Las redes sociales han obligado a las fuerzas policiales a revisar con urgencia sus protocolos. Cuando todavía no se había disipado el pasado lunes el terror de las calles de Liverpool, después de que un Ford Galaxy oscuro arrollara a decenas de aficionados que celebraban la conquista del título de la Premier League, las teorías incendiarias ya circulaban en internet.
La necesidad de frenar especulaciones en las redes sociales lleva a publicar de inmediato la raza o etnia del detenido
Las redes sociales han obligado a las fuerzas policiales a revisar con urgencia sus protocolos. Cuando todavía no se había disipado el pasado lunes el terror de las calles de Liverpool, después de que un Ford Galaxy oscuro arrollara a decenas de aficionados que celebraban la conquista del título de la Premier League, las teorías incendiarias ya circulaban en internet.
“No se ha hecho pública ninguna información sobre el terrorista del atentado con coche de Liverpool. Podéis estar seguros de que es un musulmán”, proclamaba uno de los mensajes subidos a X. Otros iban aún más lejos, y daban el nombre completo de un supuesto islamista paquistaní.
La policía de Merseyside, responsable de la investigación del incidente, tomaba la inédita decisión de publicar, apenas dos horas después de arrestar al conductor, algunos de sus datos personales: “Blanco, británico, de 53 años”. A la vez, pedían a los ciudadanos que frenaran en seco cualquier especulación sobre la autoría.
“Estamos en la era del periodismo ciudadano. La gente tiene móviles con cámaras, y algunos contenidos suben a las redes sociales muy rápidamente. La gente se lanza de inmediato a sacar conclusiones o presunciones. El único modo de hacer frente a este mundo nuevo es publicando cuanto antes un mayor número de datos”, admitía esta semana Mark Rowley, el comisionado de la Policía de la Metrópolis, el nombre con el que se denomina al jefe máximo de New Scotland Yard. “Y, si la publicación de esos datos envalentona a algunos racistas, deberemos hacer frente a esos individuos. Pero creo que cada vez será más complicado ocultar la verdad si quieres evitar que circulen medias verdades”, añadía Rowley.
A finales del pasado julio, tres niñas (de nueve, siete y seis años) fueron brutalmente asesinadas a cuchilladas en Southport, durante una clase de baile. Otros ocho menores y dos adultos resultaron heridos. La policía decidió seguir el protocolo y ocultar la identidad del sospechoso, que entonces era menor.
Enseguida surgieron noticias falsas, que atribuían la matanza a un ciudadano sirio, Ali al Shakati. El nombre, completamente ficticio, apareció en Channel3 Now, una controvertida plataforma informativa con vínculos rusos. El bulo saltó de inmediato a Facebook, X y canales de extrema derecha en la red de mensajería instantánea Telegram. Otros mensajes sugerían que el presunto asesino era un refugiado asilado en el Reino Unido que había llegado al país en una pequeña embarcación.
El estallido de violencia, que se extendió como la pólvora por distintas ciudades inglesas, con intentos incluidos de incendiar alguno de los hostales que dan cobijo a los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, reveló de inmediato los problemas que provocaba la falta de transparencia policial. El juez Andrew Menary decidió permitir que se revelara la identidad del principal sospechoso: Axel Rudakubana, entonces un menor de 17 años, nacido en Gales e hijo de unos padres ruandeses de religión cristiana que huyeron del genocidio perpetrado en aquel país a mediados de la década de los noventa. Se trataba de un adolescente con serios problemas de salud mental, un historial académico conflictivo, y obsesión por la violencia, que le llevó a adquirir por su cuenta un manual de lucha de Al Qaeda.
“La policía ha aprendido las lecciones de Southport. Lo que han hecho en esta ocasión es llenar cuanto antes los vacíos creados al hacer pública de inmediato cierta información. Pero si se hubiera tratado de un ataque terrorista, no estoy seguro de que con esta estrategia hubieran logrado rebajar la tensión”, ha dicho Nick Lowles, al frente de la organización humanitaria Hope not Hate.
Este viernes compareció ante un tribunal de Liverpool Paul Doyle, el hombre acusado de provocar casi 80 heridos, entre ellos varios niños, durante su alocada y acelerada carrera por Water Street, donde cientos de miles personas celebraban el título del Liverpool FC. Exsoldado de los Infantes de la Marina Real, casado, padre de tres niños, dueño de un pequeño negocio. Y, sobre todo, blanco y británico. Cabizbajo, apesadumbrado, con traje y corbata, escuchaba los siete delitos de los que se le acusa.
Era el mismo hombre al que la multitud hubiera querido linchar el lunes, cuando rompió los cristales de su vehículo e intentó sacarle a la calle. Un grupo de policías tuvo que protegerle de la rabia ciudadana. A falta de la verdad judicial, algunos medios como el Daily Mail ya han contado que Doyle fue víctima de un ataque de pánico, al acabar en medio de la concentración, sin poder avanzar, después de haber acercado a un amigo hasta un lugar de la ciudad.
Por eso, algunos expertos sugieren que este incidente no sirve para diseñar desde cero un nuevo protocolo de información para la policía, que deberá seguir practicando una estrategia de ensayo y error para cada caso concreto.
“Porque no hace falta ser un genio para predecir lo que ocurrirá a continuación: la extrema derecha retorcerá ahora lo sucedido y justificará la transparencia aplicada en el hecho de que se trataba de un hombre blanco”, razona Dal Babu, ex jefe superior de la Policía Metropolitana, en el diario The Guardian. “¿Por qué no decís la raza del siguiente detenido?’, reclamarán luego”, advierte Dal Babu, que aconseja “que no se vea este caso como un precedente, porque cada uno será diferente. La gente se creerá a partir de ahora con derecho a saber la etnia o la raza de cada detenido, y a veces lo más apropiado será ocultarlo”.
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