El juzgado de Blanes ha imputado al concejal del PSC de Lloret de Mar Joan Escalona, responsable de Movilidad y Mantenimiento del gobierno municipal, por irregularidades en la gestión financiera de la Asociación de Familias (AFA) de la escuela Pompeu Fabra de Lloret. Según ha avanzado la Cadena SER, el juzgado investiga si Escalona se benefició indebidamente de becas para esquivar las cuotas de sus hijos y si permitió el desvío de fondos de la entidad sin ánimo de lucro. La causa está abierta por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento público.
El juzgado de Blanes investiga a tres personas por estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en el AFA del centro educativo
El juzgado de Blanes ha imputado al concejal del PSC de Lloret de Mar Joan Escalona, responsable de Movilidad y Mantenimiento del gobierno municipal, por irregularidades en la gestión financiera de la Asociación de Familias (AFA) de la escuela Pompeu Fabra de Lloret. Según ha avanzado la Cadena SER, el juzgado investiga si Escalona se benefició indebidamente de becas para esquivar las cuotas de sus hijos y si permitió el desvío de fondos de la entidad sin ánimo de lucro. La causa está abierta por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento público.
Los hechos se remontan a 2022, antes de que Escalona entrara como concejal en el Ayuntamiento. En ese momento, era secretario de la AFA de la escuela. Le acompañaban en la junta las otras dos investigadas, la expresidenta y la extesorera de la entidad, acusadas de pasar gastos personales a cuenta de la escuela. Tras el relevo al frente de la AFA, la nueva junta descubrió un caos contable y lo puso en manos de la justicia. En la querella, admitida a trámite hace una semana, la nueva responsable de la AFA apunta al posible desfalco de 100.000 euros con la expresidenta como principal beneficiada y con el aval de Escalona.
La titular del juzgado de instrucción 5 de Blanes ha citado a declarar a los investigados el próximo 8 de octubre. Tres días antes, las partes podrán interrogar a varios testigos de la escuela con el objetivo de aclarar las posibles irregularidades, que afectan especialmente, al servicio de comedor de la escuela entre los años 2022 y 2023. Fuentes del caso aseguran que Escalona habría usado su posición de secretario para asignar indebidamente becas comedor a sus hijos y ahorrarse así 2.000 euros, una cantidad que, según las mismas fuentes, el concejal ya ha devuelto. Contactado por la Cadena SER, el concejal ha declinado hacer declaraciones.
La investigación tomó forma hace meses a raíz de actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña, que requirió información al Consejo Comarcal de la Selva para aclarar presuntas irregularidades en la gestión de este servicio de comedor. El organismo también solicitó datos sobre ayudas individuales y subvenciones vinculadas al comedor escolar, con el objetivo de determinar si entre los beneficiarios había hijos de miembros de la junta de la AFA de aquel momento.
El alcalde apela a la presunción de inocencia
El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas (PSC), ha asegurado a la SER que confía en la presunción de inocencia y que, por el momento, no tiene ningún indicio que apunte que el concejal haya cometido ninguno de los delitos investigados. En este sentido, ha afirmado que “si se tienen que tomar decisiones, se tomarán, pero una vez haya hechos de más relevancia que los actuales”, alegando que el proceso se encuentra ahora en una fase muy inicial.
La oposición del Ayuntamiento de Lloret, por su parte, se alinea en una misma idea. Tanto el jefe de la oposición y portavoz de Juntos, Jordi Martinez, el portavoz de Todos por Lloret, Albert Robert y el de ERC, Albert Ferràndez consideran que el alcalde Adrià Lamelas tendría que sacar las atribuciones de concejal Escalona hasta que se esclarezcan los hechos.
La auditoría detecta irregularidades contables
A raíz de la investigación de Antifraude, se encargó una auditoría de las cuentas de la AFA que ha puesto de manifiesto “un registro incorrecto de la contabilidad”, así como “desajustes significativos” en las fechas de anotación de las operaciones, “hecho que dificulta el control financiero de los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos”.
La auditoría también ha identificado irregularidades en la justificación de gastos. Después de revisar una muestra de facturas de los años 2022 y 2023, se detectaron trece compras de electrodomésticos y dispositivos electrónicos que se habían registrado como material de consumo alimentario. En concreto, se localizaron 13 facturas, entras las cuales, compras de dos teléfonos móviles, un micrófono, una plancha o una vaporeta.
En cuanto a los ejercicios bajo sospecha, el informe señala una variación muy elevada —de unos 90.000 euros— entre los resultados de un año y el otro, una diferencia que considera “no coherente con las actividades desarrolladas por la entidad”. Además, se detectan posibles errores en el registro de operaciones que afectan partidas clave. Por ejemplo, el gasto de personal, sin cambios estructurales aparentes, pasa de representar el 90% del total de gastos en un ejercicio al 55% en el siguiente.
Por este motivo, la auditoría recomienda revisar las partidas más relevantes que podrían presentar saldos insuficientemente justificados. También insta a reforzar los sistemas de control interno y la documentación de las operaciones, recordando que, “a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, el AFA gestiona un volumen considerable de recursos”. En particular, casi medio millón de euros anuales.
