Hacinadas en zulos, en algunos casos sin agua ni luz, en cuanto aterrizaban en España tras ser captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales y contactos personales. Jornadas de trabajo en el campo de casi 13 horas diarias, sin descanso y sin apenas remuneración, pues de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Sin contrato ni documentación, y bajo un clima de amenazas, coacciones e incluso agresiones para frenar cualquier intento de huida.
Los detalles de la operación ‘Balarama’, que ha logrado desarticular esta red de trata tras detener a sus siete responsables en Nules, revelan un sistema de semiesclavitud sostenido por deudas, coacciones y control constante
Hacinadas en zulos, en algunos casos sin agua ni luz, en cuanto aterrizaban en España tras ser captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales y contactos personales. Jornadas de trabajo en el campo de casi 13 horas diarias, sin descanso y sin apenas remuneración, pues de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Sin contrato ni documentación, y bajo un clima de amenazas, coacciones e incluso agresiones para frenar cualquier intento de huida.
Así vivían las 80 víctimas migrantes explotadas laboralmente en condiciones de semi esclavitud en Nules (Castellón), que la Guardia Civil liberó el pasado 24 de marzo tras una macrorredada policial que mantuvo en vilo durante horas a los vecinos de esta población de 14.000 habitantes, con varios helicópteros sobrevolando el municipio y medio centenar de agentes y furgones dispersos por sus calles.
Este sábado se han conocido los detalles de la operación, denominada Balarama ―cuya investigación estaba bajo secreto―, que logró desarticular esta organización criminal asentada en la provincia de Castellón con la detención de sus siete integrantes por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Dos de ellos han ingresado en prisión. Se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde la captación de las víctimas en países extranjeros con falsas ofertas de empleo que prometían buenas condiciones laborales y alojamiento, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola.
Las víctimas, 77 hombres y tres mujeres de entre 20 y 35 años, en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés y de países árabes. Eran captadas por los integrantes de la red en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales en las que se les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.
Una vez que aceptaban la oferta eran trasladadas a España ―en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal―, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.
Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias. Llegaban a trabajar hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Además, carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad. El control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida.
La organización operaba de forma jerarquizada. Algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.
La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní afincado en Nules. En la madrugada del 24 de marzo, la Guardia Civil echaba abajo la puerta del piso donde residían junto a sus cuatro hijos menores. Tenían en propiedad cuatro viviendas en la misma población, las que alquilaban a las víctimas, donde dormían hacinadas y que fueron registradas en el marco de este operativo. En una de las casas fueron liberadas de su interior hasta 25 personas.
También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y eludir las obligaciones con la Seguridad Social.
El grupo operaba principalmente en las comarcas castellonenses de la Plana Baixa y el Alto Palancia, además de en las del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord en Valencia. El asentamiento principal estaba en la localidad de Nules, donde las víctimas eran alojadas en las citadas cuatro viviendas del matrimonio detenido. En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de estas 80 víctimas.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la fiscal delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas “a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud”, inciden desde el cuerpo de seguridad.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.
