales del Ministerio es que las administraciones públicas españolas han asignado ya 79.854 millones de euros a proyectos del Plan de Recuperación cuando España solo ha recibido 55.089 millones por las reformas e hitos comprometidos, si bien tiene pendientes dos desembolsos más por algo menos de 25.000 millones. Cualquier desviación que reduzca esos ingresos potenciales irá contra las arcas del Estado, en primera instancia, y contra las entidades, administraciones públicas o empresas privadas que no hayan completado sus proyectos en segundo instancia.
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