Desde el pasado 1 de febrero, el mercado mayorista de carburantes en España ha quedado reducido a tan solo ocho operadores «confiables». Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las energéticas elegidas por el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto, casi 50 operadoras —«muchas activas, solventes y con historial acreditado», afirman expertos del sector— quedan fuera. Según ha podido saber ABC, algunas de estas operadoras se han planteado reclamar porque cumplen con las características solicitadas si bien son conscientes de que una demanda contencioso administrativa lleva años y «colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.Tal y como avanzó este periódico, el mercado estaba a la espera de que el Ministerio liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero se pronunciara, antes de que acabara enero, sobre si concedía o no la categoría de Operador Confiable de Hidrocarburos a una decena de energéticas, una figura fiscal de nuevo cuño reservada a empresas con un elevado grado de control, trazabilidad y solvencia. Hasta esta misma semana, tan solo Repsol y Moeve habían recibido esta etiqueta de la Agencia Tributaria.Los expertos del sector consultados por este periódico advierten de que tan solo habiendo dejado fuera a Axoil (tradicional aliada de Repsol, y cuarta operadora del sector) y a Hatta Energy (quinta), en el caso de que colapsen ambas, « se deja en el aire más del 10% del mercado y miles de gasolineras independientes sin distribuidor. Una burrada y una arbitrariedad de Hacienda». Las mismas fuentes técnicas añaden que las consecuencias inmediatas son que «hay menos operadores con acceso a depósitos fiscales; más costes financieros trasladados a la cadena; riesgo real de subida de precios en surtidor; concentración del mercado; y daño reputacional a compañías expulsadas por una vía pensada para fraude, cuando el fraude ya ha sido desmantelado».Noticia Relacionada Señalan complejidad técnica estandar Si Aagesen divide al sector eléctrico con una norma «imposible de cumplir» para las pequeñas empresas Raúl Masa Piden al Gobierno que el reglamento de contratación y suministro energético entre de forma progresiva por su gran complejidad técnicaLa nueva exigencia fiscal que ha entrado en vigor a comienzos de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre operadores considerados «confiables» y aquellos que no cuentan con esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar el cobro del impuesto.En la práctica, el cambio central de la normativa es la obligación de adelantar el 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de carburantes para los operadores que no hayan sido reconocidos como confiables. Ese adelanto puede realizarse mediante la constitución de una garantía que cubra ese porcentaje, calculada en función de la actividad reciente, o mediante el ingreso previo del impuesto en cada suministro, un trámite que debe ser validado por la Administración antes de que la operación pueda ejecutarse.Las energéticas, que dicen cumplir con las condiciones exigidas, quieren reclamar pero pueden colapsar antes de la resoluciónLa figura del «operador confiable» se concibe como un filtro administrativo. Sólo pueden acceder a ella las empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritas en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos ejercicios y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin adelantos ni garantías extraordinarias.La normativa estableció un periodo transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que concluía el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores quedaban encuadrados en uno u otro régimen. Sin embargo, una vez vencido ese periodo, la ausencia de una resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido formalmente reconocidos como confiables pasan a estar sujetos al sistema de adelanto del impuesto.Más allá del objetivo antifraudeDesde el punto de vista del sector, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de carburantes funciona con márgenes ajustados y un elevado volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier adelanto fiscal en un factor crítico para la liquidez y la operativa. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reorganización del sector tras cambios regulatorios previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a las estaciones de servicio.Noticia Relacionada audiencia nacional estandar Si Las acusaciones del caso Hidrocarburos insisten al juez en que ponga el foco en Exolum Javier Lillo Recurren la decisión de Pedraz de rechazar la citación de cargos de la antigua CHLA este contexto se suma la implantación de nuevos procedimientos técnicos para el ingreso del IVA en el ámbito de los combustibles, que han requerido adaptaciones en los sistemas administrativos y bancarios. La combinación de mayores exigencias fiscales, plazos ajustados y cambios operativos ha generado un escenario de elevada presión para los operadores, especialmente para aquellos cuya situación administrativa no ha quedado definida dentro de los tiempos previstos.Desde Hatta Energy -situada en el cuarto puesto a nivel nacional y con un peso decisivo en Galicia-, aseguran que se enfrentan desde ya a un «bloqueo operativo» que «compromete la continuidad normal de su actividad». Desde el pasado 1 de febrero, el mercado mayorista de carburantes en España ha quedado reducido a tan solo ocho operadores «confiables». Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las energéticas elegidas por el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto, casi 50 operadoras —«muchas activas, solventes y con historial acreditado», afirman expertos del sector— quedan fuera. Según ha podido saber ABC, algunas de estas operadoras se han planteado reclamar porque cumplen con las características solicitadas si bien son conscientes de que una demanda contencioso administrativa lleva años y «colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.Tal y como avanzó este periódico, el mercado estaba a la espera de que el Ministerio liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero se pronunciara, antes de que acabara enero, sobre si concedía o no la categoría de Operador Confiable de Hidrocarburos a una decena de energéticas, una figura fiscal de nuevo cuño reservada a empresas con un elevado grado de control, trazabilidad y solvencia. Hasta esta misma semana, tan solo Repsol y Moeve habían recibido esta etiqueta de la Agencia Tributaria.Los expertos del sector consultados por este periódico advierten de que tan solo habiendo dejado fuera a Axoil (tradicional aliada de Repsol, y cuarta operadora del sector) y a Hatta Energy (quinta), en el caso de que colapsen ambas, « se deja en el aire más del 10% del mercado y miles de gasolineras independientes sin distribuidor. Una burrada y una arbitrariedad de Hacienda». Las mismas fuentes técnicas añaden que las consecuencias inmediatas son que «hay menos operadores con acceso a depósitos fiscales; más costes financieros trasladados a la cadena; riesgo real de subida de precios en surtidor; concentración del mercado; y daño reputacional a compañías expulsadas por una vía pensada para fraude, cuando el fraude ya ha sido desmantelado».Noticia Relacionada Señalan complejidad técnica estandar Si Aagesen divide al sector eléctrico con una norma «imposible de cumplir» para las pequeñas empresas Raúl Masa Piden al Gobierno que el reglamento de contratación y suministro energético entre de forma progresiva por su gran complejidad técnicaLa nueva exigencia fiscal que ha entrado en vigor a comienzos de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre operadores considerados «confiables» y aquellos que no cuentan con esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar el cobro del impuesto.En la práctica, el cambio central de la normativa es la obligación de adelantar el 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de carburantes para los operadores que no hayan sido reconocidos como confiables. Ese adelanto puede realizarse mediante la constitución de una garantía que cubra ese porcentaje, calculada en función de la actividad reciente, o mediante el ingreso previo del impuesto en cada suministro, un trámite que debe ser validado por la Administración antes de que la operación pueda ejecutarse.Las energéticas, que dicen cumplir con las condiciones exigidas, quieren reclamar pero pueden colapsar antes de la resoluciónLa figura del «operador confiable» se concibe como un filtro administrativo. Sólo pueden acceder a ella las empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritas en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos ejercicios y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin adelantos ni garantías extraordinarias.La normativa estableció un periodo transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que concluía el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores quedaban encuadrados en uno u otro régimen. Sin embargo, una vez vencido ese periodo, la ausencia de una resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido formalmente reconocidos como confiables pasan a estar sujetos al sistema de adelanto del impuesto.Más allá del objetivo antifraudeDesde el punto de vista del sector, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de carburantes funciona con márgenes ajustados y un elevado volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier adelanto fiscal en un factor crítico para la liquidez y la operativa. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reorganización del sector tras cambios regulatorios previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a las estaciones de servicio.Noticia Relacionada audiencia nacional estandar Si Las acusaciones del caso Hidrocarburos insisten al juez en que ponga el foco en Exolum Javier Lillo Recurren la decisión de Pedraz de rechazar la citación de cargos de la antigua CHLA este contexto se suma la implantación de nuevos procedimientos técnicos para el ingreso del IVA en el ámbito de los combustibles, que han requerido adaptaciones en los sistemas administrativos y bancarios. La combinación de mayores exigencias fiscales, plazos ajustados y cambios operativos ha generado un escenario de elevada presión para los operadores, especialmente para aquellos cuya situación administrativa no ha quedado definida dentro de los tiempos previstos.Desde Hatta Energy -situada en el cuarto puesto a nivel nacional y con un peso decisivo en Galicia-, aseguran que se enfrentan desde ya a un «bloqueo operativo» que «compromete la continuidad normal de su actividad».
Desde el pasado 1 de febrero, el mercado mayorista de carburantes en España ha quedado reducido a tan solo ocho operadores «confiables». Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las energéticas elegidas por el Ministerio de Hacienda, mientras que el … resto, casi 50 operadoras —«muchas activas, solventes y con historial acreditado», afirman expertos del sector— quedan fuera. Según ha podido saber ABC, algunas de estas operadoras se han planteado reclamar porque cumplen con las características solicitadas si bien son conscientes de que una demanda contencioso administrativa lleva años y «colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.
Tal y como avanzó este periódico, el mercado estaba a la espera de que el Ministerio liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero se pronunciara, antes de que acabara enero, sobre si concedía o no la categoría de Operador Confiable de Hidrocarburos a una decena de energéticas, una figura fiscal de nuevo cuño reservada a empresas con un elevado grado de control, trazabilidad y solvencia. Hasta esta misma semana, tan solo Repsol y Moeve habían recibido esta etiqueta de la Agencia Tributaria.
Los expertos del sector consultados por este periódico advierten de que tan solo habiendo dejado fuera a Axoil (tradicional aliada de Repsol, y cuarta operadora del sector) y a Hatta Energy (quinta), en el caso de que colapsen ambas, «se deja en el aire más del 10% del mercado y miles de gasolineras independientes sin distribuidor. Una burrada y una arbitrariedad de Hacienda».
Las mismas fuentes técnicas añaden que las consecuencias inmediatas son que «hay menos operadores con acceso a depósitos fiscales; más costes financieros trasladados a la cadena; riesgo real de subida de precios en surtidor; concentración del mercado; y daño reputacional a compañías expulsadas por una vía pensada para fraude, cuando el fraude ya ha sido desmantelado».
La nueva exigencia fiscal que ha entrado en vigor a comienzos de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre operadores considerados «confiables» y aquellos que no cuentan con esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar el cobro del impuesto.
En la práctica, el cambio central de la normativa es la obligación de adelantar el 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de carburantes para los operadores que no hayan sido reconocidos como confiables. Ese adelanto puede realizarse mediante la constitución de una garantía que cubra ese porcentaje, calculada en función de la actividad reciente, o mediante el ingreso previo del impuesto en cada suministro, un trámite que debe ser validado por la Administración antes de que la operación pueda ejecutarse.
Las energéticas, que dicen cumplir con las condiciones exigidas, quieren reclamar pero pueden colapsar antes de la resolución
La figura del «operador confiable» se concibe como un filtro administrativo. Sólo pueden acceder a ella las empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritas en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos ejercicios y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin adelantos ni garantías extraordinarias.
La normativa estableció un periodo transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que concluía el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores quedaban encuadrados en uno u otro régimen. Sin embargo, una vez vencido ese periodo, la ausencia de una resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido formalmente reconocidos como confiables pasan a estar sujetos al sistema de adelanto del impuesto.
Más allá del objetivo antifraude
Desde el punto de vista del sector, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de carburantes funciona con márgenes ajustados y un elevado volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier adelanto fiscal en un factor crítico para la liquidez y la operativa. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reorganización del sector tras cambios regulatorios previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a las estaciones de servicio.
A este contexto se suma la implantación de nuevos procedimientos técnicos para el ingreso del IVA en el ámbito de los combustibles, que han requerido adaptaciones en los sistemas administrativos y bancarios. La combinación de mayores exigencias fiscales, plazos ajustados y cambios operativos ha generado un escenario de elevada presión para los operadores, especialmente para aquellos cuya situación administrativa no ha quedado definida dentro de los tiempos previstos.
Desde Hatta Energy -situada en el cuarto puesto a nivel nacional y con un peso decisivo en Galicia-, aseguran que se enfrentan desde ya a un «bloqueo operativo» que «compromete la continuidad normal de su actividad».
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